Crecimiento económico y Estado de Derecho en RD: el salto necesario

En las últimas semanas, dos noticias sobre República Dominicana permiten comprender la importante transformación política y económica del país, así como sus retos más inmediatos.

La primera noticia provino del Fondo Monetario Internacional. En su reporte de octubre de 2025 sobre perspectivas económicas, el Fondo proyectó que para 2026 República Dominicana sería el segundo país con mayor crecimiento económico en América Latina y el Caribe, después de Guyana. Debido a que el crecimiento económico de Guyana responde a una situación excepcional —la transición de ese país a una economía petrolera—, la República Dominicana destaca como el país líder en crecimiento económico en la región. Según las estimaciones del Fondo, el país crecerá 4,5 % en 2026 y 5 % en 2030. En contraste, el promedio de crecimiento de la región en 2026 es de 2,3%.

Es decir, que para 2026, República Dominicana tendrá un crecimiento cercano al doble del promedio regional.

Poco después, el World Justice Project publicó el índice de Estados de Derecho de 2025. De acuerdo con este índice, República Dominicana ha incrementado de manera consistente la calidad de su Estado de Derecho desde el 2021. En un contexto marcado por retrocesos en la calidad del Estado de Derecho, República Dominicana lideró los países con las mayores mejoras en el índice, con un incremento agregado del 2,1%.   Esto significa que en América Latina y el Caribe, República Dominicana es el país con el mayor avance en el índice de Estado de Derecho.

Estas dos conclusiones permiten explicar, a través de la República Dominicana, una de las conclusiones en las que más insisten economistas como Daron Acemoglu y James A. Robinson: la correlación entre el Estado de Derecho y el crecimiento económico.

En efecto, si comparamos el producto interno bruto (PIB) per cápita de los países con su ubicación en el índice de Estado de Derecho, podremos observar que los países con mayor índice tienden a presentar los mayores PIB per cápita. En esta comparación, suelen resaltar dos extremos. Venezuela, con el peor índice de Estado de Derecho, tiene uno de los PIB per cápita más bajos. Dinamarca, en contraste, que lidera el índice de Estado de Derecho, tiene uno de los mayores PIB per cápita.

Este hallazgo empírico respalda la idea de que el crecimiento económico necesita un sólido Estado de Derecho. En concreto, este crecimiento requiere (i) el reconocimiento de derechos económicos como la libertad de empresa y la propiedad privada, con un elevado grado de certeza y estabilidad; (ii) la implementación de mecanismos de solución de controversias y de cumplimiento de contratos, lo que va de la mano con la calidad del sistema de justicia; (iii) administraciones públicas con capacidad suficiente para aportar las instituciones que el sector privado requiere para crecer y (iv) mecanismos de control sobre el gobierno que, además, fortalezcan la participación ciudadana en el marco de la democracia constitucional.

El crecimiento económico de República Dominicana y las proyecciones para el 2026, precisamente, son resultado de los esfuerzos consistentes por mejorar estas cuatro instituciones del Estado de Derecho, como parte del proceso de modernización del país impulsado por la Constitución de 2010.

Pero al mismo tiempo, este resultado  evidencia el reto del país. Para continuar con la senda de crecimiento, República Dominicana debe avanzar e incluso acelerar el fortalecimiento del Estado de Derecho. De lo contrario, la economía dominicana podría enfrentarse a restricciones institucionales que le impidan seguir creciendo.

Así, la relación entre el crecimiento y el Estado de Derecho es de coevolución. Esto es, que el Estado de Derecho continuará fortaleciéndose mientras la economía siga la senda de crecimiento, al tiempo que la mejora del índice de Estado de Derecho generará condiciones favorables para el crecimiento.

En esta relación de coevolución, es importante considerar que la economía crece a un ritmo más rápido que la expansión de las capacidades institucionales en el Estado de Derecho. Esto implica que, para continuar la senda de crecimiento, República Dominicana necesita acelerar su capacidad institucional.

En concreto, y de acuerdo con el índice de Estado de Derecho de 2025, los cuatro indicadores en los que República Dominicana tiene el índice más bajo son: (i) ausencia de corrupción (puntuación: 0,42); (ii) cumplimiento regulatorio (puntuación: 0,44); (iii) justicia criminal (puntuación: 0,39) y (iv) justicia civil (puntuación: 0,45). Debe aclararse que el país ha mejorado consistentemente en estos índices, pero todavía ellos representan las áreas en las que, en comparación con el promedio, el país necesita seguir avanzando.

Estos cuatro indicadores sugieren que las dos grandes áreas en las que las políticas de construcción de capacidades institucionales deberían afianzarse son, por un lado, el sistema de justicia y, por el otro, el Derecho administrativo.

De esas dos áreas, el Derecho administrativo es el que tiene mayor impacto inmediato en el crecimiento económico, en términos de la atracción de inversión privada y del fortalecimiento de la cohesión social.

Así, la reforma del Derecho administrativo de la República Dominicana, de acuerdo con el índice comentado, debería orientarse a dos objetivos. El primero consiste en elevar la eficacia de las políticas públicas, en especial, mediante la creación de capacidades en la Administración pública, tanto para la regulación de la economía como para la gestión de los servicios públicos. Además, el segundo objetivo de la reforma administrativa es fortalecer la eficiencia de los controles sobre el gasto público, en especial, a partir del paradigma del gasto inteligente. Así, el gasto público inteligente es aquel que, mediante sistemas administrativos eficaces, aporta el mayor valor público con la menor erogación de recursos.

Para avanzar en estos dos objetivos, el Derecho administrativo en República Dominicana debería acelerar la construcción de capacidades institucionales para dar el salto necesario en el índice de Estado de Derecho y, con ello, apoyar el crecimiento. Entre otras reformas del Derecho administrativo necesarias para lograr estos objetivos, destacamos las políticas de mejora regulatoria, las políticas de contratación pública al amparo de la reciente Ley 47-25, la renovación del procedimiento administrativo en el contexto de la cuarta revolución industrial al amparo de la Ley 107-13 y la promulgación de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el marco de un sistema más amplio de solución de disputas Estado-inversores. El hilo conductor de todas estas reformas debería ser la construcción de un Derecho administrativo para la innovación, basado en la complementariedad entre el sector público y el privado.

Todas estas reformas administrativas, además, son necesarias para afianzar la efectividad de las políticas que, a partir del crecimiento económico, impulsen el desarrollo inclusivo y abatan la desigualdad económica y social. Esto va de la mano del proyecto que actualmente adelanta el Ministerio de Administración Pública junto con el Banco Mundial, para “lograr una administración pública eficiente y cercana”.

La proyección del Fondo Monetario Internacional es tan solo eso: una estimación de cuánto podría crecer la economía dominicana, siempre y cuando República Dominicana continúe avanzando en la construcción de capacidades institucionales. De allí la importancia de acelerar esas capacidades, especialmente a través de la reforma del Derecho administrativo. El país cuenta con todas las condiciones necesarias para dar este salto institucional y, con ello, posicionarse como una de las economías líderes de la región.