Confiscación, congelación de activos e incautación de bienes por parte del Estado

En 2022, la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia desencadenó la mayor congelación de activos de la historia. Los 210.000 millones de euros en activos del banco central ruso inmovilizados en jurisdicciones de la Unión Europea (UE) siguen sumidos en disputas políticas y jurídicas sobre si deben ser confiscados en su totalidad.

Un nuevo libro de Nicholas Mulder, profesor de historia en la Universidad de Cornell, sostiene que la incautación de bienes —lejos de ser solo una medida de emergencia— fue un factor determinante en la formación del Estado moderno. The Age of Confiscation (La era de la confiscación) amplía el alcance de la obra anterior de Mulder, The Economic Weapon (El arma económica), de 2022, en la que se documentaban los orígenes de las sanciones como una herramienta de guerra.

Este nuevo libro reexamina algunos de esos acontecimientos, pero cuenta una historia mucho más amplia e impresionante, que abarca siglos y continentes, de cómo la expropiación fue de la mano de la creación de los derechos de propiedad modernos.

Algunos de estos episodios resultarán familiares. Entre ellos figuran la disolución de los monasterios católicos por parte de Enrique VIII y la nacionalización de la Compañía del Canal de Suez, llevada a cabo en 1956 por el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. También figura la Revolución bolchevique, que se destacó por el ritmo y la enorme envergadura de su programa destinado a trastocar los derechos de propiedad: «Después de apenas dos meses en el poder, los revolucionarios habían provocado el mayor impago de deuda de la historia, la primera toma de control estatal de todo un sistema bancario capitalista y la abolición de la propiedad privada en una sexta parte de la superficie terrestre del planeta».

Menos conocida es la supresión de los jesuitas por parte de las monarquías católicas europeas en la década de 1760. La orden jesuita había acumulado una enorme riqueza, gran poder político y la propiedad de plantaciones, fincas y otros bienes en toda Europa y sus imperios. Comenzando en Portugal, los gobiernos expulsaron a los jesuitas y confiscaron sus activos. Según sostiene Mulder, esta campaña sentó un precedente para las confiscaciones modernas: un grupo que representaba una amenaza política podía ser despojado de sus bienes mediante el uso sistemático del poder estatal, mientras que dichas propiedades se vendían o se destinaban a otros fines para fortalecer al propio Estado. Aun cuando el objetivo inmediato era de carácter político, las consecuencias económicas resultaban duraderas.

En Europa y en otros lugares, la incautación se convirtió en un instrumento al servicio de la modernización económica. La supresión de los jesuitas, por ejemplo, contribuyó a desmantelar formas de tenencia de la tierra que mantenían la propiedad al margen del mercado. En Gran Bretaña, el proceso de cercamiento transformó las tierras comunales en propiedad privada, otorgando a los propietarios individuales un control exclusivo sobre su uso y acceso, al tiempo que empujaba a los trabajadores hacia las ciudades en proceso de industrialización. Asimismo, en la Francia revolucionaria, aquellas regiones donde se confiscaron mayores extensiones de tierras eclesiásticas registraron, en las décadas posteriores, una producción agrícola significativamente más elevada. En otras palabras, los derechos de propiedad modernos surgieron, en ocasiones, mediante la violación de los derechos de propiedad que los habían precedido.

The Age of Confiscation cuestiona, por tanto, la idea de que los derechos de propiedad seguros son una condición previa para el crecimiento. El argumento de Mulder no es que tales derechos carezcan de importancia, sino que los derechos de propiedad excesivamente rígidos pueden convertirse, por sí mismos, en un obstáculo para la modernización. Los Estados que alcanzaron el éxito desarrollaron tanto la capacidad de proteger la propiedad como la de reorganizarla.

La tensión es evidente incluso en EE. UU., a pesar de sus sólidas protecciones constitucionales de la propiedad privada. La Quinta Enmienda protege a los propietarios frente a expropiaciones sin compensación, pero también reconoce explícitamente la facultad del Estado para llevar a cabo expropiaciones forzosas. Según señala Mulder, desde 1875 el Tribunal Supremo de EE. UU. no ha limitado de forma sustancial la capacidad del Gobierno federal para apropiarse de bienes privados.

En lugar de prohibir por completo la confiscación, los regímenes jurídicos a ambos lados del Atlántico se desarrollaron en torno a la norma de la compensación. Esto otorgó legitimidad a las incautaciones y propició que las confiscaciones fueran más frecuentes y menos disruptivas desde el punto de vista político, ya que el Estado podía indemnizar a los propietarios. El desarrollo de las finanzas públicas —y, en particular, de la deuda— proporcionó un mecanismo para llevar esto a cabo y distribuir el costo. La abolición de la esclavitud constituyó, en la práctica, un intercambio de activos: «Los derechos de propiedad sobre seres humanos se transformaron en derechos de crédito frente al Gobierno británico. Una vez convertido en deuda pública, este capital de compensación pasó a ser un activo financiero». Como sostiene Mulder, «el Estado fiscal-militar facilitó, por tanto, la labor del Estado confiscador».

La compensación aumentó la sensibilidad de la confiscación ante las condiciones financieras de cada momento. Mulder señala que, durante el siglo XX, los períodos de alta inflación coincidieron con un aumento de las expropiaciones. La inflación podía erosionar el valor real de la compensación pagada con el paso del tiempo, lo que abarataba la adquisición de activos por parte de los Estados.

Por su parte, los propietarios de bienes se volvieron cada vez más hábiles a la hora de proteger su patrimonio. En la segunda mitad del siglo XX, el capital adquirió una mayor movilidad, y sus dueños recurrieron a las finanzas extraterritoriales —u offshore— y a estructuras jurídicas cada vez más complejas para blindar sus activos frente a posibles embargos.

La confiscación tampoco ha sido patrimonio exclusivo de la izquierda política. Aunque la nacionalización fue una política predilecta de muchos nacionalistas anticoloniales —en su apogeo, en 1975, se incautaba una empresa extranjera cada cuatro días, en promedio, en todo el mundo—, Mulder demuestra que ningún proyecto político ha tenido el monopolio del uso de la confiscación. Las mismas medidas podían servir a fines políticos notablemente distintos. En el Japón ocupado por EE. UU., las reformas agrarias del general Douglas MacArthur «impulsaron una de las transformaciones más profundas de la estructura de clases jamás vistas en una sociedad capitalista», lo que más tarde inspiró el comentario del Che Guevara de que «cierto general del Ejército de EE. UU. ha sido más comunista que nosotros».

La década de 1990 —con el colapso de la Unión Soviética, la adopción global de la privatización y el triunfo de la globalización de libre mercado— pudo haber generado la falsa sensación de que la era de la confiscación estaba llegando a su fin. La crisis financiera mundial, la pandemia de COVID-19 y el retorno de la política industrial han ampliado el papel del Estado en relación con la propiedad privada, mientras que la rivalidad geopolítica ha reactivado la incautación de activos extranjeros.

Al igual que ocurrió anteriormente con The Economic Weapon, la obra The Age of Confiscation llega en el momento oportuno para arrojar luz sobre diversos debates contemporáneos en torno al uso de la economía como herramienta de la acción estatal. Por lo tanto, la controversia sobre las reservas rusas congeladas no constituye una anomalía histórica, sino la manifestación más reciente de una cuestión que los Estados han debatido durante siglos.

Daire MacFadden. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.