Circunscripciones electorales y representatividad

La concentración excesiva del poder, al margen de ciertas ventajas que podría implicar para la preservación de la gobernabilidad, en sentido general no responde a los parámetros usualmente aceptados de la democracia. Esta supone el ejercicio público con un sentido de mayor representatividad de todos los sectores sociales que interactúan en un escenario geográfico determinado. El principio democrático es consustancial a la pluralidad, a la diversidad en la presencia de representación de corrientes de opiniones confrontadas dentro de un clima de recíproco respeto y exposición civilizada de distintas posiciones ideológicas. En este sentido, vale la pena recordar a Moreno Yanes, cuando afirma que el Estado debe procurar garantizar el gobierno de la mayoría y “que las minorías se sientan integradas al sistema político”[1], resaltando que los sistemas electorales proporcionales son propios de Estados de alta complejidad social.

Como se ha afirmado, es prácticamente imposible estructurar un sistema electoral perfecto, o una fórmula matemática infalible para alcanzar un equilibrio inobjetable en la representatividad. Todos ellos generan distorsiones en mayor o menor medida que producirán resultados más afines, por un lado, o menos cónsonos, por el otro, con el espíritu máximo de la democracia. Son los sesgos estadísticos a los que Oñate se refiere cuando afirma que “los sistemas electorales, al traducir los votos en escaños, generan sesgos que disminuyen, en mayor o en menor medida, la estricta proporcionalidad entre la voluntad popular (manifestada en votos) y la distribución de puestos de autoridad gubernamental (el reparto de los escaños)”[2].

Nada de lo anterior resulta inocuo porque al ocurrir no pasa desapercibido. Deja huellas y se traduce en una democracia y, sobre todo, en una representación deficiente, desproporcionada y distorsionada. Dependiendo de la magnitud de los sesgos, un sistema electoral puede tener efectos tanto en la distribución de escaños, como ex ante, en la decisión del votante, “induciendo su voluntad en sentido distinto del que inicialmente habría tenido”[3].

Esto pone de manifiesto la trascendencia de lo afirmado, ya que las distorsiones no solo operan en la materialización de los resultados y la consiguiente distribución de escaños, sino que tienen la potencialidad de influir en la psiquis de los electores e inclinarlos por específicas opciones políticas que no eran necesariamente sus originalmente preferidas, sino que son arrastradas hacia ellas por cuestiones absolutamente subjetivas. Tal fenómeno tiene mayores probabilidades de concretizarse en espacios de escaso desarrollo político y de precaria firmeza ideológica como es frecuente que suceda en América Latina donde grandes segmentos poblacionales son víctimas fáciles para ser seducidos por elementos ajenos a sus verdaderas necesidades existenciales, pero que les generan una sensación de posible victoria o, mejor dicho, capaz de eludir una derrota electoral, sin percatarse de que las alternativas abandonadas eran precisamente las que en verdad les convenía que salieran victoriosas.

Lo afirmado no constituye un alegre ejercicio de elucubración ni fruto de mentes enfebrecidas. Son afirmaciones que tienen o pueden tener sustento práctico y riguroso ya que “el mecanismo para transformar los votos en escaños no es aséptico y los sistemas proporcionales impuros y los mayoritarios generan efectos que pueden ser adecuadamente medidos y determinados”[4].

Tan lejos se ha llegado en la sustentación de conceptos teóricos como los esbozados para dotarlos de rigor académico, que los estudiosos del fenómeno han arribado a conclusiones que les ha permitido clasificar esos efectos, como apunta Oñate, en mecánicos o reductores y psicológicos o constrictivos. Los primeros operan sobre el sistema de partidos. Los segundos sobre los votantes y las élites políticas. Continuará.

[1] MORENO YANES, Jorge, Op. Cit., p. 20.

[2] OÑATE, Pablo, Op. Cit.

[3] OÑATE, Pablo, Op. Cit.

[4] OÑATE, Pablo, Op. Cit.