Recibida la solicitud del cambio, supresión o añadidura de nombre propio, el Tribunal Superior Electoral puede disponer cualquier medida de instrucción que considere necesaria y solicitar documentos adicionales. En esta circunstancia, el solicitante debe aportar la documentación en un plazo de 7 días calendario a partir de cuando se le haga el requerimiento.

Dentro de esas medidas de instrucción pueden estar la comparecencia personal de las partes; un informativo testimonial, o la declaración de personas que el tribunal estime pertinente, todo lo cual se llevará a cabo en cámara de consejo e incluso podría ser en audiencia pública.

Si alguna de esas personas no puede comparecer, la corte puede comisionar a su Dirección de Inspección para que designe a un colaborador que se traslade a recibir sus declaraciones, las cuales, se consignarán en el acta levantada al efecto.

Agotadas, si fuesen necesarias, las anteriores diligencias, el presidente del tribunal emitirá un auto autorizando al solicitante las medidas de publicidad, las que persiguen hacer de conocimiento público la solicitud y hacerla oponible a terceros que podrían tener alguna objeción a la materialización de la modificación.

Las medidas de publicidad consisten en lo siguiente:

1) Publicación en la página web del tribunal de un resumen de la solicitud, exhortando a quienes objeten la petición a someter una oposición mediante instancia dirigida a la corte o en su portal;

2) Comunicación, firmada por el secretario general a las siguientes instituciones, sin que sea un listado taxativo: Dirección Nacional de Registro Civil de la JCE; Procuraduría General de la República; Dirección General de Impuestos internos; Superintendencia de Bancos; Dirección General de Migración; Departamento Nacional de Investigaciones; Instituto Nacional de Tránsito y Transporte; Dirección General de Pasaportes; Dirección General de Control de Drogas; Policía Nacional; Ministerio de Interior y Policía. Las citadas entidades disponen de un plazo de 7 días calendario para remitir por escrito las objeciones debidamente motivadas que puedan tener;

3) Publicación que debe hacer el solicitante en un periódico de circulación nacional dentro de los 5 días calendario que sigan a la entrega del auto de autorización para la publicidad. Debe contener todos los datos del expediente y el nuevo nombre que se desea asumir, y la advertencia a las personas que consideren que la modificación pueda ocasionarles perjuicios a que presenten la correspondiente oposición.

Las oposiciones que puedan surgir a raíz de la publicación mencionada deben dirigirse mediante instancia motivada al TSE en su sede o en una de sus oficinas de servicio vía correo electrónico o en el enlace de su portal en un plazo de 7 días calendario a partir de esta.

El solicitante debe depositar, en uno de los lugares citados, un ejemplar certificado del periódico donde se hizo la publicación en un plazo de 5 días calendario, cuyo incumplimiento será valorado como un desistimiento tácito del expediente que derivará en el archivo definitivo del mismo.

En caso de ser necesario, el tribunal podrá emitir un auto fijando audiencia en modalidad presencial o en cámara de consejo. El objetivo sería conocer las oposiciones que se hayan podido haber presentado respecto al cambio de nombre propio que se haya solicitado.

Para la celebración de dicha audiencia pública es obligatorio citar al solicitante y a quienes objetan la concesión de la enmienda planteada para que sean escuchadas y se ponderen sus motivaciones y argumentos.

En caso de la audiencia celebrarse en cámara de consejo, las partes involucradas deben exponer sus posiciones mediante escritos depositados en la Secretaría General de la Alta Corte.

Pedro P. Yermenos Forastieri

Jurista y escritor

Doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica y Maestría en Derecho de los Negocios Corporativos, ambas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución, y Maestría en Derecho Electoral y Partidos Políticos, impartidas por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Diplomado en Observación Electoral, Salamanca, España. Formación en Derecho Público en el Centro Latinoamericano para la Administración del Desarrollo (CLAD). Cursos electorales especializados en centros educativos nacionales e internacionales. Profesor de Derecho civil en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), por más de 10 años, así como facilitador en programas de diplomados y maestrías. Desempeñó las funciones de Intendente General de Bancos; coordinador del componente de Justicia del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME) y consultor jurídico de la Comisión Nacional de Energía (COENER). Ha tenido una destacada labor en el ejercicio de su profesión, así como en las diversas funciones públicas desempeñadas; en las labores docentes ejercidas y como ciudadano activo en la defensa de trascendentes causas sociales. En la actualidad es Juez Titular del Tribunal Superior Electoral de República Dominicana, al cual ha representado en diversas misiones internacionales de observación electoral, dentro de las cuales fue jefe de misión en la veeduría internacional para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2023, Quito, Ecuador; en la observación jurisdiccional de la Unión Interamericana de organismos electorales (UNIORE); de las elecciones federales y elecciones judiciales por voto popular de México 2025. Ha sido encargado por el pleno del TSE de la coordinación e implementación de la Cátedra de Derecho Electoral “Dr. Julio Brea Franco”. Adicionalmente, proponente y coordinador del proyecto “Mesa Académica” del Tribunal Superior Electoral.

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