El presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció el cierre paulatino de los centros migratorios que recorren la selva del Darién, argumentando una caída de casi el 98% en los cruces humanos en rumbo al norte del continente. La nueva política migratoria de Estados Unidos, el estricto control panameño y la peligrosidad de la zona han desincentivado el flujo en rumbo al norte, pero aumentando el uso de la ruta para volver.
Panamá oficializa el 'cierre' del Darién como ruta en dirección a Estados Unidos, aunque el flujo de personas que vienen en dirección contraria sigue aumentando. Después de años siendo una de las rutas migratorias más importantes del planeta, la selva del Darién queda clausurada, al menos es lo que anunció el mandatario panameño, José Raúl Mulino.
"No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016 (…) me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña", expresó el jefe de Estado panameño en una conferencia de prensa.
El cierre al que se refirió Mulino alude al cese de las actividades de los centros migratorios impulsados por el Estado panameño en su parte de la selva del Darién. El mandatario detalló que se trata de la clausura paulatina de los centros 'Bajo Chiquito' y 'Canaan Membrillo', en donde el Gobierno de Panamá colaboró durante casi 10 años con organizaciones internacionales para atender a las personas migrantes que llegaban al país tras cruzar la selva.
Dentro de los centros, las autoridades ofrecían acompañamiento y asistencia humanitaria a las personas que llegaban, tomándoles datos biométricos y dándoles un techo de descanso antes de seguir en su camino en rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, Mulino justifica el cierre de los centros porque ya no hay personas que los utilicen, debido al "éxito" de su política migratoria.
"Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Servicio Nacional de Fronteras", señaló el presidente.
La aseveración presidencial tiene su origen en la abrupta caída en el número de personas migrantes que transitaron por la frontera natural entre Panamá y Colombia durante los últimos meses, especialmente después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
En 2016, los números de cruces migratorios comenzaron a elevarse tras el éxodo cubano, llegando a los 30.055 cruces durante el año. En 2021, las cifras escalaron abruptamente e impusieron la tónica de los tres años posteriores: 133.726 en 2021; 248.284 en 2022 y 520.000 en 2023, el récord histórico de cruces.
"El otro flujo": el regreso de los migrantes y el Darién
Como ya había advertido en su campaña presidencial, Trump estaba preparado a regresar a la Presidencia estadounidense acompañado de su narrativa política antiinmigración, que se había convertido en uno de sus estandartes dentro de su plataforma. Desde los primeros minutos de haber sido investido, el republicano hizo realidad sus amenazas.
La eliminación de la aplicación CBP One, la intensificación en la seguridad en la frontera con México y las amenazas por imponer "la mayor operación de deportación" en la historia del país han conseguido, por el momento, su objetivo en la comunidad migrante en Suramérica: orillarlos a que no hagan el viaje.
Sin embargo, la política hostil de Trump también se ha cobrado víctimas en su lado del continente, con cientos de personas migrantes en situación irregular siendo expulsadas del país en los primeros meses de su presidencia; ellos se suman a todas aquellas personas en movilidad que ya se encontraban a la mitad del camino y decidieron dar media vuelta rumbo al Sur.
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En Centroamérica, el mandatario estadounidense ha encontrado aliados para agilizar sus planes de deportación en masa. Mulino, convertido en uno de los aliados de Trump en materia migratoria, oficializó el cierre del Darién como ruta rumbo a Estados Unidos, pero alerta sobre el aumento en los números de cruces fronterizos provenientes del "otro flujo".
"El otro flujo, que viene del norte, comienza a subir. 961 personas, 94 % venezolanos, ha comenzado a bajar del norte", apuntó el presidente panameño, citando datos del mes de marzo.
Sin embargo, las autoridades panameñas reconocen que los números reales que corresponden al flujo inverso que llega al país centroamericano son desconocidos. Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública, subrayó el pasado 7 de marzo que, desde el 1 de enero, unas 3.100 personas migrantes han cruzado a Panamá desde Costa Rica, aunque reveló que muchos lo han hecho por "puntos ciegos" de la frontera, por lo que las cifras exactas son inciertas.
En el norte de Panamá, activistas y organizaciones sin fines de grupo que asisten a las personas migrantes en su retorno han denunciado que las autoridades gubernamentales han dejado solos a los retornados, que buscan continuar su paso por el país con rumbo incierto: algunos, quieren regresar a sus hogares por donde llegaron; otros, no pueden volver por el miedo.
"Venían con su mochila cargada de esperanzas, ilusiones y fe. Ahora vemos personas que están bajando con su mochila llena de desesperanza, frustraciones y de lágrimas (…) Muchos de ellos vendieron sus casas y todo lo que ellos tenían en sus países", mencionó Lucy Najera, parte de la Red Humanitaria Frontera Sur en la frontera entre Costa Rica y Panamá, para France24.
Durante años, la selva del Darién ha sido unas de las rutas migratorias más transitadas del continente, a pesar de sus peligros naturales y la presencia de grupos criminales que controlan las actividades ilícitas que se realizan en el territorio. Con el crecimiento en el flujo migratorio inverso, del norte al sur, el cruce por el Tapón del Darién puede verse en primera instancia como la ruta obvia para el regreso, empero, algunas voces afirman que es todo lo contrario.
“Todos intentan evitar el Tapón de Darién nuevamente (…) Pero lo que estamos viendo esa migración inversa de personas que ya no van al norte, sino que regresan al sur, y muchos de ellos deciden volver a asentarse en Colombia”, expresó Lucas Gómez, exgerente de Fronteras para la Presidencia colombiana, para el medio 'NTN24′.
Panamá, el "agujero negro" para los migrantes
El mes pasado, las autoridades panameñas anunciaron la recepción de 299 personas migrantes retornadas desde Estados Unidos, fungiendo como un "tercer país seguro" desde donde los extranjeros podrían ser repatriados a sus países de origen. Del total, 187 regresaron a sus naciones "voluntariamente" o esperan ser transportados en el futuro próximo, pero 112 dijeron que no.
Provenientes de naciones como Venezuela, China, Irán y Congo, las personas migrantes argumentan que no pueden volver a sus naciones de origen debido al miedo de ser perseguidos por haber salido, por sus ideas políticas, su religión o su origen étnico. Ante ello, el Gobierno panameño decidió moverlos a un albergue temporal cercano al Darién.
El Gobierno ofrece un permiso temporal "humanitario" para regularizar su estancia en el país por hasta 90 días, en lo que ellos, o instituciones como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), pueden dilucidar su destino final.
Para Harold Villegas-Román, profesor de Ciencia Política y experto en la figura de refugio dentro de la Universidad de Costa Rica, la política migratoria de San José y Ciudad de Panamá representan una suerte de "reflexión" de la estrategia implementada por Washington.
"No se presta atención a los derechos humanos, solo al control y la seguridad. Todo es muy turbio y poco transparente", mencionó el académico para la agencia AP.
Además, defensores de Derechos Humanos y las mismas personas recluidas en los 'albergues' han denunciado algunas violaciones a sus derechos fundamentales. Una mujer china deportada desde Estados Unidos denunció que las autoridades panameñas retiraban los celulares a las personas migrantes, además de privarlos de asistencia jurídica durante su estadía.
Hasta el momento, Panamá ha negado el acceso a la prensa dentro de los centros migratorios.
"Panamá no puede acabar convirtiéndose en un agujero negro para los migrantes deportados (…) Los migrantes tienen derecho a comunicarse con sus familias, a buscar abogados y Panamá debe garantizar la transparencia sobre la situación en la que se encuentran", mencionó Juan Pappier, subdirector de Human Rights Watch en las Américas, para AP.
Con AP, EFE, Reuters y medios locales
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