Con el turismo ni se juega ni se inventa

La petición de las organizaciones del sector turismo para que no se promulguen las modificaciones aprobadas por el Congreso de la Republica a le Ley General de Residuos Sólidos número 225 del año 2020, se apoya en sólidos argumentos que merecen la atención del Presidente Luis Abinader.

El empresariado turístico, con sus inversiones y la calidad de su gestión ha creado una dinámica productiva, que en 40 años se ha convertido en una importante columna de la economía, y es notable su aporte al positivo posicionamiento del país en el escenario internacional como un atractivo destino de inversión.

¡Con eso no se juega! Así lo ha entendido Abinader que adoptó la sabia decisión de asumir la propuesta de años del empresariado turístico, para impulsar en este sector el esfuerzo de colaboración público-privada, que sugirió durante décadas la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES).

Las entidades que representan el sector advierten que la modificación de la ley se hizo “sin la debida profundidad técnica y análisis de impacto”, y alertan “sobre los riesgos que esta reforma representa para la sostenibilidad ambiental y la competitividad del sector”.

Una de las observaciones más preocupantes es que la nueva versión pendiente de ser promulgada “limita la posibilidad de que las empresas, incluyendo los establecimientos turísticos, gestionen de forma directa o asociada la valorización de sus residuos, afectando su capacidad para cumplir con estándares internacionales de sostenibilidad y sus compromisos ambientales”.

Sobre esto, es importante destacar, que los requerimientos e inspecciones de los operadores turísticos que traen la gran mayoría de los clientes de los hoteles, someten estos establecimientos a una supervisión a veces más exigente que las entidades del gobierno. Incluso suelen exigir y evaluar aspectos que no están contemplados en las normas de locales.

El nuevo texto incluye disposiciones que hacen sospechar que buscan crear un grupo de empresas privilegiadas al que las empresas turísticas y los ayuntamientos estarán obligados a entregar la gestión de los residuos, y esto, advierten las entidades turísticas, “restringe severamente la libertad de elección y operación de empresas que han hecho inversiones significativas en infraestructura propia para la gestión responsable de sus residuos”. Alarma, también, que se crea un impuesto que no toma en cuenta la cantidad y tipo de residuos, y establece una fórmula basada en los ingresos brutos de las empresas.

La lista de observaciones sobre aspectos que preocupan es extensa, y son decisiones difíciles de explicar y justificar. Conociendo la lista de observaciones presentadas por las organizaciones del sector turismo, no tengo dudas de que la comparten otros sectores productivos.

Me pregunto quiénes están detrás de los cambios introducidos, que no asumen las realidades del sector turismo, y por qué se inventan cargas económicas basadas en fórmulas muy difíciles de justificar.

El presidente Abinader no debía promulgar este proyecto, sin llevarlo a la mesa de trabajo que es el Gabinete de Turismo, que existe desde 2020, en la que se sientan los representantes del sector privado turístico, lo coordina el ministro David Collado, y lo preside Luis Abinader. No he participado en este tema, pero repito mi frase favorita del momento: ¡Con el turismo no se juega ni se inventa!