Por primera vez en cinco años, los delitos sexuales contra menores bajaron en China. El dato, publicado el 1 de junio de 2026 —Día Internacional del Niño— en el Libro Blanco de la Fiscalía Popular Suprema (2025), es interpretado por Pekín como la primera evidencia estadística de que su política de tolerancia cero está funcionando.
Según el informe, en 2025 las acusaciones formales por violación y abuso sexual de menores descendieron un 5,5% respecto al año anterior, hasta alcanzar 42.873 personas procesadas. Los delitos contra niños menores de 14 años también bajaron un 6%.
Ambas cifras representan la primera reducción sostenida desde 2020. En total, la Fiscalía procesó a 72.807 personas por delitos contra menores durante el año, un 2,2% menos que en 2024.
La agencia estatal Xinhua destacó los resultados como un respaldo directo a las reformas judiciales impulsadas en los últimos meses, en particular a la directriz emitida en febrero de 2026 por el Tribunal Supremo Popular.
La norma de febrero: pena de muerte sin salida
La directriz, anunciada a comienzos de febrero de 2026, autoriza la aplicación de la pena de muerte en los casos de abuso sexual infantil catalogados como "extremadamente graves".
Lo que la distingue de normas anteriores es su carácter absoluto: una vez dictada la condena capital, no se contempla ningún beneficio legal posterior. Sin reducción de sentencia. Sin conmutación de pena. Sin indulto de ningún tipo.
El Tribunal Supremo Popular justificó la medida en la necesidad de cerrar lagunas jurídicas que, en el pasado, habían permitido a algunos agresores —incluidos funcionarios públicos y directivos escolares— eludir las penas más duras, generando indignación social.
Cuando los delitos impliquen crueldad excepcional o consecuencias particularmente graves para las víctimas, los tribunales deberán imponer la sanción máxima sin margen de maniobra procesal.
La directriz también eliminó la distinción entre "prostitución con menores" y violación, equiparando cualquier acto sexual con niñas menores de 14 años a una violación punible con la pena capital, independientemente del consentimiento.
Los casos que ilustran la política
El Libro Blanco incluyó casos emblemáticos de aplicación de la pena máxima. En la provincia de Guangxi, un hombre identificado como Xie fue condenado a muerte con suspensión de dos años tras ser hallado culpable de violación y abuso sexual reiterado de menores, luego de que la fiscalía demostrara que había utilizado una identidad falsa para acercarse a sus víctimas.
El informe también documentó condenas a muerte inmediata en casos de violencia extrema contra niños en entornos escolares, como señal de que los tribunales están aplicando la directriz de febrero sin atenuantes.
Un marco legal que se construye hace años
La directriz de 2026 profundiza el camino trazado por la enmienda XII al Código Penal de la República Popular China, vigente desde 2021, y por las interpretaciones judiciales de 2023 que ya habían redefinido el tratamiento de los delitos sexuales contra menores.
El 1 de junio de 2026, además del libro blanco, el Tribunal Supremo Popular, el Ministerio de Educación, la Liga de la Juventud Comunista y la Federación Nacional de Mujeres publicaron conjuntamente una guía de educación preventiva para menores, con doce ejes de intervención que van desde la formación en valores hasta la prevención del abuso en entornos digitales.
La señal es clara: Pekín apuesta tanto por el castigo ejemplar como por la prevención estructural.
Las reservas que persisten
Organismos internacionales de derechos humanos han expresado reservas ante la medida. Aunque reconocen la gravedad del abuso sexual infantil, advierten que la pena de muerte es irreversible y que su aplicación debe estar sujeta a las más estrictas garantías procesales, especialmente en un sistema judicial donde la revisión independiente es limitada.
China no responde a esas críticas con argumentos jurídicos. Responde con estadísticas. Los datos de junio de 2026 son, para Pekín, el argumento más contundente que tiene.
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