La advertencia no es menor, ni responde a una diferencia coyuntural de criterios administrativos. Se trata de una alerta estructural sobre el posible debilitamiento de uno de los pilares menos visibles, pero más determinantes, del desarrollo territorial de Santiago: la base de datos estratégica del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES) y de los planes estratégicos territoriales formulados.
En un contexto donde la competitividad urbana, la sostenibilidad y la resiliencia dependen cada vez más de la calidad de la información disponible, el riesgo que hoy enfrenta este sistema no puede ser subestimado. Lo que está en juego no es un repositorio administrativo ni un archivo estático, sino un sistema de inteligencia territorial acumulado durante más de dos décadas, construido por nosotros con rigor metodológico, la cooperación internacional y articulación interinstitucional.
Este sistema integra más de 625 estudios e investigaciones originales, cerca de 1.643 mapas y productos cartográficos, 5.500 imágenes aéreas y de todo tipo y más de 227 proyectos estructurantes, además de un conjunto amplio de fichas técnicas, metodologías, indicadores, políticas públicas y contenidos digitales especializados. En su conjunto, constituye la principal plataforma de soporte para la toma de decisiones estratégicas tanto del sector público como del sector privado en Santiago.
Desde la perspectiva de la planificación estratégica territorial moderna, esta base de datos representa lo que se denomina «infraestructura de conocimiento territorial». Es decir, un activo intangible que permite comprender dinámicas urbanas, anticipar riesgos, orientar inversiones y diseñar políticas públicas basadas en evidencia. Sin este tipo de soporte, la gestión del territorio se reduce a la improvisación, la intuición o, en el peor de los casos, a la discrecionalidad política.
En ese sentido, resulta profundamente preocupante la posibilidad de que la actual conducción del Plan Estratégico de Santiago y del CDES no cuente con las capacidades técnicas necesarias para administrar, proteger y actualizar este acervo. La gestión de sistemas de información territorial no es una tarea administrativa convencional; exige competencias especializadas en áreas como planificación estratégica, geografía, análisis de datos, sistemas de información geográfica (SIG), archivística digital y gobernanza del conocimiento.
Cuando estos sistemas son colocados bajo la responsabilidad de equipos sin experiencia verificable ni visión sistémica, los riesgos son múltiples y acumulativos: pérdida de información crítica, deterioro de la integridad de los datos, ruptura de series históricas, obsolescencia tecnológica, vulnerabilidades de seguridad y, en última instancia, desarticulación del sistema de conocimiento.
No se trata de un escenario hipotético. La experiencia comparada en América Latina muestra que numerosos sistemas de planificación han colapsado precisamente por la falta de institucionalidad técnica y la politización de sus estructuras. La destrucción o degradación de bases de datos estratégicas implica retrocesos de décadas en la capacidad de los territorios para planificar su desarrollo.
En el caso de Santiago, las consecuencias de un deterioro de esta naturaleza serían particularmente graves. La ciudad ha logrado posicionarse como uno de los principales polos económicos del país, con dinámicas complejas en términos de crecimiento urbano, movilidad, gestión ambiental y desarrollo productivo. En este contexto, la toma de decisiones sin respaldo técnico sólido podría traducirse en inversiones mal orientadas, aumento de vulnerabilidades territoriales y pérdida de competitividad.
Por ello, es imprescindible insistir en que la base de datos del Plan Estratégico de Santiago (PES) no es un activo institucional del CDES en sentido restringido, sino un patrimonio colectivo de la ciudad. Su construcción ha sido posible gracias a la articulación de múltiples actores y al apoyo sostenido de organismos multilaterales y agencias de cooperación internacional, entre ellos OPS, BID, Grupo Banco Mundial, USAID, CEPAL, CIDEU, AECID, PNUD, AFD y JICA, entre muchas otras.
Este origen diverso y colaborativo le otorga un carácter público y estratégico que obliga a su protección bajo los más altos estándares de transparencia, profesionalidad y responsabilidad institucional. Tratar este acervo como un recurso discrecional o someterlo a lógicas de control político circunstancial no solo es técnicamente inaceptable, sino éticamente cuestionable.
Frente a este escenario, la Junta Directiva del CDES no puede permanecer pasiva. Su rol no es meramente formal; implica una responsabilidad directa en la supervisión, resguardo y fortalecimiento de los activos estratégicos de la institución. En consecuencia, se hace necesario disponer de manera inmediata una auditoría técnica independiente que evalúe el estado real de la base de datos.
Dicha auditoría debe abarcar aspectos críticos como la integridad de la información, los niveles de seguridad, los protocolos de respaldo, la trazabilidad de las modificaciones, los mecanismos de actualización y las condiciones de acceso. Asimismo, sus resultados deben ser presentados de manera pública ante la Asamblea del CDES, garantizando un ejercicio de transparencia que fortalezca la confianza institucional.
De igual forma, resulta urgente la conformación de un equipo técnico de alto nivel que asuma la responsabilidad de proteger, reorganizar y proyectar este sistema de conocimiento. Este equipo debe estar integrado por especialistas con trayectoria comprobada en planificación estratégica, sistemas de información territorial y gestión del conocimiento, evitando improvisaciones que puedan comprometer la calidad del proceso.
Excluir a profesionales con experiencia acumulada en el desarrollo histórico del Plan Estratégico de Santiago no solo sería una decisión políticamente miope, sino técnicamente injustificable. La gestión del conocimiento requiere continuidad, memoria institucional y aprendizaje acumulado; prescindir de estos elementos equivale a desmantelar la inteligencia organizacional construida durante años.
Es importante recordar que la República Dominicana ha enfrentado históricamente debilidades significativas en la preservación de información científica y técnica. En este contexto, el esfuerzo realizado por el CDES para consolidar más de 1.500 gigabytes de información especializada constituye una excepción valiosa que debe ser protegida con rigor.
La pérdida o deterioro de este capital técnico no solo afectaría al CDES, sino al conjunto del ecosistema institucional de Santiago: gobiernos locales, sector empresarial, universidades, organizaciones sociales y agencias de cooperación que dependen de esta información para diseñar e implementar sus intervenciones.
Más aún, en un momento en que las ciudades compiten globalmente por atraer inversiones, talento y oportunidades, la disponibilidad de información confiable y actualizada se convierte en un factor determinante de competitividad. Las ciudades que no gestionan adecuadamente su conocimiento quedan rezagadas frente a aquellas que sí lo hacen.
Por todo lo anterior, esta advertencia debe ser asumida con seriedad. No se trata de una crítica personal ni de una disputa institucional menor, sino de un llamado a proteger uno de los activos más importantes para el futuro de Santiago. El deterioro de la base de datos estratégica del PES tendría efectos directos en la calidad de las políticas públicas, en la eficiencia de la inversión, en la gestión de riesgos y en la sostenibilidad del desarrollo urbano. Permitir que esto ocurra sería una irresponsabilidad histórica.
Es momento de actuar con responsabilidad, rigor y visión de largo plazo. La ciudad no puede darse el lujo de perder su memoria técnica ni su capacidad de pensar estratégicamente su futuro. Porque cuando se destruye el conocimiento, lo que se pierde no es solo información: es la posibilidad misma de construir desarrollo.
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