Caso Julio Iglesias: R Dominicana como objeto y no sujeto de la incidencia en DDHH

Como defensor de derechos humanos en la República Dominicana, observo con atención, y también con preocupación, la forma en que ciertos casos de alto perfil vinculados a nuestro país son abordados por organizaciones internacionales. El reciente manejo mediático y judicial de las denuncias de abusos sexuales atribuidas a Julio Iglesias es un ejemplo que merece una reflexión serena, profunda y, sobre todo, honesta.

Quiero ser claro desde el inicio, no cuestiono la credibilidad de la denuncia ni minimizo la gravedad de los hechos que se alegan. Si tales hechos se comprueban, merecen toda la condena social y jurídica posible. Mi reflexión no se dirige al fondo del caso, sino a la estrategia de incidencia escogida para posicionarlo en la esfera pública y judicial.

La República Dominicana aparece en esta historia como escenario, como contexto y, en cierto modo, como recurso narrativo. Sin embargo, fue excluida casi por completo como sujeto jurídico, institucional y profesional. A pesar de que el país cuenta con abogados y abogadas especializados en derechos humanos, con un ecosistema mediático robusto y con periodistas de investigación cuya trayectoria encajaría perfectamente con una historia de esta naturaleza, las organizaciones implicadas optaron por procesar el caso ante la justicia española y por denunciarlo a través de medios en español radicados en Estados Unidos y Europa.

Esta decisión, aun cuando pueda tener explicaciones estratégicas o legales, resulta profundamente objetivizante para el país. No se le dio siquiera la oportunidad a la justicia dominicana de conocer el caso, independientemente del resultado que este pudiera haber tenido. Se pasó de largo, como si se asumiera, de manera tácita pero elocuente, que se trata de un submundo institucional donde no vale la pena intentar, donde la lucha jurídica y ética carece de sentido. La omisión es, en sí misma, un mensaje.

El efecto colateral de esta estrategia ha sido igualmente problemático en el plano mediático. Periodistas dominicanos han quedado relegados al rol de espectadores, limitados a entrevistar a expertos europeos o norteamericanos que explican las dinámicas sociales que ocurren en nuestro propio país. Se invalida así la capacidad de agencia local, no solo de las instituciones, sino también del pensamiento crítico y del periodismo nacional frente a casos complejos y sensibles.

Paradójicamente, mientras el caso se presenta, con razón, como una denuncia loable desde la perspectiva de la protección de las víctimas, la forma en que se ha construido la incidencia reproduce lógicas que el propio movimiento de derechos humanos dice combatir, jerarquías implícitas, elitismo epistémico y una valoración desigual del trabajo según la nacionalidad de origen o la pertenencia cultural de quienes lo realizan.

Este patrón revela una tensión no resuelta en muchas organizaciones privadas de derechos humanos, incluso en aquellas con presencia territorial en países del Sur Global. Persiste la idea, a veces inconsciente, de que la calidad, la seriedad o la eficacia del trabajo en derechos humanos depende de dónde se articula la denuncia y quién la valida internacionalmente. Europa y Estados Unidos siguen operando como centros de legitimidad, mientras países como el nuestro son tratados como meros escenarios, no como interlocutores plenos.

Esta situación también nos interpela directamente a quienes defendemos los derechos humanos en la República Dominicana. Nos obliga a preguntarnos si estamos investigando lo suficiente, si estamos reaccionando con la celeridad y la coordinación que casos de esta magnitud exigen, y si hemos logrado articularnos de manera eficaz para que denuncias que involucran a nuestro país no nos encuentren fragmentados o ausentes. Más allá de las decisiones tomadas por actores internacionales, existe una responsabilidad local ineludible de fortalecer nuestras capacidades de documentación, litigio estratégico y acompañamiento a víctimas, de modo que ninguna causa pueda ser ignorada o desplazada sin resistencia.

El apoyo internacional brindado, sin duda, es valioso y merece reconocimiento. Sin embargo, ese respaldo habría sido aún más legítimo y potente si hubiese estado acompañado de la deferencia necesaria para incluir a actores locales, organizaciones, juristas, periodistas y defensores con trayectoria, que habrían podido contribuir activamente a la denuncia y, sobre todo, a la protección efectiva de las víctimas. La defensa de los derechos humanos no se debilita cuando se comparte, se fortalece cuando se construye de manera colaborativa, desde el territorio y con quienes conocen de primera mano sus dinámicas, sus riesgos y sus posibilidades.

Si aspiramos a un enfoque verdaderamente universal de los derechos humanos, la coherencia exige algo más que buenas intenciones. Exige reconocer y fortalecer las estructuras locales, aun cuando sean imperfectas, implica asumir el riesgo de litigar, investigar y denunciar desde el territorio, y supone confiar en que la dignidad, la justicia y la capacidad profesional no están determinadas por el pasaporte.

La República Dominicana no necesita ser usada para contar historias que otros deciden cómo y dónde deben resolverse. Necesita, y merece, ser parte activa de los procesos que la involucran. Solo así la defensa de los derechos humanos dejará de ser un ejercicio vertical y se convertirá, verdaderamente, en una práctica ética, colaborativa y emancipadora.