España encadena un par de meses con el debate sobre la migración palpitante, tras múltiples decisiones institucionales: desde la persecución a magrebíes en Torre Pacheco (Murcia); la propuesta de deportaciones masivas en el Congreso hasta el veto a celebraciones musulmanas, con el respaldo del Partido Popular (PP), que ha cedido ante las exigencias de la ultraderechista Vox a cambio de respaldo político. Expertos y activistas de la comunidad árabe disertan en France 24 sobre esta agenda antimigración que ha encontrado tierra fértil en las redes sociales.
La radicalización del discurso antimigratorio del ultraderechista partido Vox no rebajó la intensidad, pese a la polvareda que desató en julio la propuesta de deportaciones masivas contra quienes, en palabras de la portavoz de Emergencia demográfica y políticas sociales de la formación, Rocío de Meer: “No se han adaptado a nuestras costumbres”,
La política, en un intento por reivindicar “el derecho de los españoles de seguir existiendo como nación”, puso en la mira a “más de siete millones (de migrantes), porque —justifica De Meer— tenemos que tener en cuenta la segunda generación”, es decir, los nacidos en España de padres migrantes.
Desde entonces y en un contexto mucho más amplio, los ataques contra migrantes en España, principalmente de origen árabe y musulmán, se han sucedido en playas y parlamentos.
Hicham Oulid Mhammed, miembro de la Comisión Islámica, defiende en entrevista telefónica: “Estamos llegando a un umbral inaudito porque se está alentando un discurso de odio por parte de la extrema derecha con conveniencia a otras facciones políticas que están normalizando esas actitudes”.
Para Pedro Rojo, arabista y presidente de la Fundación Al Fanar, la agenda política contra la migración irregular en España pone el foco en la comunidad magrebí debido a que “en esta retórica de La Gran España, otros migrantes como los latinoamericanos no dejan de ser parte del imperio, mientras que los marroquís son el enemigo número uno”.
En la pequeña localidad de Jumilla (Murcia), la comunidad musulmana ha denunciado persecución del gobierno municipal, conformado por el PP y Vox, a causa de una ordenanza emitida en agosto que impide la celebración del fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero en el polideportivo municipal, una tradición que se ha permitido en al menos los últimos cuatro años.
Si bien la proposición no menciona ninguna práctica religiosa puntual, los únicos afectados en el municipio serán los 1.500 creyentes del islam, que han solicitado el espacio para usos distintos al deportivo.
El Gobierno nacional —liderado por el Partido socialista (PSOE), antagónico al PP— considera que la ordenanza “encubre con toda claridad una vulneración del Derecho fundamental a la libertad religiosa”, según un escrito enviado al Ayuntamiento de Jumilla. Para el presidente de la Fundación Al Fanar: “Claramente (la ordenanza) no es una medida general, sino que va dirigida contra una comunidad en especial”.
La alcaldesa del municipio, Seve González López (PP), sostiene que la ordenanza solo buscar “regular el uso de espacios deportivos” y ha negado cualquier voluntad de discriminación hacia los musulmanes.
Pero el ponente del texto original, Juan Agustín Carrillo, único concejal de Vox en Jumilla, defendió con un tono diferente el veto a las fiestas musulmanas al considerarlas “incompatibles con la identidad, usos y costumbres de la nación española”. Durante su intervención en el pleno municipal sostuvo: "Estamos viendo cómo poco a poco se nos intenta sustituir culturalmente".
El Partido Popular redujo de siete a dos los puntos de la propuesta de Vox con la aplicación de varias enmiendas.
“El PP ha maquillado el texto, pero el objetivo claro de la ordenanza es marginar a la comunidad musulmana y prohibirle hacer esos encuentros pacíficos, comunitarios, porque entienden que eso no hace parte de la identidad española”, enfatiza Rojo.
De los dos millones y medio de personas que profesan el Islam en España (un 5% de la población), casi la mitad tienen nacionalidad española, según el Estudio Demográfico de la Población Musulmana, del Observatorio Andalusí y la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE).
En 2024, El Ministerio del Interior empezó a contemplar la islamofobia como una modalidad del delito de odio en los registros oficiales, lo que ha desvelado que durante el último año se han producido 13 ataques de este tipo, según el informe de delitos e incidentes de odio.
El conteo solo refleja los casos que han trascendido judicialmente. “¿Quién va a denunciar un delito de odio en un entorno de acoso general e inseguridad, si en muchos casos son personas que no tienen ni documentación (legal)?”, se pregunta Rojo, antes de afirmar que “el 90% de los delitos de odio no se llegan a conocer”.
Una encuesta pionera de 2024 de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes concluyó que “solo un 6% de las personas musulmanas que sufren discriminación islamófoba a diario han presentado una denuncia formal”.
’Atentado contra los derechos’… ¿de quiénes?
El argumento de Vox sobre la incompatibilidad de las tradiciones musulmanas con la identidad española se repite como un mantra entre votantes y votados.
Resuena en el Congreso de Los Diputados, donde el partido dirigido por Santiago Abascal presentó en junio de este año una proposición no de ley “en la que se reclama al Gobierno que prohíba el uso del velo islámico, así como cualquier otro atuendo islámico, en todos los espacios públicos”, ya que “atentan contra los derechos fundamentales de las mujeres y son incompatibles con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres”.
Oulad Mhammed describe este comportamiento como una tendencia a “extranjerizar” a las personas de ascendencia magrebí: “Se habla de cualquier musulmán como un intruso en la cultura española, cuando existe una ley desde 1992 que reconoce al islam y a los musulmanes como una parte fundamental de la sociedad española”.
La versión castiza de la teoría del 'gran reemplazo' que pregona Vox, según la cual los forasteros terminarán reemplazando a los locales, empieza a germinar entre la ciudadanía.
Como ejemplo de ello, se ha viralizado un vídeo grabado en la playa de Castell de Ferro (Granada), que muestra cómo un grupo de veraneantes retiene a una docena de migrantes que acaban de desembarcar exhaustos de una patera tras cruzar el Mediterráneo.
En las imágenes se ve a los migrantes braceando hasta tierra firme, antes de ser reducidos por algunos bañistas.La Guardia Civil acudió el lugar para detener a los migrantes.
Rojo, también licenciado en Filología Árabe e Islam (UAM) y máster en Relaciones Internacionales, afirma que “el discurso político con tinte xenófobo elevado a las instituciones normaliza entre la población ese tipo de discurso y actitudes como las vistas en Granada”, que para el experto denota “una securatización de un problema que es en esencia humanitario”
’Cacería' digital
No muy lejos de la costa granadina, solo tres semanas atrás, la ultraderecha incendió la localidad murciana de Torre Pacheco. La chispa saltó por la paliza que recibió el anciano Domingo Tomás sin un móvil aparente, por la que hay tres detenidos de origen magrebí.
Las fotos de la cara amoratada de Domingo se regaron como pólvora en TikTok y Telegram, donde algunos grupos nacionalistas convocaron, en venganza, una “cacería” de migrantes que se prolongó por tres días y dejó al menos 14 detenidos.
Uno de ellos fue Deport Them Now (DTN) —cuyo nombre se traduce como Depórtenlos ahora—, cuya comunidad de Telegram en Murcia pasó de tener decenas de seguidores a superar el millar, tras el estallido de violencia. "Hay que acabar con esta gentuza de mier**" o “muerte a estos hijos de p*** ya” son algunas de las participaciones que se publicaron en el chat.
"Cacería" de migrantes en Torre Pacheco: ultraderechistas aupan una persecución racista en España
El colectivo de alcance internacional consiguió abrir grupos en cada una de las 17 Comunidades Autónomas de España pese a haber sido fundado solo meses atrás durante la “Remigration Summit 25”, un cónclave ultra citado en Milán (Italia), en mayo de 2025.
El grupo general de DTN fue eliminado por orden del Ministerio de Interior. Quien se sospecha que es su líder, Christian L. F., español de 29 años, fue detenido el 16 de julio en Mataró (Barcelona) por un presunto delito de odio.
Rojo reafirma que “las redes sociales han sido clave para dar rienda suelta a un odio que antes estaba más soterrado”. El portavoz de la Al Fanar —fundación que creó el Observatorio contra la Islamofobia en los Medios— condena que “la Unión Europea no haya tenido el coraje para sancionar a estas empresas”.
En los primeros ocho meses del 2025, el Gobierno central detectó más de 600.000 mensajes de odio en redes sociales, de los cuales un tercio fueron eliminados por las plataformas digitales a solicitud de España, según el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.
Las plataformas digitales también se han utilizado en otros países europeos para amplificar el discurso contra los migrantes.
En Irlanda del Norte, colectivos ultras encendieron las calles tras conocerse un caso de agresión sexual perpetrado supuestamente por dos menores extranjeros.
En medio de esos disturbios, las autoridades investigan como delito de odio la quema de una representación en madera de una patera con una veintena de migrantes a bordo con la frase “Stop the boats” (detengan los botes).
Vox escenifica en Murcia su modelo de país
Murcia —región de la que hacen parte Torre Pacheco y Jumilla—, ejemplifica cómo el Partido Popular, que históricamente ha agrupado a la derecha moderada, ha comenzado a adoptar el discurso radical de Vox, bien sea por simpatía ideológica o por supervivencia política, ya que en aquellos municipios donde el PP solo puede gobernar en llave con Vox, el entendimiento mutuo es lo único que les garantiza el ejercicio del poder.
En Jumilla, la ordenanza municipal contra la celebración del Ramadán redactada por Vox fue respaldada por el PP una semana antes de que estos últimos llevaran a votación los presupuestos municipales, para los que era imprescindible el respaldo de los de Abascal.
Rojo muestra su preocupación al percibir que “la agresividad que utilizan (algunas) personas en el día a día contra los migrantes viene envalentonada, ya no por grupos de extrema derecha, sino también por el Partido Popular, que es un partido con historia en el gobierno”.
Entre tanto, Oulad Mhammed, graduado en Filología Árabe y Estudios Islámicos de Universidad de Salamanca hace "un llamado a la mesura” en medio de la crispación: “No se puede sacrificar la convivencia entre dos culturas que ha tomado décadas en construir por objetivos partidarios cortoplacistas”.
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