¿Brutal abuso contra el más débil?

Cada vez son más frecuentes los rumores sobre el atraco que protagonizan algunas patrullas de interdicción migratoria contra nuestros hermanos haitianos. Avergüenza leer en medios de prensa que no solo exigen un pago para abortar el arresto, sino que a veces apresan por segunda vez a quienes ya habían extorsionado para exprimir un nuevo pago. Se reportan casos en que penetran a la vivienda de un haitiano sin permiso con tal de sumarlo a las cifras de los deportados. Esas deleznables practicas manchan el honor de los militares y policías que las practican. Peor aún, proyectan nuestra imagen como voraces animales de la pocilga de la codicia y la barbarie.

El trasfondo de esta sórdida realidad lo reporto Vatican News de la siguiente manera. “El pueblo haitiano continúa sufriendo una de las crisis humanitarias más graves del mundo. La extrema pobreza y la violencia de las bandas armadas empujan a miles de personas a huir de Haití hacia la vecina República Dominicana, que sin embargo los rechaza con políticas antiinmigración cada vez más severas: Solo en los primeros seis meses del 2025, se deportaron a más de 150.000 ciudadanos haitianos.” Otro reporte externo indica: “Esto hace que la actual ola de deportaciones en República Dominicana sea particularmente reprensible ya que los deportados se ven obligados a regresar a un entorno de extrema violencia.”

Es cierto que el gobierno ha actuado con firmeza para detener la migración ilegal. Una muestra de su determinación fue la inversión de más de RD$800 millones para comprar equipos adecuados para la repatriación. También ha adecentado el Centro de Retención de Haina a fin de que los internos disfruten de mínimas comodidades. La Embajada de Haiti lo confirmo durante una reciente visita de sus representantes al mencionado Centro. Pero a la mesa le falta la pata de la decencia ante la oleada de latrocinios contra los interdictos que son reportados por el rumor público.

Nuestro país tiene todo el derecho de aplicar rigurosamente nuestras leyes migratorias. De lo que nadie tiene derecho es al atropello de la dignidad humana. En muchos de esos casos nuestros militares y/o policías se ensañan, de manera feroz e inmisericorde, contra los más débiles de los débiles. No provocan muertes, pero si desuellan la frágil economía de quienes no han tenido la oportunidad de ser redimidos por el sistema. Es una ignominia que quienes son víctimas de las extorsiones no puedan querellarse ante una fiscalía que les ampare su derecho a ser tratado con decencia y dignidad. Produce espanto moral lo que sufren los hermanos haitianos que son víctimas de las malas artes de la corrupción.

Los reportes de prensa dan cuenta de que muchos de los deportados regresan varias veces al país. Supuestamente alguien que ha sido deportado una vez no puede volver al país ni conseguir un permiso de trabajo. Pero esa limitación es porosa y no se aplica con rigurosidad. Tal situación parece parte de un teatro del absurdo, especialmente porque el rumor publico señala que son las mismas autoridades migratorias y militares quienes permiten el retorno. Fuentes creíbles reportan que esos retornos también requieren pagos y en muchos de los casos los pagos se repiten.

Esas denigrantes practicas echan por la borda la seriedad del esfuerzo gubernamental para parar la migración ilegal. Hasta el mismo Director General de Migración ha denunciado que nuestros cónsules en Haiti cobran enormes montos para conceder una visa. También se reporta que los oficiales de Migración y muchos jerarcas militares patrocinan el retorno de los deportados. Con un muro fronterizo que ya cuenta con 54 de los 391 kilómetros de la línea divisoria y más de 12,000 efectivos militares desplegados en la frontera, no es difícil suponer que el fenómeno de los retornos ilegales parece obra de una especial negligencia de nuestras Fuerzas Armadas y otros miembros del funcionariado.

¿De qué sirven los drones, helicópteros, blindados y otros costosos equipos que ha comprado el gobierno si la frontera sigue desguarecida? Echarles la culpa a los haitianos porque busquen aquí un entorno más benigno para su supervivencia resulta un contrasentido. Ellos vienen porque nosotros le abrimos las puertas, aunque sea de manera subrepticia y fraudulenta. Además, sectores tales como la agricultura (arroz, bananos, tabaco), turismo y construcción dependen de la mano de obra haitiana. Tiene más sentido regularizar esa mano de obra con permisos temporales de estadía y aceptar la realidad de que nuestra economía acusa esa dependencia.

Algo similar se requiere para retomar la aplicación de la Ley No.169-14. Para los nacidos en territorio dominicano esa ley confiere la nacionalidad dominicana a los haitianos nacidos y registrados aquí y para lo que no figuran en nuestro Registro Civil la legislación establece un proceso de naturalización. Se tiene entendido que más de 204,000 haitianos se acogieron a las disposiciones de esa ley. Y no hay excusa para haber parado su aplicación. Los que califican y no han sido beneficiados sufren una especie de limbo legal que contribuye a exacerbar el estigma y discriminación contra los indocumentados y trabajadores ilegales.

Si bien la deportación de haitianos ilegales es potestativa del Estado Dominicano y refleja sus intereses, las prácticas de extorsión que reporta el rumor público y la prensa no se compadecen con la decencia de nuestra población. Esa decencia fue legada a nuestro pueblo por Juan Pablo Duarte, quien se manifestó siempre de manera respetuosa sobre los haitianos. Duarte “se enfrentó a los haitianos en procura de la separación entre las dos naciones que comparten la isla La Española, y no expresó odio o racismo o algún otro sentimiento innoble como ser humano contra los ciudadanos de Haití o contra los gobernantes de ese país.” Quienes hoy se llaman nacionalistas y seguidores de Juan Pablo Duarte no pueden utilizar el pensamiento de nuestro insigne prócer para inyectar a los ciudadanos dominicanos el odio que transmiten en sus mensajes por diversas vías.

Porque las practicas extorsionistas referidas más arriba representan un ultraje a la memoria de Duarte procede reclamar del Ministerio de Interior y Policía, la instancia tutelar de la Dirección General de Migración, que abra una investigación sobre la conducta de las patrullas migratorias y que proceda contra aquellos que se ensañan contra los más débiles de la humanidad. Debe darnos vergüenza que esas prácticas se hayan entronizado y que las autoridades superiores le hacen caso omiso.