Colapso arquitectónico, cuando los resorts los diseñan los políticos

La arquitectura es, en su esencia, una disciplina que equilibra la estética con la seguridad pública. Sin embargo, en la República Dominicana, esta premisa fundamental se desmorona ante la realidad de un sistema donde la planificación urbana y las normas de construcción son frecuentemente ignoradas o, peor aún, mal gestionadas por quienes ostentan el poder administrativo. Tras cuatro décadas de ejercicio profesional en Europa y los Estados Unidos, observo con profunda preocupación cómo la falta de una normativa rigurosa y, sobre todo, de su aplicación efectiva, está hipotecando la seguridad de nuestro patrimonio turístico.

En naciones como Alemania, cuna de los estándares técnicos más eficientes del planeta, o en Japón, donde la resiliencia es ley ante la sismicidad, la arquitectura se rige por códigos estrictos que no admiten interpretaciones subjetivas. En los Estados Unidos, esta rigurosidad alcanza un nivel legal determinante: cada error en una ordenanza, cada omisión en un plano arquitectónico, se convierte en un factor de responsabilidad civil. Allí, los planos no son solo dibujos; son documentos legales de construcción sujetos al escrutinio del sistema judicial.

En contraste, nuestro país padece de una anemia normativa. He tenido la oportunidad, desde mi posición profesional en proyectos de carácter nacional, de interactuar con diversos ministros de Obras Públicas y del Mived. En estas instancias, he expresado mis inquietudes sobre las deficiencias de nuestras ordenanzas y la laxitud en su fiscalización. La respuesta, casi siempre, es un muro de silencio o de incomprensión. Esta deficiencia no es casual; es el síntoma de un mal endémico: el clientelismo político.

Resulta desconcertante observar cómo posiciones técnicas de alta responsabilidad, que requieren un conocimiento profundo de la ingeniería, la arquitectura y la seguridad estructural, son ocupadas por abogados o administradores sin la debida competencia técnica. Cuando la designación de un funcionario responde a compromisos políticos y no a la capacidad profesional, el resultado inevitable es la degradación de los estándares. Se aprueban proyectos que desafían las normas elementales bajo la sombra de un burocratismo donde la pregunta subyacente, en los pasillos de la toma de decisiones, parece ser siempre la misma: ¿dónde está lo mío?

Esta lógica de corrupción y clientelismo se traduce en una vulnerabilidad tangible. El reciente incendio que afectó al hotel Viva Dominicus Beach en Bayahíbe es una muestra dolorosa de cómo estas falencias, sumadas a factores ambientales, pueden derivar en una tragedia. Si bien las causas exactas siguen bajo investigación oficial y debemos esperar el veredicto de la comisión técnica, el hecho es que la rápida propagación de las llamas en una estructura turística pone sobre la mesa un debate urgente sobre la seguridad en nuestras edificaciones.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias, el general Juan Manuel Méndez, ha señalado de manera preliminar la combinación de techos de cana y condiciones de viento como catalizadores del siniestro. Esta observación es, técnicamente, una confirmación de lo que venimos advirtiendo: el riesgo está presente en cada rincón donde no se aplican los criterios de mitigación modernos.

Para profundizar en el aspecto técnico, debemos considerar la tasa de inflamabilidad de los materiales naturales frente a las normativas internacionales como la NFPA 101, conocida como el Código de Seguridad Humana. La cana natural tiene una clasificación de propagación de llama clase C o superior, lo que significa que, sin tratamiento ignífugo, puede arder a velocidades que superan los 5 metros por minuto bajo condiciones de viento moderado. Estadísticamente, en complejos hoteleros que prescinden de sistemas de rociadores automáticos (sprinklers) certificados bajo la norma NFPA 13, la probabilidad de pérdida total del activo tras un inicio de fuego en techumbres de material vegetal se eleva en un 75 % comparado con estructuras que incorporan retardantes certificados y sistemas de supresión activa.

El riesgo se magnifica por el efecto chimenea en las estructuras de alta pendiente, donde el aire caliente atrapado bajo el techo de cana reduce drásticamente el tiempo de detección temprana. Un sistema de detección de humo convencional (basado en sensores de ionización o fotoeléctricos) en techos con alturas superiores a los 4 metros suele fallar debido a la estratificación del humo antes de llegar al sensor. Se requieren, por tanto, detectores térmicos lineales o sistemas de detección por aspiración de alta sensibilidad, tecnologías que son prácticamente inexistentes en los planos aprobados bajo criterios políticos en la región Este.

 La adopción de los códigos internacionales es una necesidad impostergable. Actualmente, la falta de una adopción vinculante de normativas como el International Building Code (IBC) nos deja en una zona gris. Mientras que en los Estados Unidos el cumplimiento del IBC es obligatorio y su verificación es realizada por inspectores certificados que cargan con responsabilidad legal por sus omisiones, en la República Dominicana el proceso de revisión de planos es puramente burocrático, carente de rigor científico y sujeto a presiones políticas que priorizan la rapidez de aprobación sobre la integridad estructural.

En zonas de alta densidad como Punta Cana y Cap Cana, la aplicación de la norma ASTM E84, que clasifica los materiales según su propagación de llama, es fundamental. El mantenimiento es otro punto crítico: la salinidad del aire caribeño degrada los retardantes químicos en un periodo no mayor a 18 meses. Sin una fiscalización estricta, esta protección se vuelve nula. Además, la normativa exige que los muros cortafuegos (firewalls) se extiendan 50 centímetros sobre la línea del techo, utilizando materiales de alta resistencia térmica; sin embargo, en la realidad dominicana, estos elementos se omiten frecuentemente para abaratar costos o preservar una estética «orgánica» que, bajo el fuego, se convierte en un conductor de muerte.

La evidencia es contundente: los datos de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA) demuestran que la tasa de mortalidad en estructuras hoteleras equipadas con rociadores automáticos es cercana al cero, reduciendo los daños a la propiedad en un 90 %. No podemos seguir permitiendo que el clientelismo político dicte las normas de nuestra construcción. Aunque usted sea arquitecto o ingeniero en el cargo, usted tiene que ser uno de los mejores del país, cualificado por su récord de trabajo nacional o internacional.

Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad, profesionalice las instituciones reguladoras y entienda que la seguridad no es un gasto, sino una inversión en la viabilidad de nuestra principal industria. Cuando los técnicos son reemplazados por figuras políticas, la seguridad se convierte en una opción. Es momento de transformar la arquitectura turística en un modelo de resiliencia, bajo estrictos estándares internacionales, donde la vida humana y la sostenibilidad de nuestra oferta turística estén por encima de cualquier transacción burocrática. La tragedia en Bayahíbe debe ser el punto de inflexión necesario para erradicar la negligencia de los procesos de aprobación y elevar la construcción dominicana a la altura de las exigencias del siglo XXI.