El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, vuelven hoy a personarse ante un juez federal de Nueva York en lo que supone la segunda audiencia de su proceso judicial por cargos relacionados con narcotráfico.

Maduro y Flores llegaron al Tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York esta madrugada, alrededor de las 4:00, hora local (8:00 GMT), y a las 11:00 se personarán ante el juez Alvin Hellerstein.

Los acusados fueron trasladados de la prisión de Brooklyn en la que permanecen recluidos en un convoy de tres furgonetas cerradas y sin ventanas, según la cadena CNN.

En la primera audiencia de este caso, el matrimonio llegó a la corte en helicóptero.

A las afueras del tribunal, hacían fila para entrar decenas de personas, en su mayoría periodistas.

También se concentraba desde temprano un grupo que acudió a las intermediaciones de la corte para mostrar su apoyo al depuesto mandatario.

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

En su primera comparecencia, Maduro se declaró "no culpable" y se definió a sí mismo como un "prisionero de guerra", tras haber sido capturado en Caracas el pasado 3 de enero por fuerzas especiales estadounidenses.

Los abogados de la pareja, Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly, presentaron recientemente un documento en el que solicitaban la desestimación de los cargos y alegaban que el Gobierno de EE.UU. revocó las licencias que permitían usar fondos venezolanos para sufragar su defensa, lo que califican de "error administrativo".

Por su parte, la fiscalía ha pedido al juez que prohíba a los acusados compartir material probatorio con coacusados prófugos, entre ellos el aún ministro del interior de Venezuela, Diosdado Cabello.

Según el Gobierno, existe un "riesgo real de violencia" y el entorno de Maduro podría utilizar la información para identificar y tomar represalias contra testigos y sus familias en Venezuela.

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