¿Quién cuenta en la Estados Unidos de Trump?

Hace unas semanas, decenas de estadísticos se reunieron con los funcionarios designados por Donald Trump que supervisan el poderoso censo estadounidense, en una austera sala de conferencias, la CC-210A, del centro Thomas M. Menino de Boston.

Normalmente, este tipo de reuniones son mortalmente aburridas. El censo decenal es de importancia crucial para Estados Unidos: no solo es un pilar de la democracia estadounidense, sino también un «eje central del sistema estadístico federal», para citar a la Corte Suprema. Pero los estadísticos que lo administran suelen ser personas muy técnicas, que detestan la política y los reflectores.

Sin embargo, la tarde del 2 de agosto, el equipo de Trump lanzó una bomba política de cara a las elecciones legislativas de medio término de este año y en medio de las disputas más amplias sobre la manipulación de los distritos electorales y la insistencia de Trump en que las elecciones de 2020 fueron amañadas.

Explicaron que cuando Estados Unidos realice su próximo censo, en 2030, las reformas técnicas dificultarán la publicación de datos sobre raza y género. Los estadísticos quedaron sorprendidos, ya que normalmente son ellos —y no los políticos— quienes se encargan de las reformas técnicas.

«¿Qué tan preocupados están de que esto pueda ser percibido como una interferencia política?», preguntó Steve MacFeely, jefe de estadística de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

«Habrá consecuencias [de nuestra reforma]. Eso es inevitable», admitió Michael Hawes, de la Oficina del Censo.

Eso es decirlo suavemente. Preocuparse por el estado de las estadísticas estadounidenses podría no parecer una cuestión urgente, dadas todas las demás disputas políticas explosivas que se desarrollan en Washington. Pero los votantes deberían prestar atención.

Porque en el centro de esta historia hay tres preguntas fundamentales: ¿puede alguien elaborar un retrato preciso de cómo es Estados Unidos en la actualidad? Si es así, ¿cómo debería esto influir en los procesos electorales? ¿Y puede confiarse en estos datos en una era de manipulación, ataques informáticos e inteligencia artificial?

Esto importa. Los padres fundadores de Estados Unidos comprendieron hace 250 años que no se pueden crear sistemas electorales justos sin medir a la población. Por eso, el Artículo I, Sección 2 de la Constitución establece que el Congreso debe realizar un censo cada 10 años, «de la manera que determine la ley».

Desde 1790, los trabajadores del censo siempre han hecho precisamente eso, recorriendo el país para contar a las personas, ya fuera a caballo, a pie o en automóvil —o, en Alaska, en trineos de nieve—.

La Constitución también establece que los resultados del censo deben utilizarse para la asignación de escaños (apportionment), es decir, para distribuir los 435 escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos entre los 50 estados, según la población registrada en cada uno. La distribución de escaños en el Senado permanece fija.

Esto hace que el censo sea altamente político. Pero también tiene importancia económica: el censo determina cómo se distribuyen cada año 1,5 billones de dólares en ayudas estatales y también es fundamental para la actividad empresarial. Los defensores de los derechos civiles sostienen que permite una distribución y representación justa de las minorías.

Hoy, algunos votantes podrían preguntarse por qué estos datos no pueden obtenerse a través de las grandes empresas tecnológicas. Después de todo, estas compañías ya nos rastrean.

Pero el censo estadounidense es un «bien público»: al igual que los pronósticos meteorológicos, sus resultados están disponibles para todos.

«Los datos privados no cubren a todas las personas ni a todas las empresas», afirma Ron Jarmin, antiguo alto funcionario de la Oficina del Censo y veterano de 34 años. «El censo decenal, por ejemplo, es lo único que hacemos como sociedad que intenta llegar a todos y cada uno de los hogares».

El equipo de Trump ahora quiere cambiar esto. Y eso significa que la pregunta de quién debería «contar» en Estados Unidos hoy —tanto en el sentido activo como en el pasivo— está a punto de volverse doblemente explosiva.

Seguir estas disputas es difícil, porque los burócratas de Washington están hoy tan aterrorizados de ser atacados personalmente por grupos políticos que pocos quieren hablar públicamente mientras ocupan sus cargos.

John Abowd, por ejemplo, el serio exjefe científico del censo, ha sido objeto de ataques y descalificaciones en las redes sociales de derecha.

Sin embargo, una persona con una visión privilegiada de estas batallas y que puede hablar de ellas es una antropóloga digital llamada danah boyd —ella escribe su nombre en minúsculas—.

Boyd comenzó su carrera a principios del siglo XXI trabajando para empresas tecnológicas, incluida Microsoft, donde estudió cómo los adolescentes utilizan las redes sociales. Posteriormente creó un centro de investigación donde analizó la desinformación y la forma en que los «incels» —hombres jóvenes que se consideran célibes involuntarios— y los extremistas operan en internet.

Luego, a finales de 2016, justo antes de que Trump fuera elegido por primera vez, observó que activistas de extrema derecha comenzaban a discutir cómo podían piratear y manipular el censo de 2020.

Quedó sorprendida y alertó a la Oficina del Censo, que forma parte del Departamento de Comercio. En 2019, Abowd y sus colegas la invitaron a almorzar y le hicieron una propuesta inesperada: ¿quería incorporarse a sus filas?

Boyd quedó desconcertada.

«Casi dije que no», me cuenta. Como la mayoría de las personas comunes, anteriormente había considerado el censo un tema de investigación aburrido. Pero también sabía, como explica en su próximo libro, Data Are Made, Not Found (Los datos se crean, no se encuentran), que, dado que el censo es «uno de los conjuntos de datos más antiguos y poderosos del mundo… ¿qué mejor lugar podría existir para alguien que estudia la vulnerabilidad y legitimidad de los datos?».

Además, dice, los burócratas sin rostro «querían un testigo» de sus esfuerzos por mantener las normas del servicio civil frente al aumento de las amenazas políticas.

Por eso aceptó la invitación con el mismo espíritu que el escritor Michael Lewis en su libro de 2018, The Fifth Risk, con la esperanza de documentar por qué el Estado administrativo es importante.

«Me había dado cuenta de que el censo era un fantástico ejemplo de infraestructura “aburrida”… [que se vuelve] absolutamente fascinante cuando empiezas a profundizar».

No era la primera vez que el censo provocaba controversia. Ni mucho menos.

Precisamente porque el censo se utiliza para distribuir la representación política, a lo largo de la historia ha habido debates sobre cómo contabilizar a las personas esclavizadas, a los no ciudadanos y a las poblaciones móviles, incluidos los estudiantes, además de disputas sobre la distribución de fondos.

«El comienzo de [nuestros problemas] probablemente se produjo durante las administraciones de Clinton y Bush, con los recortes presupuestarios, las congelaciones de contrataciones y la externalización de servicios», afirma Jarmin, quien —como todos los antiguos y actuales funcionarios del censo con los que hablé— es decididamente apartidista.

«La política de ambos lados simplemente hace difícil realizar tu trabajo día a día».

El hombre que supervisaba la Oficina del Censo mientras se preparaba para el censo de 2020 era Wilbur Ross, antiguo ejecutivo de capital privado a quien Trump había designado secretario de Comercio.

Ross realmente apreciaba el censo, ya que había trabajado en él durante su juventud.

«Creo que hice más para apoyarlo que cualquier secretario de Comercio anterior a mí», me dice, señalando que aumentó los salarios de los trabajadores del censo, amplió la financiación, introdujo reformas digitales y llamó personalmente a 600 alcaldes con el objetivo de elevar las tasas de participación por encima del 99 %, incluso en zonas de difícil acceso como Alabama.

Eso le ganó el respeto interno, según funcionarios del censo.

> «Si hay menos datos, creas tu propia realidad, y las personas que tienen acceso a los datos se vuelven más poderosas».

Sin embargo, Ross también enfrentó fuertes presiones políticas: algunos de los principales asesores de Trump, entre ellos Stephen Miller y Steve Bannon, estaban decididos a eliminar a los «extranjeros ilegales» —es decir, inmigrantes indocumentados— del censo, ya que los responsabilizaban de distorsionar el sistema electoral y la distribución de fondos estatales.

El martes, Trump declaró en Truth Social que los datos del censo demostraban que «¡los no ciudadanos votaron ilegalmente!» en 2020, y que «¡YO GANÉ LAS ELECCIONES!».

Por ello, querían incluir una nueva pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020.

Esto podría parecer poco extraordinario, dado que países como Australia y Canadá ya incluyen esta pregunta, al igual que otras encuestas realizadas por la Oficina del Censo.

«Es simplemente sentido común», me dijo Bannon en 2020.

Pero muchos abogados consideran que utilizar esos datos para distribuir los escaños de la Cámara de Representantes violaría la Constitución, afirma Abowd, aunque se apresura a recalcar que, en última instancia, «corresponde a los tribunales decidir».

Los demócratas también temían que una pregunta sobre ciudadanía pudiera disuadir a algunos de sus simpatizantes de participar en el censo.

En junio de 2019, la Corte Suprema rechazó los esfuerzos del equipo de Trump porque consideró que su justificación había sido «fabricada». No determinó si la pregunta en sí misma era inconstitucional.

Sin embargo, las prolongadas disputas perjudicaron los preparativos del censo y, cuando estalló la pandemia de covid-19, los problemas logísticos y los retrasos se convirtieron en una pesadilla. Obtener resultados precisos de las remotas aldeas inuit de Alaska, por ejemplo, fue extremadamente difícil, ya que debía hacerse antes de que se derritiera el hielo.

«Realmente luchamos para terminarlo», afirma Ross.

Finalmente, los resultados fueron publicados, con un ligero retraso, en abril de 2021, lo que significó que la crucial distribución de escaños se realizó después de que Trump abandonara la Casa Blanca.

Sin embargo, esto pasó prácticamente desapercibido en aquel momento debido a los acontecimientos relacionados con la insurrección del 6 de enero y la llegada de una nueva administración de Joe Biden.

«Nos sentimos aliviados de que nos ignoraran nuevamente», me dijo un funcionario del censo. «Esperábamos que durara».

No fue así.

Para cuando los estadísticos se reunieron este mes en la sala CC-210A de Boston para discutir el censo de 2030, el ambiente se había vuelto sombrío.

En 2021, la administración Biden comenzó a revertir las medidas adoptadas por sus predecesores. Pero eso generó aún más caos.

«Lo que hacen los progresistas también puede resultar contraproducente en ocasiones», afirma Boyd.

Luego, cuando Trump ganó un segundo mandato en 2024, figuras prominentes del movimiento MAGA, como Miller, reanudaron su campaña en torno al censo, pero esta vez con una organización mucho mejor.

Uno de sus objetivos es renovar el esfuerzo para añadir una pregunta sobre ciudadanía.

Los designados por Trump en la Oficina del Censo han elaborado un borrador de memorando que he podido ver y que señala:

> «La aplicación de esta norma excluiría a los extranjeros ilegales y a otros grupos de ciudadanos extranjeros del conteo de población para la distribución de escaños del Congreso».

Una segunda batalla, menos evidente, gira en torno a la privacidad.

En 1954, el Congreso aprobó una ley que incluye el denominado Título 13, que impide cualquier publicación del censo «mediante la cual puedan identificarse los datos proporcionados por un establecimiento o individuo determinado».

Solía ser fácil garantizar esa privacidad, porque los cuestionarios en papel se guardaban bajo llave y nadie podía procesar los datos para identificar individuos.

A partir de la década de 1960 se añadieron más medidas de protección de la privacidad. Por ejemplo, se intercambiaban datos de escala muy pequeña procedentes de regiones donde los individuos podían correr riesgo de ser identificados nuevamente, con datos similares de áreas cercanas.

Pero hoy los piratas informáticos pueden utilizar computadoras potentes —y la inteligencia artificial— para cruzar diferentes conjuntos de datos e identificar a las personas con mucha mayor facilidad.

«La reidentificación se está convirtiendo en un problema para todos los sistemas estadísticos del mundo», afirma MacFeely, de la OCDE.

Por tanto, la Oficina del Censo se enfrenta a mandatos contradictorios: quiere publicar datos detallados y, al mismo tiempo, evitar filtraciones.

La evolución del censo de Estados Unidos

1790

El primer censo se realizó con el propósito de distribuir tanto la representación en la Cámara de Representantes como los impuestos directos entre los estados. En el formulario solo aparecía el nombre del cabeza de familia. Las personas esclavizadas fueron contabilizadas, pero solo tres quintas partes de ellas se incluyeron para calcular la representación y los impuestos.

1870

En el primer censo posterior a la Guerra Civil, los estadounidenses negros anteriormente esclavizados fueron registrados por primera vez por su nombre como individuos libres. Se incorporó una nueva categoría «china», en respuesta a la inmigración china en el oeste del país.

1890

El sistema de tarjetas perforadas electromecánicas de Herman Hollerith fue el primer paso hacia la mecanización del censo. Los tabuladores actualizados se utilizaron hasta 1951, cuando la agencia comenzó a utilizar uno de los primeros computadores modernos no militares.

1910-1920

A medida que la inmigración transformaba la población, la Oficina del Censo —ya convertida en una agencia gubernamental permanente— añadió preguntas sobre la «lengua materna» de los inmigrantes, además de las preguntas existentes sobre su lugar de nacimiento, el lugar de nacimiento de sus padres y su naturalización.

1942-1962

La Segunda Ley de Poderes de Guerra permitió a los funcionarios saltarse las normas de privacidad y utilizar información del censo que contribuyó al internamiento forzoso de estadounidenses de origen japonés. En 1962, ante la preocupación por el uso de computadoras, el Congreso amplió la ley de privacidad del Título 13 de 1954 para proteger la confidencialidad.

1970

Tras el movimiento por los derechos civiles y con el creciente uso de cuestionarios enviados por correo, el censo comenzó a depender cada vez más de que los propios encuestados identificaran su raza. En 1970 se incluyó una pregunta sobre origen hispano a una muestra de encuestados y se amplió a todos en 1980.

2000

Por primera vez, los estadounidenses pudieron identificarse como pertenecientes a más de una raza, en lugar de verse obligados a escoger una sola categoría racial.

2005-2020

Se puso en marcha la American Community Survey para recopilar datos sociales con mayor frecuencia y sustituyó al cuestionario largo del censo decenal. Como resultado, todos los hogares completaron un único formulario corto del censo en 2010 y 2020.

¿Cómo deberían responder los gobiernos?

Algunas figuras de Silicon Valley podrían simplemente decir que debemos aceptar que hoy «no tenemos ninguna privacidad de todos modos», para citar el infame comentario que hizo hace casi tres décadas Scott McNealy, entonces director ejecutivo de Sun Microsystems.

Pero hoy ningún gigante tecnológico —ni político— se atrevería a decirlo, dada la desconfianza de los votantes hacia las grandes tecnológicas y el Gobierno.

Por eso, para el censo de 2020, bajo la dirección de Abowd, la Oficina del Censo implementó herramientas de «perturbación» de datos (fuzzing), incluido un complejo sistema matemático denominado «privacidad diferencial», desarrollado a principios de la década de 2000, entre otros, por Cynthia Dwork, científica informática de Harvard.

Abowd ha recibido varios premios por esta reforma, que cuenta con el respaldo de la mayoría de los estadísticos.

«[Esto] es una técnica de incorporación de ruido a los resultados, y todas las principales oficinas nacionales de estadística de habla inglesa ya utilizan técnicas de incorporación de ruido a los resultados», me explica.

O, como señala Simson Garfinkel, antiguo funcionario del censo, en un libro reciente:

> «No es frecuente que las agencias gubernamentales sean líderes en tecnología, pero con la privacidad diferencial pueden serlo».

Algunos científicos sociales —incluidos algunos de izquierda— se sienten incómodos con el fuzzing. Sin embargo, los grupos MAGA son muy críticos.

El Center for Renewing America, una organización creada por Russell Vought, alto asesor y funcionario de Trump, sostiene, por ejemplo, que «el censo de 2020 fue el más inexacto y poco fiable de la historia estadounidense moderna», debido al fuzzing.

Según esta organización, «14 estados registraron sobreconteos o subconteos estadísticamente significativos, lo que provocó que al menos seis escaños de la Cámara de Representantes fueran asignados ilegítimamente a los demócratas».

El lunes, George Cook, director interino de la Oficina del Censo designado por Trump, emitió un comunicado en el que propuso prohibir la «incorporación de ruido» para el censo de 2030, permitiendo únicamente dos métodos para evitar la divulgación de información: el «agrupamiento» (coarsening) y la «supresión», es decir, reducir drásticamente el nivel de detalle de los datos o no publicarlos en absoluto.

«Eso significa que [el censo] perderá la mayor parte de su valor para las empresas», afirma Abowd. «Tampoco creo que los políticos lo acepten para la redistribución de distritos electorales».

En las últimas semanas han circulado numerosas teorías sobre por qué Trump está impulsando estas reformas.

Algunas atribuyen la medida a la desconfianza más amplia del presidente hacia la experiencia técnica y el Estado administrativo, y/o a su deseo de modificar el proceso de distribución de escaños en beneficio de los republicanos.

Otros creen que las grandes tecnológicas rechazan los datos «perturbados» porque son menos útiles para entrenar modelos de inteligencia artificial, o que los republicanos quieren que empresas privadas orientadas al lucro ofrezcan servicios de datos en lugar del Gobierno.

También he escuchado una teoría más oscura: que, si el equipo de Trump limita los datos públicos, será más fácil definir «la verdad».

«Es el manual de cualquier Gobierno autoritario: si hay menos datos, creas tu propia realidad y las personas que tienen acceso a los datos se vuelven más poderosas», me dijo un destacado académico.

O, como afirma Boyd:

> «No sé si el [equipo de Trump] está intentando deslegitimar los datos, pero esa es la consecuencia de lo que están haciendo».

Pero los funcionarios designados por Trump lo niegan.

El miércoles de esta semana, Cook —junto con Michael Lachanski, otro funcionario de la Oficina del Censo— volvió a reunirse con los estadísticos, esta vez mediante una videollamada, e insistió en que son ellos quienes están tratando de «recuperar la confianza» en los resultados del censo eliminando el «ruido» que podría hacer que los datos parecieran falsos.

Un representante de los pueblos indígenas estadounidenses señaló que, si esto provocaba una «supresión» masiva de datos a escala muy pequeña sobre comunidades reducidareducidas, tendría consecuencias perjudiciales.

Cook, hablando desde la oficina de la Oficina del Censo en Los Ángeles, prometió «involucrarse» con las comunidades preocupadas mediante una «gira de escucha» para tranquilizarlas.
No existe una solución sencilla.

Y aunque muchos demócratas sostienen que los estadounidenses necesitan debatir y medir la raza para hacer frente a las desigualdades, esta no es actualmente la opinión de los dirigentes del censo.

«La residencia… [y] la lealtad deberían ser neutrales respecto del color de piel y no deberían depender ni verse distorsionadas de ninguna manera por características personales irrelevantes, como la raza», señala el borrador del memorando.

En cualquier caso, dado que las reformas al censo de 2030 deben aprobarse antes de abril de 2027, ahora se avecina una dura batalla.

Eso vuelve a colocar a los estadísticos en medio del conflicto.

Muchos altos funcionarios de la Oficina del Censo han abandonado recientemente sus puestos.

«La confianza entre el personal de carrera y los funcionarios designados políticamente es menor de lo que jamás había visto», afirma un antiguo funcionario del censo.

Y si la controversia política se intensifica, eso crea otro riesgo: que el público simplemente se niegue a participar en el censo de 2030.

Después de todo, hay una curiosidad sobre la palabra «datos»: sus raíces lingüísticas proceden de dare, «dar» en latín; data significa «aquello que se da».
No es una coincidencia: las estadísticas surgen de un contrato social, no por arte de magia.

Y si la confianza se rompe, resulta difícil reconstruirla.

Por eso, quién «cuenta» en Estados Unidos importa profundamente ahora.
Piense en ello cuando comiencen las elecciones de medio término.

Gillian Tett. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. Todos los derechos reservados. No copie y pegue artículos de FT ni los redistribuya por correo electrónico o mediante publicaciones en la web.