Contar bien para proteger mejor

El caso de Mayra Martínez Romero, asesinada junto a su madre Doris el 12 de octubre de 2025 en Santo Domingo, evidencia un problema que trasciende la tragedia individual. Su esposo, Nelson Félix Miranda, ya había quitado la vida a su pareja anterior, Ana Argelia Abreu. No existe registro claro de detención, proceso o de condena por ese crimen. El sistema falló dos veces, y la muerte de Mayra expone una realidad innegable: cuando el Estado no identifica, registra ni da seguimiento adecuado a la violencia feminicida, tampoco puede prevenirla.

Este caso es el síntoma de un problema más profundo: República Dominicana no sabe cuántas mujeres mueren por razones de género en su territorio. Y lo que no se cuenta, no se puede prevenir. Las cifras difieren según la institución que las reporte, los criterios varían entre dependencias y los registros se actualizan con una demora que puede extenderse por meses —e incluso años—. En estas condiciones, ninguna política pública puede considerarse efectiva, porque el Estado no está operando sobre un diagnóstico único, preciso ni oportuno.

Durante el 2025, las propias vocerías oficiales del Estado presentaron cifras inconsistentes para un mismo fenómeno. En agosto, el Ministerio de Interior y Policía reportó 48 feminicidios. En su actualización del 24 de noviembre, la cifra ascendió solo a 49, a pesar de que la violencia feminicida es un fenómeno dinámico y diario. Para la misma fecha, el Ministerio de la Mujer informó 53 feminicidios.

En un país con instituciones sólidas, este nivel de fragmentación sería inaceptable. Porque detrás de cada cifra hay una vida, y detrás de cada discrepancia hay una falla en la capacidad del Estado para registrar, comprender y responder adecuadamente a la violencia feminicida.

La falta de coherencia estadística constituye un obstáculo directo para la planificación, la evaluación y la prevención. A esta inconsistencia interna se suma una brecha aún mayor entre las cifras nacionales y las internacionales. En su Boletín Nº4 de Violencia Feminicida publicado en noviembre de este año, la CEPAL reporta para la República Dominicana en 2024 un total de 89 feminicidios y 130 homicidios de mujeres, para un total de 219 muertes violentas de mujeres. En contraste, la Procuraduría General de la República registra 74 feminicidios y 60 homicidios, para un total de 134.

Una diferencia de 85 mujeres fallecidas que son más que números. Son vidas que un organismo internacional reconoce y que no aparecen clasificadas de la misma forma en los registros nacionales.

Por eso la pregunta no es quién tiene los datos correctos, sino qué tan completo es nuestro sistema para captar la magnitud real del problema. Y la evidencia apunta a que en la República Dominicana se subregistra la violencia feminicida.

A su vez, la CEPAL ubica al país en el tercer lugar de América Latina en tasa de feminicidios (1,5 por cada 100,000 mujeres), solo por debajo de Honduras y Guatemala. Pero incluso esa cifra podría estar por debajo de la realidad si el país no clasifica adecuadamente todas las muertes violentas de mujeres.

Y la desactualización de las informaciones oficiales agrava el panorama.

• La PGR solo presenta en su página datos de feminicidios y homicidios hastamarzo de 2025. Ocho meses sin información oficial consolidada.
• El Centro de Análisis de Datos de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía no publica cifras desde2023.
• Y los informes especializados con enfoque de género tienen su última versión pública en2019. Seis años sin actualización.

Los vacíos de información se convierten en vacíos de acción. Un Estado que no actualiza sus estadísticas no puede anticipar riesgo, asignar recursos, ni medir impacto. Solo puede reaccionar de manera tardía.

En agosto de 2025, los países de la región firmaron el Compromiso de Tlatelolco, iniciando la Década de Acción 2025–2035 para la Igualdad Sustantiva. Uno de sus mandatos es fortalecer los sistemas de información sobre violencia contra las mujeres. Según la CEPAL, solo 10 países de América Latina cuentan con normas específicas para la producción de datos sobre violencia de género y feminicidio, y República Dominicana no figura entre ellos.

Todo esto no solo describe una brecha técnica: evidencia una deuda del Estado con la vida de las mujeres. Y exige actuar. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reitero la necesidad de avanzar hacia la creación de un Sistema Nacional Unificado de Información sobre Feminicidios, sustentado en seis pilares:

1. Adopción del marco estadístico ONU Mujeres–UNODC, que incorpora todas las formas de violencia feminicida.
2. Plataforma interoperable en tiempo real, vinculando a INACIF, PGR, Policía Nacional, 911 y Ministerio de la Mujer.
3. Protocolo de clasificación unificado, con plazos estrictos de actualización.
4. Cálculo de tasas por cada 100,000 mujeres, siguiendo estándares regionales.
5. Datos abiertos trimestrales, con microdatos anonimizados para investigación.
6. Sistema de georreferenciación y análisis predictivo, apoyado en inteligencia artificial.

Esto no requiere grandes inversiones. Requiere prioridad política.
Requiere voluntad de hablar con una sola voz. Requiere reconocer que mientras el Estado debate cifras, las mujeres siguen muriendo.

Sin datos unificados, no hay diagnóstico.
Sin diagnóstico, no hay política pública.
Y sin política pública, no hay protección.

Las mujeres dominicanas no pueden seguir esperando a que las instituciones se pongan de acuerdo sobre cuántas han sido asesinadas.
La prevención comienza con algo básico: saber, con precisión, cuántas son.

Los feminicidios pueden prevenirse.
Hagámoslo posible.
Hagámoslo ahora.