La disputa entre Panamá y China por el control de infraestructuras portuarias estratégicas y las consecuencias sobre la marina mercante panameña llegó este martes al escenario diplomático de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde representantes de ambos países protagonizaron un intercambio de acusaciones sobre seguridad jurídica, soberanía y comercio marítimo.
Según denunció el Gobierno panameño, el número de buques con bandera nacional retenidos en puertos chinos aumentó significativamente tras la salida del conglomerado chino CK Hutchison de la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en los extremos Pacífico y Atlántico del Canal de Panamá.
El intercambio ocurrió durante una sesión en la que participaron los observadores permanentes de la OEA, categoría que ostenta China desde 2004 y que le permite intervenir en debates, aunque sin derecho a voto.
Panamá denuncia represalias contra su flota mercante
El presidente panameño, José Raúl Mulino, afirmó que las inspecciones y retenciones de embarcaciones panameñas en terminales chinas pasaron de entre 30 y 40 casos mensuales a cerca de 140, una situación que, según dijo, carece de justificación técnica o legal.
Panamá administra uno de los mayores registros marítimos del mundo, con más de 8 mil embarcaciones inscritas.
De acuerdo con las autoridades, el aumento de las restricciones en puertos chinos ha provocado que más de 200 barcos abandonen el registro panameño, lo que podría afectar los ingresos y la competitividad del sector marítimo nacional.
El origen del conflicto portuario
La controversia se remonta a la decisión de la Corte Suprema de Panamá que declaró inconstitucional tanto la concesión otorgada en 1997 a CK Hutchison para operar los puertos de Balboa y Cristóbal como su renovación automática en 2021.
La sentencia obligó a la salida de la empresa de origen hongkonés de unas instalaciones consideradas estratégicas por su cercanía al Canal de Panamá, una de las rutas comerciales más importantes del mundo.
El caso adquirió además una dimensión geopolítica después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reactivara críticas sobre la presencia china en áreas vinculadas al Canal y advirtiera sobre la influencia de Pekín en la región.
China acusa inseguridad jurídica
Durante una intervención ante la OEA, el representante chino Xie Feng cuestionó la decisión de las autoridades panameñas y defendió los intereses de las empresas de su país.
El diplomático sostuvo que la anulación de la concesión transmite una señal negativa para la inversión extranjera y planteó dudas sobre la estabilidad jurídica de Panamá. También aseguró que la decisión judicial estuvo motivada por factores políticos.
La controversia se relaciona además con el intento de CK Hutchison de vender en 2025 parte de sus activos portuarios globales, incluidos los de Panamá, al gestor estadounidense BlackRock en una operación valorada en alrededor de 23.000 millones de dólares, una transacción que encontró resistencia por parte de las autoridades chinas.
La respuesta panameña
El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, rechazó las acusaciones y defendió la independencia de los poderes públicos de su país.
El funcionario afirmó que el fallo judicial respondió exclusivamente a criterios constitucionales y recordó que el Ejecutivo no puede intervenir en las decisiones de la Corte Suprema.
"En Panamá hay democracia y separación de poderes", sostuvo el ministro, quien además aseguró que representantes chinos le solicitaron en varias ocasiones influir para revertir la sentencia, algo que calificó como incompatible con el orden institucional panameño.
Martínez-Acha reiteró que Panamá busca mantener relaciones constructivas con China, pero insistió en que su política exterior es independiente y que el país no pretende convertirse en un escenario de confrontación entre Washington y Pekín.
Disputa refleja rivalidad entre EEUU y China
El enfrentamiento diplomático ocurre en medio de la creciente competencia entre Estados Unidos y China por la influencia económica y estratégica en América Latina. La posición geográfica de Panamá y el papel global de su canal interoceánico convierten al país en un punto sensible dentro de esa disputa.
Aunque el Gobierno panameño insiste en que la decisión sobre los puertos responde a criterios jurídicos internos, las reacciones de Pekín y el interés manifestado por Washington evidencian que el conflicto trasciende el ámbito comercial y forma parte de una competencia geopolítica más amplia.
Compartir esta nota
Sigue leyendo
{{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}