Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, han consolidado su poder bajo una estela de muerte de opositores y críticos de su Gobierno, según un análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) divulgado este lunes en Costa Rica.

En el análisis titulado 'La dictadura Ortega-Murillo: el poder asentado en la muerte', ese centro de pensamiento señala el caso de los nueve opositores y críticos con el régimen sandinista que han fallecido bajo custodia del Estado en los últimos siete años, el último el pasado mayo.

"El historial necrófilo de los Ortega-Murillo se remonta en el tiempo, incluso antes de 2018; sin embargo, en la medida que han afianzado su decisión de permanecer en el poder a toda costa como una dinastía, radicalizaron también la violencia estatal y la crueldad, convirtiéndolas en políticas permanentes y dando lugar a la sistemática comisión de crímenes de lesa humanidad", sostiene el Cetcam, integrado por investigadores centroamericanos de distintas disciplinas.

Argumentan que esta política se hizo evidente cuando las autoridades decidieron aplacar las protestas ciudadanas del 2018 y 2019 usando violencia letal, que incluyó "el desalojo violento de los recintos universitarios ocupados por los estudiantes", alegan los expertos de la Cetcam.

El 18 de abril de 2018 estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, tras responder con la fuerza.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como "intento de golpe de Estado", dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron "más de 300″.

Los años más recientes han estado marcados por asesinatos y atentados criminales en contra de personas exiliadas, principalmente Costa Rica, como una modalidad de persecución transnacional, como sucedió con Rodolfo Rojas, Roberto Samcam y Joao Maldonado, advierten.

"En todos los casos, los atentados o asesinatos son cometidos con saña y crueldad, y organismos de derechos humanos han constatado que más allá de los autores materiales, las motivaciones han sido políticas", apuntan.

Asimismo, la Cetcam alerta que la práctica sistemática de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles a personas prisioneras políticas desde 2018 hasta la actualidad "es otra de las expresiones de esta lógica necropolítica".

A eso se suman la negación de atención médica oportuna y adecuada a personas prisioneras de conciencia, exposiciones públicas forzadas para negar la desaparición forzada, la crueldad y las torturas a las que son sometidas, agregan.

"Este recuento pone en evidencia que la dictadura realiza estas macabras prácticas como una decisión consciente y premeditada, sin que le importe la humanidad de los nicaragüenses en general, y de las personas prisioneras políticas en particular", valoran los expertos.

Para los expertos de la Cetcam, esas son prácticas que constituyen crímenes de lesa humanidad.

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