Cada vez que una institución pública compra medicamentos, contrata el mantenimiento de una escuela o adquiere equipos para un hospital, está decidiendo qué hacer con dinero que pertenece a todos. Por eso me preocupa que todavía confundamos una buena compra con una factura de menor monto. El Estado no está para presumir cuánto dejó de gastar, sino para demostrar qué recibió la ciudadanía a cambio de lo que pagó.
Ahí entra el valor por dinero, conocido internacionalmente como Value for Money. Su planteamiento parece sencillo, aunque aplicarlo exige mucho más trabajo del que imaginamos. Consiste en procurar la mejor combinación posible de costo, calidad, utilidad, riesgos y resultados. No significa elegir siempre la oferta más barata, pero tampoco pagar más porque una propuesta luce moderna o promete maravillas. La pregunta importante es si lo adquirido resuelve una necesidad pública de manera razonable y sostenible.
Su origen no puede atribuirse a una sola persona ni a una ley reciente. La preocupación por aprovechar bien los recursos públicos es antigua, pero su desarrollo como herramienta de evaluación tuvo un impulso decisivo en el Reino Unido. En 1968, E. Leslie Normanton publicó el trabajo In Search of Value for Public Money, que ya planteaba la necesidad de mirar más allá de la legalidad del gasto. Durante las décadas siguientes, esa discusión cobró fuerza y la National Audit Act de 1983 consolidó la fiscalización de tres dimensiones fundamentales. Economía para obtener recursos en condiciones adecuadas, eficiencia para utilizarlos bien y eficacia para comprobar si se alcanzaron los objetivos.
Con el tiempo, esa manera de evaluar el gasto llegó a la contratación pública. La OCDE, la Unión Europea y el Banco Mundial contribuyeron a extenderla mediante recomendaciones y marcos de adquisiciones que prestan atención al ciclo de vida, la calidad y los riesgos. Es una evolución importante porque una licitación puede estar impecable en sus papeles y, aun así, terminar entregando una solución inútil.
Pensemos en algo cotidiano. Una institución pública necesita cien aires acondicionados. Una empresa ofrece cada equipo por RD$30,000 y otra por RD$38,000. A primera vista, la primera opción ahorra RD$800,000. Pero supongamos que esos equipos consumen más electricidad, se dañan con frecuencia y requieren repuestos costosos. Si al sumar cinco años de energía y mantenimiento la segunda oferta resulta menos costosa, comprar lo más barato habría sido, paradójicamente, gastar más. Claro está, esa conclusión debe sostenerse en datos verificables, no en una promesa del vendedor. Si los dos equipos funcionan igual y cuestan lo mismo mantenerlos, pagar más tampoco tendría sentido.
Eso es mirar el costo del ciclo de vida. Y el valor puede ir todavía más lejos, por ejemplo cuando una adquisición reduce contaminación o facilita que personas con discapacidad accedan a un servicio. Pero esos beneficios deben vincularse con lo contratado, explicarse y medirse. De lo contrario, una buena intención puede convertirse en una excusa para justificar cualquier precio.
Por eso, antes de publicar un proceso de contratación, conviene preguntar si la institución necesita comprar, si puede reparar lo que tiene o si existe una alternativa compartida con otra entidad (Compras Conjuntas). Investigar el mercado, conversar con transparencia con posibles proveedores (manifestación de interés) y calcular los costos futuros evita errores que luego no se corrigen con una buena adjudicación. Preparar bien también es una forma de ahorrar recursos públicos.
En nuestro país el tema no apareció de repente con la nueva ley. La Ley 340-06 ya contenía principios compatibles con un uso eficiente de los recursos. Más adelante, el Decreto 617-22 impulsó las compras públicas sostenibles. En 2023, la Dirección General de Contrataciones Públicas dio un paso relevante al aprobar, mediante la Resolución PNP-06-2023, las pautas sobre el criterio valor por dinero. También promovió una guía de gestión integral de riesgos, aprobada mediante la Resolución PNP-05-2023. Estas herramientas buscaron orientar a las instituciones para que justificaran mejor sus decisiones, en lugar de limitarse a completar expedientes.
Ese mismo año, el Decreto 416-23 incorporó expresamente el valor por dinero en el reglamento de aplicación de la legislación anterior. Hoy, la Ley 47-25 y el Decreto 52-26 profundizan ese enfoque. La nueva normativa contempla, según la naturaleza de la contratación, la mejor relación calidad-costo, el menor costo del ciclo de vida y el menor precio. Esto último merece destacarse. El precio sigue siendo importante y, cuando las características de los bienes están claramente estandarizadas, puede ser el criterio más sensato. El cambio consiste en saber cuándo basta y cuándo resulta insuficiente.
Ahora bien, hay algo que no deberíamos romantizar. Cuanto más peso tengan los criterios cualitativos, más cuidadosa debe ser su aplicación. Expresiones como mejor solución técnica o calidad superior pueden esconder preferencias si nadie explica qué se medirá y cómo se asignarán los puntos. También se puede manipular una estimación de mantenimiento para favorecer una oferta más cara. El valor por dinero no es permiso para elegir a discreción. Exige estudios previos serios, reglas publicadas, competencia y decisiones que cualquiera pueda examinar.
Y todavía falta la parte que considero decisiva. De nada sirve premiar materiales resistentes si durante la obra se aceptan otros inferiores. De nada sirve adjudicar un servicio por su excelente desempeño si después se pagan facturas sin comprobarlo. Las áreas requirentes, que conocen el problema original, deben participar en la validación de lo recibido junto con quienes supervisan el contrato. Compras no puede cargar sola con esa responsabilidad, ni Jurídica, ni los peritos. El valor por dinero debe comprometer a toda la institución. También necesitamos capacitación continua para todos los actores, desde el Comité de Contrataciones Públicas hasta los peritos y áreas requirentes. Quien identifica una necesidad, diseña especificaciones, evalúa ofertas, autoriza pagos o supervisa entregas debe entender qué significa obtener valor. La DGCP tiene un desafío importante porque tiene un papel orientador y de monitoreo, pero ninguna vigilancia externa sustituye la obligación cotidiana de cada entidad de verificar sus contratos y corregir incumplimientos.
Al final, una contratación pública no se justifica porque consiguió un descuento ni porque acumuló formularios correctamente llenados. Se justifica cuando cumple su propósito y mejora, de manera comprobable, la vida de las personas. Ese debería ser nuestro criterio más exigente. Cada peso público merece una explicación, pero sobre todo merece un resultado.
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