Una supuesta red con operaciones internacionales. La acusación formal, revelada por fiscales federales de Nueva York, describe una estructura que el Departamento de Justicia denomina la “Red RIS”, activa al menos desde 2024 y vinculada, según los investigadores, al aparato de inteligencia ruso.
De acuerdo con el escrito judicial, la red habría buscado reclutar a personas dentro y fuera de Estados Unidos para realizar labores de vigilancia previa y asesinatos selectivos. Sus objetivos habrían incluido principalmente a disidentes y desertores rusos, así como personas o infraestructuras situadas en países considerados aliados de Ucrania.
El Departamento de Justicia sostiene que la organización también habría participado en la planificación o coordinación de actos de terrorismo y sabotaje en Europa.
Los cinco acusados permanecen en libertad y no han sido detenidos. Por tanto, la acusación constituye una imputación y todos ellos se presumen inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
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¿Quiénes son los cinco acusados?
La acusación identifica a tres de los imputados como miembros de alto rango de la supuesta red.
Yuri Khrameev, de 63 años y nacionalidad rusa, es descrito como un antiguo coronel de los servicios de inteligencia rusos. Según los fiscales, habría participado en el reclutamiento de personas para asesinar a individuos considerados disidentes rusos.
Su hijo, Kirill Khrameev, de 27 años, es señalado como oficial del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, el FSB. La imputación le atribuye participación en el reclutamiento de un ciudadano estadounidense para realizar vigilancia sobre un objetivo en Lituania.
El tercer integrante señalado como miembro de alto rango es Oemis Romagoza Durruthy, de 35 años, ciudadano cubano y miembro de la diáspora de la isla residente en Rusia. Los fiscales sostienen que desempeñaba un papel de coordinación y logística para la red.
Los otros dos acusados son Yaidel Delgado Suárez, alias “Viking”, de 35 años y nacionalidad cubana, descrito como un reclutador habitual de la organización, y Ángel Eduardo Castro, de 22 años, ciudadano venezolano. Según la acusación, ambos participaron en el intento de reclutar personas residentes en Estados Unidos para vigilar y asesinar a un disidente ruso.
El supuesto complot para matar a un disidente en EE. UU.
El episodio que sitúa directamente la actividad de la red en territorio estadounidense habría ocurrido durante el verano de este año.
Según la acusación, Suárez y Castro contactaron con un residente de Brooklyn para que vigilara a un destacado disidente ruso al que los integrantes de la red creían residente en Estados Unidos.
Suárez habría proporcionado al reclutado dos ubicaciones relacionadas con el objetivo y le habría dado instrucciones para realizar la vigilancia. A cambio, le ofreció entre 1.000 y 1.500 dólares.
El residente habría realizado la tarea y enviado fotografías y vídeos de los lugares vigilados. Posteriormente, Suárez y Castro le habrían ofrecido 40.000 dólares para “eliminar” o “hacer desaparecer” al disidente.
El residente se habría negado a cometer personalmente el asesinato. Según los fiscales, los reclutadores le preguntaron entonces si conocía a alguien dispuesto a hacerlo.
La acusación sostiene que Suárez llegó a mencionar que la red tenía personas en México que podían ejecutar el crimen, aunque se habrían retrasado.
Los fiscales afirman que Suárez también intentó reclutar a otras personas en Estados Unidos para realizar vigilancia y posibles asesinatos contra el mismo objetivo y otros potenciales blancos.
Un segundo intento de reclutamiento en Europa
La acusación describe otro supuesto plan que habría comenzado el año pasado.
Según señala un informe de la Oficina de Asuntos Públicos de EE. UU., Kirill Khrameev habría reclutado a un ciudadano estadounidense para desplazarse hasta las proximidades de la residencia de una persona ubicada en Lituania y fotografiarla. El ciudadano recibió 200 dólares por realizar la vigilancia.
Posteriormente, según los documentos judiciales, Yuri Khrameev se presentó como su superior y le ofreció 25.000 dólares para asesinar al objetivo.
El antiguo oficial de inteligencia ruso habría justificado el encargo porque la persona estaba, según sus palabras, “difamando” a Rusia y difundiendo la versión de que los rusos eran los agresores.
Cuando el ciudadano estadounidense rechazó el asesinato, Khrameev le habría ofrecido una alternativa: incendiar un almacén o atacar una subestación eléctrica.
Según la acusación, el oficial explicó que el objetivo era atacar a países que apoyaban a Ucrania y ofreció dinero por lo que describió como un trabajo de importancia.
La Fiscalía también relaciona a la supuesta red con dos operaciones de sabotaje en el Viejo Continente durante 2024.
Según la acusación, Durruthy habría coordinado un ataque en Praga y otro en Lituania. En ambos casos, los fiscales le atribuyen tareas relacionadas con la logística de los participantes, incluidos desplazamientos, reservas y comunicaciones.
El caso de Lituania habría tenido como objetivo una instalación que suministraba equipos de radio a Ucrania. En la República Checa, el supuesto plan habría estado relacionado con autobuses, indica el mismo comunicado.
Las autoridades checas y lituanas habían atribuido anteriormente estos incidentes a Rusia, según información recopilada por la cadena estadounidense ‘CBS’.
Los cargos y las posibles penas
Los cinco acusados enfrentan un cargo por conspiración para financiar el terrorismo, delito que contempla una pena máxima de 20 años de prisión.
Yuri Khrameev, Suárez y Castro enfrentan además un cargo por conspiración para cometer asesinato por encargo, con una pena máxima de 10 años de prisión.
La investigación estuvo encabezada por la División de Contrainteligencia de la oficina del FBI en Nueva York, con participación de la oficina del FBI en Washington y de Homeland Security Investigations.
Los fiscales sostienen que la operación fue desarticulada antes de que se consumara el supuesto asesinato del disidente en Estados Unidos.
¿Por qué el caso es relevante para EE. UU.?
El Departamento de Justicia presenta el caso como un ejemplo de lo que las autoridades estadounidenses denominan represión transnacional: operaciones de gobiernos extranjeros dirigidas contra opositores o críticos que se encuentran fuera de sus fronteras.
El fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, John Eisenberg, afirmó que los supuestos planes constituyen una amenaza para la seguridad estadounidense y una violación de la soberanía del país.
El FBI, por su parte, señaló que la investigación buscaba impedir que servicios de inteligencia extranjeros dirigieran actos violentos dentro de Estados Unidos.
El caso adquiere especial relevancia porque, de acuerdo con la acusación, la red no se habría limitado a intentar actuar en terceros países: habría buscado reclutar a personas dentro de Estados Unidos para preparar un asesinato en suelo estadounidense.
La acusación, además, se produce en un contexto más amplio de denuncias occidentales sobre operaciones atribuidas a los servicios de seguridad rusos contra opositores y críticos del Kremlin en el extranjero.
Entre los casos más conocidos se encuentra el envenenamiento en 2020 del opositor ruso Alexéi Navalni, quien sobrevivió y posteriormente regresó a Rusia, donde murió en prisión en 2024.
También están los casos del antiguo agente soviético Alexander Litvinenko, que murió en Reino Unido en 2006 tras ser envenenado con una sustancia radiactiva, y del exagente ruso Serguéi Skripal y su hija, envenenados con un agente nervioso en Reino Unido en 2018.
El Gobierno ruso ha negado su participación en los envenenamientos y en operaciones destinadas a asesinar a críticos del Kremlin.
Un caso que amplía la preocupación por las operaciones rusas
La investigación estadounidense sitúa los presuntos planes dentro de una preocupación más amplia de Washington y de sus aliados por las actividades de inteligencia y sabotaje atribuidas a Rusia en Europa desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania.
Según la acusación, la supuesta red habría combinado el reclutamiento de individuos en distintos países con operaciones de vigilancia, logística, sabotaje y posibles asesinatos.
Ahora, el proceso judicial deberá determinar si las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia pueden ser demostradas ante los tribunales. Por el momento, ninguno de los cinco acusados ha sido detenido y las autoridades estadounidenses continúan tras su paradero.
Con medios locales
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