Álvaro Uribe: Fallo condenatorio asesta golpe devastador a derecha colombiana

La condena final contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez no es un episodio aislado; es la culminación de un proceso judicial que se ha extendido por más de una década y media, revelando una ironía implacable. Lo que inició como una arremetida de Uribe contra el senador de izquierda Iván Cepeda, buscando silenciar acusaciones, se ha transformado en el punto más crítico de la carrera política del exmandatario.

Este veredicto condenatorio por fraude procesal y soborno de testigos deja a la derecha colombiana en un rumbo incierto, ya de por sí a la deriva. La historia de esta contienda judicial es un reflejo de cómo las acciones de un líder pueden, con el tiempo, volverse en su contra, marcando un antes y un después en el complejo panorama político de la nación.

El presidente Gustavo Pero describió de manera magistral el significado profundo de este fallo: “Uribe representa la podredumbre de una élite que convirtió al Estado en un instrumento del narcotráfico y el paramilitarismo. Su condena no es solo por sobornos; es por haber envenenado la política con sangre y cocaína. Es el fin de una era de impunidad. Colombia empieza a sacudirse el miedo.”

Génesis de la confrontación

La génesis de este intrincado litigio se remonta a septiembre de 2012. En ese momento, el entonces senador Iván Cepeda Castro realizó un controvertido debate en el Congreso de la República. Cepeda expuso presuntos vínculos de terceros con el paramilitarismo, mencionando nombres que, según sus investigaciones, resonaban en el entorno del entonces expresidente Uribe Vélez.

Lo que siguió fue predecible para muchos: Álvaro Uribe Vélez, conocido por su férrea defensa y su implacable contraataque, decidió emprender acciones legales contra el senador Cepeda. La denuncia se radicó acusando al legislador de supuesta manipulación de testigos, argumentando una trama para obtener testimonios falsos que lo vincularan con estructuras paramilitares. El objetivo del expresidente Uribe era claro: desacreditar y judicializar a su opositor, buscando frenar lo que consideraba una campaña de desprestigio.

Sin embargo, el curso de la justicia tomó un giro inesperado y, para el expresidente Uribe, fatídico. En febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación contra el senador Iván Cepeda. La alta corte no encontró pruebas de que el legislador hubiese incurrido en manipulación de testigos. Lo que era un alivio para el senador Cepeda se convirtió en el inicio de la pesadilla judicial para el expresidente Uribe. Durante esta misma investigación a Cepeda, la Corte halló indicios que apuntaban en la dirección contraria: la presunta manipulación de testigos habría ocurrido desde el entorno del expresidente Uribe.

Uribe: de acusador a acusado

Este hallazgo llevó a la Corte Suprema de Justicia, en julio de 2018, a abrir una investigación formal contra Álvaro Uribe Vélez, en ese momento aún senador, por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El que había iniciado la contienda judicial como acusador, se veía ahora en el banquillo de los investigados, en una ironía histórica que no pasó desapercibida. El 8 de octubre de 2019, el expresidente Uribe rindió indagatoria, quedando formalmente vinculado al proceso.

El clímax de esta fase llegó en agosto de 2020, cuando la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria del expresidente. Aunque Uribe renunció a su curul en el Senado, lo que trasladó su caso a la Fiscalía General de la Nación, y logró su libertad pocas semanas después por decisión de un juez, el daño reputacional y político ya estaba hecho.

El sentido del fallo y la condena final

A pesar de los intentos de la defensa del expresidente Uribe por obstruir el proceso, la Fiscalía, bajo diferentes liderazgos, en dos ocasiones, solicitó el archivo del caso argumentando falta de pruebas. No obstante, los jueces de la República y el Tribunal Superior de Bogotá negaron sistemáticamente estas solicitudes, obligando al ente acusador a continuar con la investigación. Esta tenacidad judicial resultó ser un elemento clave en la prolongación del proceso.

Finalmente, el 9 de abril de 2024, la Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de la fiscal Luz Adriana Camargo, radicó el escrito de acusación formal contra Álvaro Uribe Vélez. Este hecho marcó el paso definitivo hacia la etapa de juicio oral. El 6 de febrero de 2025, se inició formalmente el juicio, con la presentación de pruebas y testimonios clave, incluyendo los de Juan Guillermo Monsalve, un testigo fundamental en el caso, y diversas interceptaciones telefónicas.

Ahora, con la expectación nacional y la mirada puesta en el poder judicial, la Jueza 44 Penal del Circuito Judicial de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, anunció el 28 de julio de 2025 el sentido del fallo condenatorio. Días después, el 2 de agosto de 2025, la jueza hizo pública la sentencia final, condenando al expresidente Uribe a doce años de prisión.

Fue por lana y salió trasquilado

La trayectoria de este caso es un espejo de esta frase popular. Álvaro Uribe Vélez, en su afán por desenmascarar y neutralizar a su opositor, el senador Iván Cepeda, puso en marcha una maquinaria judicial que, lejos de ratificar sus acusaciones, giró en su contra. Lo que comenzó como una ofensiva para "ir por lana" (buscar un beneficio o una victoria), terminó con el expresidente Uribe "trasquilado" (sufriendo una derrota o un perjuicio significativo) casi dos décadas después.

Esta condena es la consecuencia directa de aquella arremetida inicial. Es un golpe devastador que no solo impacta su figura personal y política, sino que deja a la derecha colombiana que ha liderado en un estado de desorientación y vulnerabilidad. El rumbo incierto de esta facción política, que ya de por sí transitaba por un camino tortuoso y a la deriva, ahora se ve acentuado por este veredicto judicial, marcando un antes y un después en el panorama político del país.