La ley contra el odio en Venezuela podría cambiar para siempre: este martes, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió su reforma al Parlamento.
Esta norma ha sido señalada por organizaciones no gubernamentales y por la oposición como parte del "marco legal represivo" aplicado en los últimos años contra periodistas, defensores de derechos humanos y personas críticas al chavismo.
A continuación, cuatro claves de la criticada ley:
El contenido
La 'Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia' fue impulsada en 2017 por el entonces presidente Nicolás Maduro, hoy detenido en EE.UU. desde enero.
Tiene 25 artículos y prohíbe partidos políticos u organizaciones sociales que promuevan "el odio, la intolerancia y la guerra", así como mensajes en medios de comunicación y redes sociales con ese contenido.
Entre los castigos, contempla la prisión de diez a veinte años a quien "fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia", así como la revocatoria de la concesión al "prestador de servicio de radio o televisión que difunda mensajes" de ese tipo.
El objetivo de la ley, según su primer artículo, es "contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco".
Si bien puede parecer un instrumento de protección, la sociedad civil y la oposición, así como organizaciones internacionales, denuncian que ha sido usado para perseguir a la disidencia política y restringir la libertad de expresión.
La práctica
Los expertos han alertado de la ambigüedad en su contenido, lo que otorga un amplio margen de interpretación y discrecionalidad para acusar y sancionar cualquier tipo de comentario u opinión.
La ONG Espacio Público -dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión- afirma que la norma ha sido utilizada "de manera selectiva contra la disidencia y el periodismo".
En ese sentido, advierte que la ley "utiliza la justicia para criminalizar el pensamiento crítico, sancionar la contraloría de la gestión pública, afectar legalmente a quienes cuestionan al Estado y restringir el ecosistema informativo".
La organización señala que "la norma opera de manera sistemáticamente sesgada" y que, entre 2017 y 2024, se registraron más de 120 casos de vulneración de la libertad de expresión vinculados a la ley.
La propuesta
Delcy Rodríguez expresó este martes que, si bien cree "en los principios de esa ley", esta "lamentablemente fue mal aplicada" y "se hizo un uso abusivo" de ella.
Según una carta al Parlamento difundida por la líder chavista este martes, la propuesta, que pidió sea considerada "con carácter de urgencia", consiste en una "reforma parcial" para "avanzar en la despenalización de las conductas previstas" en la ley, como parte de las acciones del Gobierno para "transformar el sistema de justicia penal" y "favorecer el reencuentro y convivencia democrática".
El presidente del Parlamento y hermano de la mandataria interina, Jorge Rodríguez, anunció este mismo martes la conformación de una "comisión especial" de once diputados que se encargará de redactar el proyecto de reforma.
En febrero pasado, Jorge Rodríguez había admitido un uso inadecuado de la ley y consideró posible su reforma.
Organizaciones de distinta índole exigen que la ley sea derogada.
El origen
La ley fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada en agosto de ese año, tras asumir las competencias del Parlamento, controlado entonces por la oposición, que denunció un "golpe de Estado".
El objetivo de la ley, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales, consistió supuestamente en "fortalecer" la carta magna.
Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa de Maduro para acabar con los supuestos mensajes de "odio" que, según el oficialismo, desataron las protestas entre abril y agosto de ese año, que dejaron más de 120 muertos.
La ley está firmada por Delcy Rodríguez, quien entonces presidía la Constituyente, y el resto de la junta directiva de este órgano que estuvo integrado únicamente por oficialistas y fue rechazada por buena parte de la comunidad internacional, incluyendo España, Estados Unidos y la Unión Europea.
La propia presidenta encargada había pedido entonces a "todo" el país suramericano "activarse para la implementación" de esa ley.
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