¿Avance o contención?

“Los pueblos consiguen derechos cuando van por más, no cuando se adaptan a lo posible”. La frase, atribuida a Sergio Zeta, condensa una verdad histórica incómoda: los derechos no caen del cielo ni brotan de la buena voluntad del poder; se arrancan cuando las mayorías se organizan y empujan los límites de lo permitido. La historia social y política de América Latina es, en buena medida, la crónica de ese forcejeo permanente entre pueblos que avanzan y élites que administran el freno.

Hoy, tras décadas de golpes de estados, derrotas , reacomodos y auge de la ultraderecha, una paradoja atraviesa al campo popular y revolucionario. Aquello que durante años fue denunciado como insuficiente —la democracia representativa— reaparece, para muchos, como un terreno a defender.

En comparación con las dictaduras militares que asolaron la región, asesinaron militantes revolucionarios, desaparecieron estudiantes y aplastaron toda crítica antisistémica, la vigencia de elecciones, parlamentos y libertades formales parece, sin duda, un avance. Pero la pregunta que incomoda es inevitable: ¿hasta qué punto ese avance es real y transformador, y cuándo se convierte en un límite cuidadosamente administrado?

No hay que minimizar el contraste histórico. Las dictaduras no solo suspendieron derechos: intentaron borrar la política misma, impusieron el miedo como pedagogía social y desarticularon cualquier proyecto emancipador. Frente a ese pasado, la democracia representativa permitió reconstruir tejidos sociales, reabrir espacios de disputa, recuperar el discurso público. En ese sentido, sí: fue un avance. Un avance relativo, histórico, defensivo. Un “nunca más” que fijó un piso.

El problema comienza cuando ese piso se confunde con el techo.

La democracia representativa, tal como se consolidó en el ciclo neoliberal, funciona muchas veces como un dispositivo de contención. Garantiza procedimientos —elecciones periódicas, alternancia, libertades civiles— mientras preserva intactas las estructuras de poder económico, mediático y financiero. Se vota, pero no se decide lo esencial. Se participa, pero dentro de márgenes estrechos. Se protesta, siempre que no se cuestione la arquitectura del sistema.

Así, lo que nació como conquista popular corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de administración del descontento. El voto reemplaza a la movilización popular, la institucionalidad suplanta a la organización, la gobernabilidad se impone como valor supremo frente a la justicia social. El mensaje implícito es claro: “No vayan por más. Adáptense a lo posible”.

Aquí aparece la trampa histórica. Cuando el campo popular y revolucionario, golpeado por derrotas y criminalización, reduce su horizonte y su utopia a la mera defensa de la democracia formal, renuncia —aunque sea parcialmente— a su vocación transformadora. Defender derechos básicos es imprescindible; naturalizar la renuncia a ampliarlos es otra cosa. La democracia deja de ser un medio y se convierte en un fin en sí mismo, despolitizada y domesticada.

Los derechos conquistados en América Latina —jornada laboral, sindicatos, educación pública, seguridad social, soberanía nacional— no nacieron de pactos amables ni de consensos tecnocráticos. Fueron producto de conflictos, huelgas, rebeliones, insurrecciones y proyectos que se atrevieron a ir más allá de lo “realista”. Cada vez que los pueblos aceptaron como destino lo “posible”, retrocedieron. Cada vez que tensaron el marco, avanzaron.

Por eso la pregunta “¿hasta qué punto son avances?” no es retórica: es estratégica. Si la democracia representativa sirve para organizar fuerza social, disputar sentido común y ampliar derechos, entonces es una herramienta válida —insuficiente, pero necesaria—. Si, en cambio, se convierte en un altar intocable que exige moderación permanente y desactiva la lucha popular, pasa a ser un freno elegante, un límite con urnas.

El desafío del presente no es elegir entre democracia y autoritarismo —esa elección es obvia y vital—, sino decidir qué tipo de democracia y para qué proyecto histórico. Una democracia que administre la desigualdad o una que la confronte. Una democracia que tolere la protesta o una que nazca de ella. Una democracia de lo posible o una democracia empujada por lo necesario.

Los pueblos no avanzan cuando se resignan. Avanzan cuando recuerdan que los derechos nunca fueron regalos, sino conquistas. Defender lo ganado es imprescindible. Pero ir por más sigue siendo la única garantía de no perderlo todo.