Hace apenas 30 días, Caracas y otras ciudades a su alrededor despertaron con el estruendo de explosiones y la visión de aviones y helicópteros volando a baja altura. Columnas de humo se elevaban en medio de las montañas que rodean a la capital, mientras el servicio eléctrico se interrumpía en el sur de la ciudad.
Al cabo de dos horas de asedio e incertidumbre, el presidente estadounidense Donald Trump anunciaba en su red Truth Social que fuerzas Delta habían extraído al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, luego de meses de una extrema presión que incluyó la acumulación naval de fuerzas más grande desde la Guerra del Golfo, esta vez en las costas del Mar Caribe.
Para sorpresa de muchos, horas después, en la conferencia de prensa para exaltar el éxito de la operación, Trump anunciaba que la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez se había mostrado de acuerdo en “hacer lo que ustedes necesiten”.
Desde entonces, la ahora presidenta encargada Rodríguez ha mantenido una línea retórica firme respecto a la solicitud de que Maduro y Flores sean devueltos a Venezuela, o sobre la convicción en torno a la llamada “revolución bolivariana”, que gobierna de manera hegemónica desde la llegada al poder de Hugo Chávez, justamente un 2 de febrero, pero en 1999.
Sin embargo, en la práctica la nación petrolera ha avanzado en línea con los cambios propuestos por Trump -que incluso llegó proclamarse presidente interino de Venezuela en una publicación en redes sociales- y por su secretario de Estado Marco Rubio, el interlocutor directo con Rodríguez.
Para sorpresa de todos, el nuevo hilo directo entre Washington y Caracas ha funcionado tal como esperaba la Casa Blanca. Trump se ha referido varias veces a Rodríguez como una persona “fantástica” que está “haciendo un gran trabajo”.
Por su parte, la presidenta encargada no niega la “hoja de ruta de trabajo en asuntos de interés bilateral”, como su cancillería se ha referido a la retoma de relaciones con Estados Unidos, interrumpida desde la primera presidencia de Trump.
Así ha cambiado el país desde la captura de la pareja presidencial y el ascenso al poder de Delcy Rodríguez:
Giros diplomáticos: los cambios en la política exterior
El distanciamiento con Estados Unidos que marcaron tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro, que terminó con la ruptura completa de las relaciones diplomáticas en 2019, parece haber llegado a su fin desde la llegada de Delcy Rodríguez a Miraflores.
El acercamiento ha incluido desde una impensable visita oficial del director de la CIA, John Ratcliffe, hasta la reapertura de la embajada estadounidense, cerrada desde que Trump reconoció al expresidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó como mandatario interino durante su primer periodo de la Casa Blanca.
Luego de años de denuncias de Caracas contra la principal agencia de inteligencia de Estados Unidos, que iban desde intentos de desestabilizar al país, planificar magnicidios y hasta inocular a Chávez con el cáncer que finalmente acabó con su vida en 2013, Rodríguez y Ratcliffe estuvieron dos horas reunidos.
Fue un encuentro particularmente significativo, porque el propio Trump ha reconocido la participación de la CIA en la planificación de la operación que concluyó en la extracción de Maduro, y que muchos analistas y observadores enmarcan en la amenaza que según el magnate republicano sigue pendiendo sobre la cúpula gobernante que encabeza Rodríguez.
Pero al mismo tiempo que se retoman los lazos con Washington, se han cortado, al menos públicamente, los que unían a Venezuela con aliados como Cuba, Rusia, Irán o China.
La orden reconocida abiertamente por Trump de suspender los envíos de petróleo tan vitales para La Habana -que ha incluido la persecución de tanqueros sancionados por parte de la Guardia Costera estadounidense- ha tenido un poder disuasivo sobre otros aliados de la isla.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que había comenzado a suplir parcialmente los suministros de Venezuela, anunció la suspensión de los envíos, que atribuyó a decisiones de la petrolera estatal Pemex “en la relación contractual que tiene con Cuba”, y no a las presiones estadounidenses.
Cielos abiertos: Venezuela de nuevo en el mapa aeronáutico global
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió el 21 de noviembre una alerta la aviación civil por el “aumento de la actividad militar” en el espacio aéreo de Venezuela.
Esa advertencia derivó en la decisión de las pocas aerolíneas internacionales que aún servían a la cada vez más aislada Venezuela de suspender sus vuelos.
En respuesta, el Gobierno de Nicolás Maduro decidió revocarles la licencia de operación, lo que dejó al país casi totalmente desconectado por vía aérea, salvo por algunas líneas nacionales que alimentaban las rutas hacia la frontera con Colombia.
Sin embargo, y pese a las reiteradas amenazas de una “segunda ola” de ataques aún peor que la que terminó con la extracción de Maduro si Rodríguez no se plegaba a sus indicaciones, la Administración de Trump fue la primera beneficiada con la flexibilización del cierre del espacio aéreo venezolano.
Aviones oficiales estadounidenses, la mayoría de carga, fueron los primeros en comenzar a usar de nuevo el principal aeropuerto internacional, el de Maiquetía, como preparación para el reinicio de operaciones en la embajada en Caracas.
El 29 de enero, Trump anunció la reapertura de “todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela” y pronosticó que “los ciudadanos estadounidenses muy pronto podrán ir a Venezuela y estarán seguros allí, ya que estará bajo un control muy estricto”.
Eso allanó el camino para que American Airlines informara de sus planes para “restablecer el servicio directo entre Estados Unidos y Venezuela”, con lo que espera sea un “servicio diario” al país sudamericano.
En la misma línea se pronunciaron la línea aérea portuguesa TAP, la panameña Copa y su filial colombiana Wingo, y se espera que otras más se sumen en los próximos días.
Ley de Hidrocarburos: en línea con las necesidades de EE. UU.
La larga hegemonía estatal sobre la principal industria nacional, el petróleo, también terminó en estos 30 días de cambios de panorama en Venezuela, con la aprobación de una reforma de la Ley de Hidrocarburos, necesaria para que se cumpla el objetivo de Trump de impulsar inversiones en el plano energético.
La nacionalización del crudo, que en 1976 reclamó la propiedad exclusiva para la estatal PDVSA sobre los pozos y yacimientos, se había flexibilizado parcialmente en los años 90, con la llamada “apertura petrolera” impulsada durante el segundo mandato de Rafael Caldera.
Esa política permitió la firma de convenios operativos y asociaciones estratégicas con empresas extranjeras de capital privado que ayudaron a convertir a Venezuela en el cuarto mayor exportador mundial de crudo.
Hugo Chávez revirtió esa apertura, al decretar una estatización que afianzó el monopolio de PDVSA sobre todos los procesos y fijó un modelo de empresas mixtas para sustituir el esquema anterior.
La reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada en apenas dos sesiones de debate por la Asamblea Nacional que preside el hermano de Delcy Rodríguez, Jorge, borra tanto la estatización de Chávez como parte de las condiciones de la nacionalización de Carlos Andrés Pérez.
Por primera vez, abre a los socios privados la perspectiva de tener "la gestión técnica y operativa" de los proyectos, lo que significa una reducción del papel del Estado en la industria, y otorga licencias para la comercialización, un rubro que antes era exclusivo de PDVSA.
Mantiene la propiedad estatal sobre el petróleo y la proporción de las regalías que las empresas privadas deben entregar al Estado (30%), pero da al Ejecutivo la facultad de reducir ese monto para garantizar la viabilidad de los proyectos.
Es una excepción clave para la explotación de la Faja del Orinoco, la mayor reserva probada del mundo, pero también una operación costosa, por las características de sus yacimientos de crudo pesado y extrapesado, que requiere grandes inversiones para la extracción.
La nueva norma exime a los socios privados de una serie de obligaciones fiscales y parafiscales que disuadían muchas potenciales inversiones y establece la figura de laudos arbitrales internacionales para dirimir diferencias.
Es una garantía fundamental para atraer los capitales proyectados por Trump, por el orden de los 100.000 millones de dólares, con los que busca apuntalar su plan de tres pasos en Venezuela: estabilización, recuperación y transición.
Se afloja el puño de hierro: excarcelaciones y Ley de Amnistía
El 8 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la “decisión unilateral” de comenzar la liberación de los considerados presos políticos, una petición que organizaciones no gubernamentales, defensores de Derechos Humanos y factores de oposición habían trasladado tanto a Rodríguez como a Trump y Rubio.
La activista de Derechos Humanos Rocío San Miguel y otros cinco ciudadanos españoles, así como el excandidato presidencial Enrigue Márquez y el periodista y exalcalde Biagio Pillieri, fueron los primeros excarcelados, con medidas cautelares que les impedían hablar sobre sus casos, incluso para los que salieron ese mismo día hacia España.
El proceso de excarcelación ha estado marcado por largas vigilias de familiares alrededor de las decenas de los centros de detención, discrepancias sobre las cifras tanto de liberados como de los aún cautivos y dramáticos testimonios de los que han comenzado a compartir sus experiencias en centros de reclusión como el temible Helicoide.
La lista de excarcelados ha incluido a figuras tan emblemáticas como el yerno del opositor Edmundo González Urrutia, Rafael Tudares, o el defensor de derechos humanos Javier Tarazona.
Mientras que el chavismo asegura haber excarcelado a más de 800 personas, organizaciones como el Foro Penal han validado solo 344 beneficiados por las medidas de libertad condicionada.
Las oenegés reconocen un notable subregistro, por las decenas de nuevos casos que se han conocido desde que comenzó el proceso de liberación, y que corresponden a personas que habían sido convencidas por las autoridades de no formular denuncias públicas, con la promesa de que tendrían mejores perspectivas de salir en libertad si mantenían un bajo perfil.
Pero el avance más importante para los detenidos por motivos políticos se dio el 31 de enero, cuando la presidenta Delcy Rodríguez anunció que impulsará “una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente”, un instrumento con el que espera “reencauzar la convivencia entre los venezolanos”.
¿Reacomodo interno o cambio verdadero?
Delcy Rodríguez ha hecho algunos cambios en su gabinete, que han incluido la salida de figuras clave para Maduro, como el empresario colombiano Alex Saab, al que sustituyó en el Ministerio de Industria Nacional y Producción, o el comandante de la Guardia de Honor presidencial, el mayor general Javier Marcano Tábata.
En línea con los modelos que habían servido para calcular el escenario venezolano ante una eventual salida de Maduro, la Administración Trump ha preferido la interlocución con los factores del chavismo en el poder, y el presidente estadounidense ha citado transiciones fallidas como las de Irak o Libia para justificar esa decisión.
Delcy y Jorge Rodríguez son las cabezas visibles de esa nueva relación, pero la ecuación del poder en Venezuela sigue incluyendo al poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, y al de Defensa, Vladimir Padrino.
A pesar de los esfuerzos iniciales de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, por avanzar de forma más acelerada hacia una transición, la relación entre Washington y Caracas se ha mantenido de forma más bien fluida con la cúpula del “madurismo sin Maduro”, y la oposición no juega de momento un papel en la gestión del país.
De hecho, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, anticipó en una reunión con líderes empresariales que para que se produzcan unas eventuales elecciones en Venezuela es necesario todavía un lapso de 18 a 24 meses.
Es un escenario similar al de otras transiciones a lo largo de la historia, como las que desmontaron las dictaduras de Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana o Francisco Franco en España, pero no deja de ser poco auspicioso para la oposición que reclama mayor protagonismo, ni para el respeto de los lapsos democráticos.
La Constitución de Venezuela establece un máximo de 90 días, prorrogables una sola vez por el mismo periodo, para una presidencia encargada como la que encabeza Rodríguez en la actualidad, al cabo de los cuales se debe proceder a la convocatoria a nuevas elecciones.
Puede parecer una espera muy larga, pero hace apenas 30 días no era ni siquiera una posibilidad remota.
Con EFE y medios locales
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