La réplica del presidente Abinader a las críticas que Amnistía Internacional hizo recientemente a la política migratoria de su gobierno no podía ser más reñida con la lógica y la ética deontológica.
De entrada, su sentencia “no tienen autoridad moral para cuestionarnos cundo han sido indiferentes ante una crisis que amenaza la región entera”, viola una de las leyes básicas del pensamiento correcto, ley de identidad, que estipula que en el proceso de razonamiento no se puede cambiar una idea por otra, un concepto por otro. En otras palabras, no se pueden hacer pasar ideas o conceptos distintos por idénticos y viceversa. A es A y no puede ser otra cosa.
Por “comunidad internacional”, cosa imprecisa y sin fundamento jurídico, se entiende generalmente el conjunto de Estados e instituciones que tienen capacidad de actuar en el plano internacional.
Amnistía Internacional es otra cosa. Pese a que, en tanto que organización de la sociedad civil internacional (ONG), integra esa comunidad internacional, no es parte esencial de ella. Es simplemente una ONG que tiene una misión bien específica: luchar por el respeto y la protección de los derechos humanos en el mundo, a través de denuncias bien documentadas, y recomendaciones que hace a los gobiernos.
Intervenir, buscar soluciones a los problemas estructurales de un país en crisis, es fundamentalmente responsabilidad de los pilares de esa llamada comunidad internacional, los Estados poderosos y las Naciones Unidas, no de una ONG, por muy internacional que sea.
Pero el mayor yerro del presidente en su réplica es de orden ético deontológico, ética del deber, que recomienda basar siempre nuestras acciones en principios, deberes, imperativos morales.
La irresponsabilidad real o supuesta del otro, sus malas acciones, no deberían inspirar nunca nuestras acciones, tampoco deberían ser argumentos para justificarlas.
Emmanuel Kant (1724-1804), el más célebre filósofo asociado a esta tradición ética, sugiere que siempre debemos actuar según un principio que deseamos que sea universal. Por ejemplo, el joven que miente a su padre para evitar una reprimenda debería preguntarse lo siguiente: ¿es que yo quisiera que mentir para evitar una reprimenda se convierta en un principio universal? Claro que no, le gritaría la consciencia.
Siguiendo ese razonamiento del célebre filósofo, la indiferencia, y por qué no decir la indolencia, de la llamada comunidad internacional frente a la crisis haitiana, no debería ser el ejemplo a seguir de su gobierno (limitarse a gritar y no actuar de manera positiva) ni tampoco la justificación a su sistemático atropello a los inmigrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana.
Las deportaciones masivas, más de 180 000 durante el pasado año, sin evaluación individualizada, como establece la ley migratoria, las sistemáticas violaciones a los pactos y convenciones internacionales firmados por el país (que también son leyes) y los acuerdos bilaterales con Haití, no son un invento de Amnistía Internacional, sino hechos bien documentados por esa entidad y otras.
Retomando nuevamente a Emmanuel Kant, en una disputa con el político y también filósofo Benjamin Constant, donde cada uno defiende su punto de vista sobre la posibilidad de mentir en nombre de la sociedad, el filósofo alemán dice, en su obra la Fundamentación de la metafísica de las costumbres, respetar la verdad es un imperativo en todas las circunstancias, incluso cuando las consecuencias son desagradables.
En reacción a Kant, Constant publicó un corto texto, bastante provocador, El derecho de mentir, título que ya habla bastante del contenido. Es lamentable que Abinader, conociéndolo o no, se haya acomodado al inmoral principio de este político y filósofo francés, de origen suizo, y recurra a la nefasta práctica de utilizar la mentira como instrumento de poder.
De La mentira a la violencia, como tituló Hannah Arendt una remarcable obra publicada en 1972, pero todavía de actualidad, el camino es bastante corto.
Afirmar que “la República Dominicana continuará actuando conforme a sus leyes y su Constitución” es una burda mentira. Los artículos 150 y 151 de la ley migratoria vigente y la ley 169-14, destinada a corregir los abusos de la sentencia 168-13, han sido sistemáticamente violados durante su gestión. También los artículos 37 y 38 de la Carta Magna, sobre el derecho a la vida y a la dignidad humana.
El paso de sus mentiras a la violencia ya se ha visto en las camionas (jaulas de inmigrantes) que recorren ciudades y campos del país, en los lúgubres y hacinados centros de detención de inmigrantes, en los hospitales públicos, en Mata Mosquito…
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