La gestión de los miles de fallecidos por los terremotos que sacudieron el centro-norte de Venezuela el pasado 24 de junio se ha convertido en una segunda emergencia para las familias que intentan localizar, identificar y sepultar a sus seres queridos.
Una investigación conjunta de Bellingcat, Efecto Cocuyo, la Alianza Rebelde Investiga, integrada por El Pitazo, Runrunes y TalCual, y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) documentó la apertura de un amplio espacio de entierro junto al cementerio La Esperanza, en la parroquia Carayaca, estado La Guaira.
El trabajo periodístico, publicado el 6 de julio, combinó imágenes satelitales, videos difundidos en redes sociales, herramientas de geolocalización y reportería en el terreno. La investigación identificó trincheras, ataúdes, maquinaria pesada y camiones refrigerados, pero advirtió que no fue posible confirmar el contenido de los féretros observados en las grabaciones.
Desde la publicación del reportaje, la cifra oficial de fallecidos ha seguido aumentando. Al 12 de julio, las autoridades contabilizaban 4,490 muertes, 16,740 personas heridas, 6,462 rescatadas y 17,907 sin hogar.
Dos terremotos en menos de un minuto
Los dos movimientos, de magnitudes 7.2 y 7.5, se produjeron con menos de un minuto de diferencia y estuvieron entre los más fuertes registrados en Venezuela en más de un siglo. El impacto alcanzó Caracas y otras zonas del país, pero La Guaira, en la costa norte, figura entre los territorios más afectados.
La magnitud de los daños desbordó hospitales, morgues, servicios forenses y sistemas de almacenamiento de cadáveres. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió desde los primeros días que numerosos cuerpos permanecían expuestos mientras los servicios forenses funcionaban en condiciones precarias y con importantes limitaciones para registrar, conservar e identificar a las víctimas.
El 11 de julio, un día antes de la última actualización del número de fallecidos, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que 315 víctimas permanecían sin identificar. Las autoridades también reportaron 856 edificaciones afectadas, de las cuales 190 habían colapsado completamente o presentaban fallas estructurales.
El terreno habilitado junto al cementerio La Esperanza
El lugar identificado por la investigación se encuentra junto al cementerio municipal de La Esperanza, al suroeste de Catia La Mar.
Las imágenes satelitales mostraron que el 25 de junio, un día después de los terremotos, la parcela todavía estaba cubierta de vegetación. Entre el 25 y el 27 de junio comenzó el despeje del terreno, cuya extensión aumentó posteriormente hasta ocupar aproximadamente dos o tres hectáreas.
Bellingcat comparó los videos difundidos en Facebook, Instagram y TikTok con la vegetación, las montañas, la topografía y otros elementos visibles en el entorno. La coincidencia de los árboles, las elevaciones y una carpa blanca permitió ubicar las grabaciones en la misma zona y establecer que correspondían al período posterior al desastre.
En una de las imágenes aparecían alrededor de media docena de ataúdes dentro de una trinchera y otros féretros sobre un camión. La investigación aclaró que no pudo verificar si contenían restos humanos ni determinar si correspondían a las víctimas posteriormente enterradas en ese espacio.
Un equipo de la alianza periodística también visitó el cementerio y constató la presencia de maquinaria, trabajadores y camiones refrigerados. Residentes de la comunidad afirmaron que el movimiento comenzó el 26 de junio, dos días después de los terremotos.
Reportes de cuerpos enterrados con números y códigos
Informaciones publicadas el 6 de julio por la Agence France-Presse (AFP) y Deutsche Welle (DW) daban cuenta del entierro de unos 150 cuerpos no identificados en sepulturas marcadas individualmente.
Según esos reportes, cada espacio estaba identificado con un número de parcela y un código, con el propósito de permitir una posible identificación y exhumación posterior. La investigación no pudo determinar si esos cuerpos eran los mismos que aparecían en las trincheras difundidas en redes sociales o si se trataba de entierros diferentes dentro del mismo terreno.
Un reporte posterior de Reuters señaló que voluntarios habían sepultado a 314 víctimas en La Esperanza hasta el 7 de julio, muchas de ellas todavía sin identificar. La cobertura también documentó dificultades de las autoridades para asumir todos los entierros y restricciones impuestas a periodistas que intentaban ingresar al lugar.
No toda fosa compartida implica un entierro clandestino
Uno de los elementos centrales de la investigación es la diferencia entre una trinchera de entierro temporal y una fosa clandestina utilizada para ocultar cuerpos.
Oran Finegan, director de Acción Forense Internacional y antiguo jefe de medicina forense del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), explicó a los investigadores que las trincheras extensas pueden utilizarse en desastres con un elevado número de fallecidos cuando no resulta posible preparar inmediatamente tumbas separadas.
De acuerdo con el especialista, las imágenes de La Esperanza parecen corresponder a un espacio organizado para conservar cuerpos de forma temporal o realizar entierros identificables. La investigación no encontró evidencias de que las víctimas fueran depositadas clandestinamente y sin ningún procedimiento.
La utilización de un terreno compartido no constituye por sí sola una irregularidad. El elemento decisivo es que cada cadáver sea registrado, fotografiado, marcado con un código único y colocado en una ubicación precisa que permita recuperarlo posteriormente.
También deben conservarse los objetos personales, muestras biológicas, huellas dactilares, expedientes odontológicos y cualquier información suministrada por los familiares.
El CICR, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Organización Mundial de la Salud recomiendan utilizar sepulturas claramente delimitadas, documentadas y rastreables. El lugar exacto de cada cuerpo debe quedar registrado para facilitar futuras exhumaciones e identificaciones.
Servicios forenses sin capacidad suficiente
La investigación periodística recogió testimonios de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que describieron limitaciones en los procedimientos de identificación.
Según esas fuentes, después de varias horas de descomposición resulta necesario restaurar los tejidos de los dedos para recuperar las huellas. En casos más avanzados, los especialistas deben recurrir a procedimientos adicionales para obtener impresiones dactilares.
Los funcionarios consultados afirmaron que el país no contaba con suficientes equipos de odontología forense, antropología forense, anatomía patológica y análisis de datos para responder a una emergencia de esa magnitud. La identificación dependía en numerosos casos de documentos encontrados junto a los cuerpos, prendas de vestir, cicatrices, tatuajes y datos suministrados por familiares.
Esos mecanismos pueden ayudar a establecer una identidad preliminar, pero no siempre ofrecen garantías. Una cédula colocada sobre un cadáver, por ejemplo, puede pertenecer a otra persona o haber sido intercambiada durante los traslados.
La Associated Press también documentó que los equipos forenses enfrentaban dificultades para recoger y conservar los cuerpos. Un técnico estimó que entre un 60 % y un 70 % de las víctimas eran reconocidas inicialmente por familiares o vecinos, muchas veces mediante señales físicas o la ropa.
Familias denuncian cuerpos identificados y posteriormente extraviados
Más allá de los cadáveres inicialmente no identificados, la investigación documentó denuncias sobre víctimas que habían sido reconocidas por sus familiares, pero cuyo paradero dejó de conocerse después de ser trasladadas entre hospitales, morgues y depósitos provisionales.
Testimonios recabados en la morgue de Bello Monte y en el espacio temporal habilitado en Los Silos, en el puerto de La Guaira, permitieron identificar al menos seis casos en los que los familiares no lograban localizar cuerpos que ya habían sido reconocidos.
Entre ellos se encuentra Amir Ismael Infante Galván, un adolescente de 16 años que pasó unas 14 horas bajo los escombros en Playa Grande. Su familia lo reconoció después de que falleciera en un centro médico y recibió un número para retirar el cuerpo. Al día siguiente, las autoridades les informaron que el código era incorrecto y que el cadáver ya no estaba en la morgue.
La investigación también documentó el caso de Fabiana López, quien murió junto con sus dos hijos pequeños tras el colapso de un edificio en Tanaguarena. Los cuerpos de los niños fueron entregados a la familia, pero el de la madre no fue localizado después de su traslado a Los Silos.
Otros familiares relataron haber recorrido hospitales, morgues y cementerios buscando cuerpos a los que ya se les habían asignado números. En algunos casos, las familias temían que sus parientes hubieran sido enterrados bajo códigos diferentes en La Esperanza o trasladados a otras ciudades.
Autoridades aseguran que aplican protocolos de identificación
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha sostenido que los cuerpos recuperados pasan por procedimientos de identificación que incluyen huellas dactilares, fotografías y odontología forense.
También declaró que las víctimas no serían enviadas a una fosa común. Sin embargo, la investigación señaló que no quedó claro si la mandataria se refería a impedir entierros clandestinos o a descartar cualquier modalidad de sepultura colectiva y temporal.
El Ministerio Público, el CICPC y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF) no respondieron las solicitudes de información remitidas por la alianza periodística antes de la publicación del reportaje.
La ausencia de una explicación institucional detallada impide establecer cuáles procedimientos fueron aplicados antes de los entierros, qué base de datos concentra la información, cuántos cuerpos han sido exhumados o entregados y cómo pueden las familias consultar los códigos asignados.
Preocupación por la posible cremación de cuerpos no identificados
El presidente de la Asociación de Profesionales del Sector Funerario de Venezuela (Asoproinfu), Davenio Velásquez, afirmó que existía un plan para colocar cuerpos no identificados en 500 espacios individuales habilitados en Caracas.
Según sus declaraciones, aquellos que no fueran reclamados podrían ser exhumados y cremados después de seis meses. La investigación no pudo obtener una respuesta posterior de la asociación que permitiera precisar el alcance, la ubicación o el estado de ese protocolo.
Finegan consideró que un período de seis meses resulta insuficiente ante un desastre de semejante dimensión y advirtió que la cremación elimina definitivamente la posibilidad de efectuar futuras identificaciones.
Las recomendaciones internacionales indican que los cuerpos no deben ser cremados antes de una identificación positiva. La conservación de los restos permite realizar posteriormente pruebas de ADN, análisis odontológicos, estudios antropológicos y otros procedimientos que podrían no estar disponibles durante los primeros días de una emergencia.
Los cadáveres no suelen provocar epidemias después de un terremoto
Las instituciones internacionales también han advertido que los cuerpos de personas fallecidas por traumatismos durante desastres naturales no representan, por regla general, una fuente significativa de epidemias.
La creencia de que los cadáveres deben ser enterrados o cremados inmediatamente para prevenir enfermedades puede conducir a procedimientos apresurados, pérdida de información y sepulturas sin identificación.
El riesgo sanitario principal después de un terremoto suele estar relacionado con la falta de agua potable, el hacinamiento, la interrupción del saneamiento, las heridas sin atención y las condiciones de los refugios, no con la presencia de personas fallecidas por colapsos estructurales.
Una emergencia que continúa creciendo
El reportaje sobre La Esperanza fue publicado cuando el balance oficial era de 3,535 fallecidos. Seis días después, la cifra había aumentado a 4,490, casi un millar de muertes adicionales.
El incremento continuo confirma que la recuperación, identificación y entrega de cuerpos seguirá siendo una tarea prolongada. También plantea el riesgo de que el número de víctimas sin identificar aumente a medida que sean removidos nuevos escombros y se recuperen restos en avanzado estado de descomposición.
La respuesta no depende únicamente de abrir espacios para los entierros. Requiere una base de datos centralizada, registros fotográficos y dactilares, conservación de muestras genéticas, coordinación entre hospitales y morgues, comunicación con las familias y mecanismos transparentes para consultar los números asignados a cada cuerpo.
Sin esas garantías, una persona fallecida y recuperada puede convertirse administrativamente en una persona desaparecida, mientras sus familiares quedan sin un cuerpo que sepultar y sin certeza sobre el lugar donde descansan sus restos.
Fuente: Bellingcat, Efecto Cocuyo, Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por El Pitazo, Runrunes y TalCual, Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
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