Al ritmo que el presidente Abinader está llevando a cabo su cacería de negros (226,117 en nueve meses), muy pronto los haitianos en RD se reducirán a unos cuantos ricos, en su mayoría responsables del caos que vive su país. Siempre que las mafias cívico-militares que facilitan la entrada de negros pobres sean golpeadas con el mismo rigor con que se está realizando su cacería, por su puesto.

Hasta ahora su plan se está realizando exitosamente, ya incluso comienza a preparar su segunda etapa: continuar la cacería entre los dominicanos pobres y débiles.

Es en esa dirección que parece ir la reciente visita a El Salvador del ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, y la ministra de Interior y Policía, Faride Fadul, con el objetivo de conocer el modelo de seguridad de ese país, sus estrategias de combate a la delincuencia y su Centro de Confinamiento del Terrorismo, macrocárcel con capacidad para 40,000 reclusos (la más grande de América Latina), que responde al propósito de Nayid Bukele de convertir su país en una inmensa prisión.

El plan está en marcha: los haitianos negros y pobres para su casa y los dominicanos “malos” para la cárcel o el cementerio.

Pero para ello necesita un modelo y El Salvador le ha parecido el mejor. No se equivoca. Es hoy el modelo por excelencia para los gobiernos partidarios de una represión sin límite contra criminales reales o supuestos, peligroso camino que en todas partes ha conducido a las tinieblas del fascismo.

Ciertamente, Bukele ha logrado una significativa reducción de la criminalidad, pero vaya a qué precio. El Estado de derecho ha sido borrado del mapa, el límite de duración del mandato del presidente ha sido abolido, no existe ningún contrapeso al poder presidencial, todo opositor al gobierno es considerado terrorista y enviado a la cárcel o al cementerio.

Dentro de las decenas de miles de prisioneros (1,086 por cada 100, 000 habitantes, campeón mundial en esa materia) hay miles de inocentes arrestados sin proceso, sin acceso a un abogado y en inhumanas condiciones de detención.

Más de 400 detenidos extrajudiciales han muerto víctimas de torturas, desnutrición y enfermedades curables no tratadas, mientras que los jefes del narcotráfico, con quienes Nayid Bukele ha negociado la reducción de la criminalidad de que se jacta, no solo llevan una vida de lujo detrás de las rejas, sino que siguen dirigiendo sus negocios desde allí.

El pacto entre el régimen Bukele y los narcos no es un secreto. Una investigación del periódico El Faro, el más prestigioso del país, apoyada en una serie de entrevistas con los líderes de los carteles en prisión, así como fuentes de la policía salvadoreña, revela que la paz relativa observada en los últimos años es el resultado de un pacto secreto entre Bukele y los principales grupos criminales.

Amenazas de prisión y ataques sistemáticos del régimen en las redes sociales pesan contra los periodistas que realizaron este trabajo.

Una parte de este pacto consiste en dejar a los líderes del narco dirigir sus redes de delincuentes desde la prisión, sin que sus riquezas y poderes sean afectados, a cambio de mantener una tasa de homicidios y crímenes violentos a un nivel aceptable. El jefe de Barrio 18, uno de los carteles más poderosos del país, afirma, incluso, haber participado directamente en la estrategia electoral de Bukele a cambio de privilegios en la prisión y no interferir en sus negocios.

Es este pacto entre Bukele y los carteles de la droga lo que explica que la réplica de su modelo, que tanto entusiasmo ha provocado en la región, y que a todas luces encanta también a Abinader, en ningún otro país ha logrado una significativa reducción de la criminalidad.

En Ecuador, el estado de excepción decretado por Daniel Noboa no ha frenado los homicidios. Solo ha servido para reprimir a la oposición. Mientras se reprimen las protestas, los carteles se reorganizan.

La supresión de los derechos constitucionales decretados por Xiomara Castro en Honduras, incluyendo la libertad de expresión, tampoco ha reducido los homicidios. El país sigue siendo uno de los campeones mundiales de extorsión y  crímenes violentos.

De manera, que si la próxima fase de la obsesión del presidente Abinader por la seguridad, una vez limpie el país de los indeseados haitianos negros y pobres, es darle a las instituciones que hoy ejecutan su cacería (Policía Nacional, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Ministerio Público, Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila, etc.), la nueva tarea de salir a cazar a reales o supuestos delincuente en los barrios pobres del país, ¡qué Dios meta su mano!

Nos queda, sin embargo, un consuelo: los pobres y débiles también votan, y cuando ven que votan y votan y nada cambia, también se sublevan. Pues que Dios también meta su mano para que eso no ocurra.

Carlos Segura

Sociólogo

Master en sociología, Université du Québec à Montréal, estudios doctorales, Université de Montréal. Ha publicado decenas de artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras, sobre inmigración, identidad y relaciones interétnicas. Es coautor de tres obras sociológicas, La nueva inmigración haitiana, 2001, Una isla para dos, 2002 y Hacia una nueva visión de la frontera y de las relaciones fronterizas, 2002. También es autor de tres obras literarias, Una vida en tiempos revueltos (autobiografía) 2018, Cuentos pueblerinos, 2020 y El retorno generacional (novela), 2023.

Ver más