Una historia empieza a escribirse para la asistencia legal gratuita a la víctima del delito

El pasado miércoles primero de octubre 2025, la Escuela Nacional del Ministerio Público conjuntamente con la Procuraduría General de la República, celebraron un acto solemne para dar la bienvenida a los abogados seleccionados en el primer concurso público llevado a cabo en el país que ejercerán como representantes legales de víctimas en el proceso penal.

Un total de 101 abogados de distintas provincias del país fueron evaluados y seleccionados para ingresar al programa de especialidad en derechos y defensa legal de las víctimas, que será impartido por el Instituto de Educación Superior de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Es la primera vez en el país que se celebra un concurso público para seleccionar abogados que representen gratuitamente los derechos de las víctimas, con lo cual se convierte en un paso histórico y trascendental para el sistema de justicia dominicano, que busca garantizar la igualdad de la víctima en el proceso penal.

Tal como manifesté en un artículo publicado en esta misma columna el 27 de marzo de 2021 titulado:  “La desigualdad procesal de la víctima en la protección efectiva de sus derechos”, hablaba sobre la desigualdad procesal de la víctima frente al imputado, quien goza de una Ley Nacional de Defensa Púbica, de la institución de la Defensa Pública en todo el territorio nacional, mientras que la víctima contaba con muy poco o con nada.

Ante esta realidad, la Procuraduría General de la República creó El Servicio Nacional de Representación Legal de la Víctima (RELEVIC) el 26 de febrero 2007, la cual le otorga independencia funcional, adscrita a la Procuraduría. Su base legal, además de la Constitución de la República y el Código Procesal Penal, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros convenios internacionales de lo cual la República Dominicana es signataria.

A través de RELEVIC se busca que aquella víctima del delito que no cuenta con recursos para costearse una representación legal efectiva de sus derechos, pueda encontrar defensa y representación legal gratuita. Sin embargo, la falta de recursos y la incorporación de abogados por concurso público para su representación, atentaba contra esta buena disposición.

Viendo esta realidad, y como abogada que procura incidir en el fortalecimiento del sistema de justicia, incoé junto a un equipo de abogados ante el Tribunal Constitucional -TC- una acción directa de inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta a favor de la víctima, conforme lo consagrado en el artículo 177 de la Constitución; esta acción llevaba como finalidad lograr que ese máximo órgano de control de la constitucionalidad ordenara a los legisladores adoptar una ley de protección a víctimas que las pusiera en condiciones de igualdad en el proceso penal frente al imputado.

Si bien el TC rechazó dicha acción en fecha 15 de noviembre de 2021, en sus motivaciones reconoció que “el servicio a las víctimas se ofrece de forma limitada; esto así, ante las carencias que presenta dicho servicio tanto en lo relativo a que no existe una oficina en cada provincia o distrito judicial como al hecho de que no dispongan de una cartera de abogados más amplia que le permita brindar asistencia a aquellas personas que funja como víctimas y que lo requieran en los procesos penales del país”. “En definitiva, este tribunal propugna por el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Representación Legal de las Víctimas (RELEVIC) de manera tal que este ─ciertamente─ pueda encontrarse a la par con el Servicio Nacional de Defensa Pública”. (Párrafos 10.17 y 10.19 pág. 25 Sentencia TC/0349/22 y artículo de esta columna Misión Justicia de fecha 4 de noviembre 2022 titulado Reflexiones a la decisión del TC sobre una ley para la víctima).

Hoy, el Estado Dominicano elaboró un plan de concurso público para selección de abogados de RELEVIC y seleccionó 101 ganadores para formarlos, capacitarlos y distribuirlos en cada Departamento Judicial con la finalidad de brindar asistencia y acompañamiento legal a esa persona que ha sufrido un menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales: ella, la víctima.

Esta noticia me hace feliz. Leo atrás cada artículo en el que escribí abogando por los derechos de la víctima, el reconocimiento de sus derechos, su protección, su acceso a la justicia en condiciones de igualdad, y ver que hoy se está haciendo realidad, me conmociona por completo.

La representación legal gratuita a las víctimas del delito es un pilar esencial en la protección de los derechos humanos y en el acceso a la justicia de cualquier Estado de Derecho. Su representación legal gratuita garantiza elevar su voz, que sea escuchada y que pueda defender sus intereses en condiciones de igualdad dentro del proceso penal.

Un abogado que representa gratuitamente a la víctima la orientará sobre sus derechos, evitará que sea revictimizada durante el proceso, gestionará medidas de protección y seguridad, a la vez que velará que sea reparada e indemnizada por el daño sufrido.

Cuando las víctimas son representadas adecuadamente se incrementa la confianza ciudadana en la justicia, se mejora la calidad de las investigaciones (al haber más denuncias sustentadas), se promueve la transparencia y la rendición de cuentas institucional, se fortalece el sistema de justicia.

El Estado por su parte, al ofrecer servicios gratuitos de representación legal a las víctimas, cumple su deber de proteger a las personas más vulnerables frente al delito protegiendo su derecho, con lo que refuerza la confianza de sus instituciones contribuyendo a una sociedad más justa y solidaria.

El Estado Dominicano ha estado en deuda con la víctima ¡y ya está obrando a su favor! Felicitaciones a la Procuraduría General de la República, a la Escuela Nacional del Ministerio Público, a nuestra querida RD. Este es un logro de todos. Es un ganar para todos.