Carta al presidente Luis Abinader

Provincia Hermanas Mirabal
Salcedo, República Dominicana
16 de julio de 2025

Señor Excelentísimo
Luis Abinader Corona
Presidente de la República Dominicana

Nos dirigimos a usted desde la provincia Hermanas Mirabal, la cuna de las mariposas, ese símbolo imborrable de lucha y dignidad que nos compromete, aún hoy, a levantar la voz frente a toda forma de injusticia y opresión.

Con profunda preocupación y un sentido de urgencia, expresamos nuestro rechazo al proyecto del nuevo Código Penal en su versión actual. Lo que se nos prometió como una reforma moderna y justa, adaptada a los tiempos que vivimos, ha resultado ser un documento que, lejos de avanzar, perpetúa omisiones históricas, abre puertas a la impunidad y atenta contra los derechos fundamentales de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Nos alarma, en primer lugar, la prescripción de los delitos sexuales contra menores de edad. Este silencio legal ante el dolor y el trauma de miles de niñas y niños víctimas de abuso es, en sí mismo, una forma de violencia institucional. Sabemos que el abuso sexual infantil suele estar rodeado de miedo, amenazas, vergüenza y años de silencio. ¿Cómo puede un Estado hablar de justicia si condiciona a una niña violentada a “denunciar a tiempo”? Esta disposición no protege a las víctimas: protege a los agresores.

También nos indigna el artículo 114 del proyecto, que otorga una exención de responsabilidad penal a las iglesias. ¿Desde cuándo existen zonas exentas de ley? ¿Qué mensaje se envía cuando se privilegia a instituciones por encima de la justicia? Ninguna sotana, ningún púlpito, debería estar por encima del dolor de una víctima.

Igualmente, es grave es la ausencia total de cualquier mención a la despenalización de la interrupción del embarazo bajo las tres causales. En un país donde tantas niñas enfrentan embarazos producto de violaciones, donde existen embarazos inviables o que ponen en riesgo la vida de la madre, no reconocer el derecho a decidir es perpetuar el sufrimiento y reforzar la violencia. Criminalizar el aborto en todos los casos es una sentencia de muerte para muchas mujeres y niñas.

Por otro lado, la tipificación del feminicidio sigue siendo inadecuada. No se reconoce como un crimen autónomo, invisibilizando su raíz estructural y obstaculizando una respuesta efectiva del sistema judicial ante la forma más extrema de violencia de género.

A ello se suma un hecho profundamente preocupante: este Código Penal, en su redacción actual, ignora por completo las convenciones internacionales de derechos humanos de las que el Estado dominicano es signatario, así como las recomendaciones y decisiones emanadas de los órganos especializados de Naciones Unidas. Este desconocimiento deliberado no solo compromete el cumplimiento de obligaciones internacionales, sino que evidencia una falta de voluntad política para armonizar nuestra legislación con los estándares globales en materia de derechos humanos.

Señor Presidente, este código no incorpora una perspectiva de género, ni un enfoque de derechos, ni una comprensión real de las múltiples formas de desigualdad y violencia que afectan a nuestra población. La modernidad ha de medirse por su capacidad de proteger a quienes más lo necesitan.

Desde nuestra provincia, que guarda el legado vivo de Patria, Minerva y María Teresa, reiteramos con fuerza: este Código Penal representa una traición a la sociedad y a la justicia. No podemos permitir que se apruebe un texto que, en lugar de proteger, abandona; que, en lugar de reconocer derechos, los niega; y que, en lugar de avanzar, retrocede.

Le exigimos que escuche la voz de los territorios, de las mujeres, de las niñas, de las víctimas, de las organizaciones sociales que trabajamos por la vida, la justicia y la dignidad. Este no es el Código Penal que nuestro país merece.

Con respeto y firmeza,