Renuncia el fiscal general de España: anatomía de una polémica condena sin sentencia

Se aparta del cargo el fiscal general del Estado en medio de un convulso panorama político en España.

Álvaro García Ortiz presentó este lunes 24 de noviembre su renuncia al ministro de Justicia, Félix Bolaños, luego de que el pasado 20 de noviembre el Tribunal Supremo lo condenara a dos años de inhabilitación tras considerarlo culpable de revelación de datos reservados.

Sin embargo, se trata de una condena plagada de cuestionamientos, luego de que el Supremo–conformado por cinco jueces conservadores y dos considerados de tendencia progresista–lo declarara culpable aun sin pruebas concluyentes en su contra. 

Una condena que, además, llegó de manera express y fue comunicada, sin que los jueces hayan redactado los argumentos de la sentencia, algo aún a la espera de conocerse.

En su carta, García Ortiz solicita su cese "sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia" del que por ahora solo se conoce el fallo.

"Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española", señala. Asimismo, García Ortiz expresa su "profundo respeto a las resoluciones judiciales" a la vez que subraya la voluntad "siempre presente" en su mandato de "proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales".

Además de la inhabilitación, el alto tribunal impuso al hasta ahora fiscal general el pago de una indemnización de 10.000 euros por “daños morales” a Alberto González Amador, el empresario en el centro del caso, luego de que confesara un delito de fraude fiscal.

El Supremo también ordenó a García Ortiz el abono de las costas procesales del juicio, incluyendo las de la acusación particular que ejerció el empresario.

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Las claves de la inédita condena sin sentencia

El caso inició tras la confesión de fraude fiscal del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del opositor Partido Popular (PP).

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid está siendo investigada por "claros indicios" de que se había servido de "facturas falsas" para defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021, obtenidos por la venta de mascarillas en la peor etapa de la pandemia del Covid-19.

Pero lejos de enfocarse en el fraude fiscal, el proceso dio un giro al poner el foco en la Fiscalía por la presunta filtración de información secreta relacionada con ese asunto.

El caso escaló al Supremo, centrándose en la acusación contra el fiscal general por presunta revelación de secretos. Y, de hecho, hasta ahora, la única sentencia emitida es la que pesa contra del fiscal general por la supuesta filtración de datos.

De los siete jueces, cinco votaron a favor de condenar al fiscal y dos discreparon.

Al declarar durante el juicio, García Ortiz negó las acusaciones de haber compartido con los medios de comunicación el contenido de un intercambio de correos electrónicos entre la Fiscalía y el abogado de González Amador, en el que este proponía que su cliente admitiera dos cargos de fraude fiscal como parte de un  intento de acuerdo para rebajarle la pena.

Posteriormente, González Amador declaró ante el tribunal que no tenía conocimiento de dicho acuerdo y aseguró que la filtración le había "arruinado la vida". 

"O me voy de España o me suicido", llegó a declarar el empresario ante los magistrados.

Mientras aún no se conoce ningún resultado del proceso judicial contra González Amador, la condena contra el fiscal general del Estado llegó rápidamente y pese a que no fueron presentadas pruebas concluyentes que indicaran la culpabilidad de García Ortiz en la alegada filtración de información.

Durante el juicio, los magistrados del Supremo descartaron la declaración bajo juramento de seis periodistas que testificaron ante el Tribunal y aseguraron que el fiscal general no fue la persona que filtró el correo electrónico.

Los comunicadores no divulgaron el nombre de la persona que lo habría hecho, dado el principio de protección de las fuentes. Y la Fiscalía señaló que más de 500 personas tenían acceso al correo en el que González Amador confesó el delito. Hasta ahora, no ha quedado demostrado que el hasta hoy fiscal general fuera la persona que pasó la información a los medios de comunicación.

¿Podrá el cambio de giro en el caso anular las acusaciones contra González Amador?

Durante el juicio, la defensa de González Amador también apuntó a una nota de prensa, emitida por la Fiscalía de Madrid y reconocida por García Ortiz, la cual desmentía que el ente acusador hubiera ofrecido un trato al hombre que confesó el delito para una rebaja de pena, como lo había asegurado a un diario local Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso.

En ese momento, Rodríguez sostuvo, incluso, que el intento de pacto había sido retirado "por órdenes de arriba". Fue entonces, cuando la Fiscalía de Madrid emitió el comunicado para desmentir el "bulo".

Posteriormente, cuando salió a la luz que fue González Amador quien intentó llegar a un acuerdo con Hacienda al confesar dos delitos fiscales, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid admitió que no tenía pruebas cuando hizo la aseveración. "Yo no tengo ninguna fuente. No soy un notario que necesite una compulsa", aseguró Rodríguez cuando declaró ante el Supremo.

Debido a que el fallo contra García Ortiz se produjo sin un escrito de sentencia por parte de los jueces, todavía se desconoce si la condena al hasta hoy fiscal general se sustenta en la supuesta filtración del correo electrónico o en la nota de prensa que emitió la Fiscalía para desmentir al entorno de González Amador y de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre el supuesto ofrecimiento de acuerdo.

La sala que estudió el caso para decidir si llevaba a juicio al fiscal general por este asunto ya había señalado que la mencionada nota de prensa "aparentemente" no incluía datos  "indebidamente revelados", ya que se trató de información para ese momento de conocimiento público, debido a los reportes de prensa.

El caso ha enfrentado al Gobierno minoritario de izquierdas de España con el PP, que ha criticado a la Administración de Pedro Sánchez por varios casos de corrupción.

Algunos analistas políticos y partidos políticos de la izquierda han señalado lo ocurrido como “un golpe judicial”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y algunos ministros sostienen que respetan la decisión del alto tribunal, pero que no la comparten.

Por su parte, la oposición de derecha recrimina al Gobierno por la supuesta violación de la ley y exige, una vez más, la renuncia de Sánchez.

La portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, declaró en X que Sánchez debía disculparse con los españoles, dimitir y convocar a elecciones anticipadas.

Ahora, la defensa del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, una de las figuras más relevantes de la oposición, se encuentra a la espera de si la condena al fiscal le será útil para la anulación que solicita sobre las causas que han llevado al banquillo a González Amador por fraude fiscal.

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