Bebés sin garantías de vida

El nacimiento de un ser humano es un acontecimiento trascendental: marca el inicio de la vida. Garantizar la vida de los recién nacidos es un mandato constitucional y un principio esencial de la Ley General de Salud, de las declaraciones de derechos humanos y de los derechos de la niñez. También constituye un eje fundamental de organismos internacionales como la OMS y la OPS, responsables de velar por el cumplimiento de los derechos a la vida y a la salud en los países del mundo.

Los protocolos y manuales internacionales de salud materna y neonatal definen el parto como un acto de amor. Su atención debe centrarse en acompañar la llegada de una nueva vida mediante cuidados respetuosos, libres de violencia, con trato digno, información continua, escucha activa, privacidad, confidencialidad y una humanización basada en calidad y calidez. Estos lineamientos reconocen que la mujer es la protagonista del proceso y que debe ser consultada en la toma de decisiones. La vulnerabilidad física y emocional que atraviesa una mujer embarazada exige respuestas institucionales orientadas a la protección.

La decisión de la Presidencia de la República desde abril 2025 de modificar los protocolos existentes y establecer un nuevo procedimiento migratorio en los hospitales viola los preceptos establecidos por el Ministerio de Salud Pública en su documento marco (2019), así como en los protocolos de atención obstétrica y neonatal (2020, 2019, 2017, 2013) y en las directrices de la OMS/OPS (2019).

Las consecuencias son dramáticas. Continuamente en vistas a hospitales públicos se observa a mujeres afrodescendientes, migrantes haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana que al parir se le coloca esposas y se le amarra a camas de los hospitales para luego ser apresadas y trasladadas por agentes de migración hacia los centros de retención y posteriormente deportarlas.

El Colectivo de Migración y Derechos Humanos realizó una rueda de prensa frente al Palacio Nacional el 22 de junio de 2026, respaldada por más de 1,000 firmas recogidas mediante una campaña ciudadana. En ella solicitaron al presidente Luis Abinader la derogación inmediata del protocolo migratorio implementado en los hospitales públicos.

Las organizaciones que integran el colectivo sostienen que los hospitales deben ser espacios seguros donde prevalezca el derecho a la salud, la atención médica oportuna y la protección de la vida humana, sin importar la condición migratoria de las personas. Señalan que “una sala de partos no es lugar para desarrollar la política migratoria” y advierten que cuando una mujer embarazada, una madre recién parida o una familia con niños evita acudir al hospital por miedo, se pone en riesgo la vida y la salud pública.

El retiro del protocolo y de los agentes de migración solicitado por el colectivo de migración y derechos humanos (CMDH) de los hospitales es indispensable para preservar las garantías de atención materna y neonatal. La presencia de estos agentes ha provocado que muchas mujeres dominicanas de piel negra, de ascendencia haitiana y/o migrantes opten por parir en matorrales o en condiciones de alto riesgo por temor a ser apresadas. Algunas son detenidas inmediatamente después del parto y, en ciertos casos, sus bebés quedan abandonados y desprotegidos, comprometiendo su salud y su vida.

La acción del colectivo y el documento presentado representan la preocupación de numerosas organizaciones vinculadas al sector salud y de grupos sensibles a los problemas sociales del país y a la realidad de las poblaciones vulnerables. La solicitud al Presidente está acompañada de un llamado al diálogo con la sociedad civil, el personal sanitario, organizaciones especializadas y organismos de derechos humanos, con el fin de garantizar una política migratoria compatible con la dignidad humana, la salud pública y la no discriminación