Desde la reclusión domiciliaria donde cumple una condena por la causa conocida como Vialidad, Cristina Fernández comparece a partir de este 6 de noviembre en un nuevo juicio por corrupción. La expresidenta argentina responde, junto a otros 86 imputados, por el caso Cuadernos, en el que enfrenta cargos por cohecho, por liderar un esquema de sobornos para la asignación de contratos de obras públicas. La lideresa peronista califica el proceso como un “show judicial”.
Cristina Fernández está de nuevo en la mira de la justicia. Luego de haber sido sentenciada a seis años de prisión por las irregularidades en la asignación de obras viales en la provincia de Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, la expresidenta vuelve a ser enjuiciada, ahora por la llamada causa Cuadernos.
En la misma comparecen otros 86 imputados: 65 empresarios y 21 funcionarios públicos que formarían parte de una red, supuestamente encabezada por la exmandataria y su fallecido esposo, el también expresidente Néstor Kirchner, que recaudaba sobornos a cambio de contratos de obras públicas.
La denominación de Cuadernos o “cuadernos de las coimas” se debe a las anotaciones de un chofer, Oscar Centeno, que registró los traslados de funcionarios a los que llevó a recibir los sobornos en efectivo y luego entregarlos a otros puntos, como la residencia presidencial de la Quinta de Olivos y un apartamento de Fernández en el exclusivo barrio de Recoleta.
El fiscal Carlos Stornelli tratará de demostrar que Kirchner lideró una asociación ilícita que llevó a intercambiar 38 pagos por más de 17 millones de dólares y 1,5 millones de pesos, y otros seis por sumas de dinero no precisadas en la lectura de cargos, que se realizó de forma virtual.
Esta primera parte del proceso requerirá de varias audiencias, pues en la del 6 de noviembre apenas pudieron leerse 132 páginas de las 678 que forman parte de la primera causa, y el juicio revisará seis causas en total.
Arrepentidos e investigación periodística alimentan el caso
En la acusación, Fernández de Kirchner aparece como "coautora de 204 cohechos pasivos" y "partícipe necesaria de un cohecho pasivo".
Según la investigación, los empresarios en el banquillo pagaron sobornos o entregaron regalos a funcionarios públicos de distintas jerarquías para conseguir adjudicación de concesiones ferroviarias y de vialidad en general. También acordaron inflar artificialmente los precios en sus ofertas de licitación de obras públicas.
El caso es una derivación de la causa que se siguió en 2017 al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exsubsecretario de ese despacho Roberto Baratta, por las irregularidades en la adquisición de Gas Natural Licuado para el programa Energía Total, por la que fueron sentenciados a cuatro y tres años de prisión, respectivamente.
Durante ese proceso, fue llamada a declarar la exesposa del chofer Centeno, Hilda Horowitz, y éste, por temor a verse involucrado, entregó los ocho cuadernos con 12 años de registros a un amigo, que a su vez los filtró al diario ‘La Nación’.
La investigación posterior a la publicación fue llevada adelante por el fiscal Stornelli y por el fallecido juez Claudio Bonadío, e incluyó peritajes para verificar la autoría de las anotaciones, en medio de acusaciones de la defensa de Fernández de que los cuadernos habían sido alterados.
También se alimentó por la delación de varios empresarios arrepentidos, como Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, Juan Carlos de Goycoechea o Carlos Wagner, parte de una veintena de hombres de negocios que ofrecieron detalles de sus prácticas para ayudar a establecer la ruta de la circulación del dinero de sobornos.
Durante el juicio, la fiscalía tendrá que respaldar los asientos en los cuadernos de Centeno, que es uno de los imputados, con movimientos bancarios de los involucrados y cruces telefónicos para validar las fechas de los encuentros.
Los más de 160 abogados defensores involucrados en el proceso tratarán de demostrar el argumento de que las anotaciones fueron adulteradas, a partir de las enmiendas, tachaduras y caligrafías distintas detectadas durante el peritaje.
Los representantes legales de Fernández, Carlos Alberto Beraldi y Ariel Llernovoy, ya intentaron sin éxito en 2023 la anulación de la causa, argumentando alteraciones detectadas por la Policía Federal y la Universidad de Buenos Aires.
Una cortina de humo
La expresidenta Cristina Fernández apeló a su cuenta de X para emitir un comunicado en el que calificó como una “opereta judicial” el nuevo proceso, que a su juicio busca “distraer la atención” y poner “la agenda judicial al servicio del ajuste” económico que prepara el gobierno de Javier Milei.
Según Fernández, la “operación cuadernos truchos” (fraudulentos), que a su juicio fueron “reescritos 1.500 veces”, se mantuvo en pausa, “siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta”, y el momento llegó cuando se juega “el futuro del trabajo y de las jubilaciones”.
Milei aprovechará los buenos resultados en las elecciones legislativas de mitad de mandato para impulsar sus reformas en busca del equilibrio fiscal, y sentar las bases que hagan viable el auxilio financiero que según Fernández “hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones”.
En su escrito, Fernández también hizo alusión al ministro de Justicia de Milei, Mariano Cúneo Libarona, que presentó su renuncia al gabinete a finales de octubre. “Si no me creen a mí, pregúntenle” a Cúneo, recomendó.
La expresidenta recordó que fue abogado “de uno de los empresarios detenidos y extorsionados” (Sergio Taselli), y aseguró que le recomendó “mentir” e “involucrar a alguno” para salir bien librado del proceso.
Con EFE y medios locales
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