Advierten aumenta la criminalización del colectivo LGBTI en el mundo, pero destaca avance de RD

Hasta 65 Estados miembros de la ONU criminalizan los actos sexuales consensuados entre personas del mismo sexo, un número que en 2025 aumentó por primera vez en casi una década, advirtió este miércoles ILGA Mundo, federación de más de 2.300 asociaciones LGBTI de 170 países.

En un comunicado con motivo de la proximidad del Mes del Orgullo, recordó también que las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo todavía están penadas con la muerte en al menos siete países, y que al menos 63 limitan por ley la libertad de expresión sobre diversidad sexual y de género.

Más Estados han optado por limitar los debates sobre la orientación sexual y la identidad de género, advierte ILGA, quien pone como ejemplo recientes "leyes contra la obscenidad" en China que han censurado la literatura erótica gay.

Entre los países que en los últimos 12 meses han comenzado a criminalizar los actos sexuales entre personas del mismo sexo, el informe cita a Burkina Faso y Trinidad y Tobago, aunque también se advierte que Turquía trabaja en una reforma legal para considerar delito cualquier "conducta contraria al sexo biológico".

ILGA también recordó que en el último año El Salvador emitió una orden que prohíbe el lenguaje inclusivo en la educación, o que Estados Unidos presentó un proyecto de ley para vetar el contenido sobre "disforia de género" dirigido a niños.

Al mismo tiempo en Rusia la represión se ha intensificado desde que se declaró el movimiento LGBTI una "organización extremista", subraya una federación que también recuerda como el Comité Olímpico Internacional "introdujo una política vergonzosa" para no permitir a atletas trans e intersex competir en la categoría femenina.

Avance en República Dominicana, pero…

En cuanto a avances positivos del último año, ILGA destaca que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que los Veintisiete deben reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en cualquiera de los otros Estados miembros, o que miles de personas "desafiaron la prohibición" de la marcha del orgullo en Budapest, en junio de 2025.

También recordó que la República Dominicana descriminalizó los actos consensuados entre personas del mismo sexo en las fuerzas armadas.

En noviembre de 2025, el Tribunal Constitucional (TC) del país caribeño informó que acogió una acción de inconstitucionalidad y declaró no conformes con la Constitución el artículo 210 de la Ley 285 y el artículo 260 de la Ley 3483, los cuales penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo tipificado como sodomía en el Código de Justicia de la Policía Nacional, así como en las Fuerzas Armadas.

Mediante la sentencia TC/1225/25, el Tribunal Constitucional acogió la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Anderson Javiel Dirocie de León y Patricia M. Santana Nina, fundamentada en que las normas impugnadas vulneran la Constitución dominicana en sus artículos 5, 6, 7, 8, 37, 38, 39, 39.3, 40, 40.15, 40.17, 42, 42.1, 42.2, 43, 44, 49, 61.1, 61.2, 62.1, 62.2, 62.5, 138, 253 y 256.

Con la referida sentencia, el Tribunal Constitucional eliminó ambas disposiciones del ordenamiento jurídico, al considerarlas incompatibles con la Constitución vigente.

Jefes de FF.AA. y Policía continuarán política de homofobia

A pesar de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que consideró inconstitucional las medidas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en contra de las relaciones amorosas entre personas del mismo sexo, ambas instituciones indicaron que continuarán aplicando su código disciplinario.

"Somos respetuosos y reconocemos la independencia de los poderes del Estado, pero que quede bien claro, que a pesar de la sentencia, las Fuerzas Armadas continuarán aplicando su código disciplinario sin distinción de quién o quiénes lo violen", dijo el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre.

La misma postura fijó el director general de la Policía Nacional, Ramón Guzmán Peralta, al advertir de que esa institución tiene normas y reglamentos internos que hay que respetar.

Las medidas disciplinarias de los organismos castrenses y de la Policía Nacional estipulan sanciones que incluyen prisión de hasta seis meses para aquellos miembros que se determine sostienen relaciones amorosas con personas del mismo sexo dentro de las filas.