¿Qué tan frágil es el inicio de José Jerí en Perú y por qué en el país no duran los presidentes?

En la nación sudamericana se instala un nuevo gobierno transitorio luego de que el Congreso aplicara una conocida herramienta de 'impeachment' por incapacidad moral contra la exmandataria Dina Boluarte. El nuevo presidente José Jerí deberá sortear varios frentes para aglutinar legitimidad entre la ciudadanía, algo que su antecesora no logró en casi tres años de gestión.

Este último viernes, Perú amaneció con un nuevo presidente, luego de que el Congreso de ese país destituyera con más de 120 votos a la hasta entonces mandataria Dina Boluarte. José Jerí –quien formalmente encabezaba el Parlamento– juró en el cargo por sucesión constitucional y ocupará el poder de manera interina hasta el 28 de julio de 2026. Esta es la séptima vez que el país sudamericano cambia de gobernante en nueve años de sucesivas crisis políticas. 

Boluarte, quien durante meses ya acumulaba escándalos de presunta corrupción, fue retirada del cargo luego de nuevos cuestionamientos a su gobierno por falta de control frente a la inseguridad ciudadana. Pero Jerí tampoco llega con buen pie al despacho presidencial. En julio pasado, cuando asumió el liderazgo del Congreso, medios locales recordaron denuncias en su contra, que van desde desbalance patrimonial y enriquecimiento ilícito hasta violencia sexual. En redes sociales, usuarios peruanos también han criticado al ahora mandatario por su suscripción a cuentas de contenido pornográfico y expuesto publicaciones suyas con tinte misógino. 

Un presidente frágil y cuestionado ad portas de las elecciones

En diálogo con France 24 en Español, el politólogo peruano Gonzalo Banda resaltó la precariedad política y moral con la que José Jerí llega al poder. Para el especialista, ya es un mal indicador que –al igual que antecesores suyos– Jerí no tenga una bancada medianamente fuerte en el Congreso. Su partido, “Somos Perú”, es uno de los grupos más pequeños del Parlamento, con apenas una decena de integrantes. Esto podría colocarlo en desventaja frente a eventuales presiones desde los grupos que decidan generarle oposición. 

“Es muy precario el futuro político del nuevo presidente Jerí. Nuevamente, todos nuestros actores políticos son muy precarios, pero sobre todo los que detentan grandes posiciones de poder. Somos Perú no es un partido político que tenga una bancada numerosa ni un capital grande, lo que puede acarrearle al oficialismo problemas de contención en el Congreso. Por otro lado, Jerí está cuestionado por situaciones no ideológicas y muy concretas, como la denuncia por abuso sexual”, comentó. 

A este aspecto se suma también el escenario pre-electoral. En abril de 2026, los peruanos votarán por un nuevo Congreso –esta vez, bicameral, tras una reforma reciente que reabre el Senado– y por un nuevo presidente de la República. Banda subraya que la salida de Dina Boluarte se dio en este contexto de intereses de campaña, donde los mismos partidos políticos que por años la protegieron frente a denuncias fueron finalmente los que precipitaron su caída. 

“Apenas en el Congreso se dieron cuenta de que el crédito electoral era más alto que mantener a Boluarte en el cargo, se deshicieron de ella en 24 horas, tomando de eje una situación circunstancial, como la inseguridad ciudadana”, dijo. En ese sentido, Jerí no gozaría de garantías ni puentes en un Congreso que se inclinará por ganar imagen electoral para el 2026.

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La alta criminalidad en Perú: el factor utilizado para la destitución

En los últimos años, redes de delincuentes en Perú han avanzado sin control en su lucrativo negocio de cobrar cuotas a cambio de no matar. Sus víctimas son desde conductores de transporte público hasta músicos de orquestas reconocidas, pasando por pequeños empresarios y dueños de bodegas. Solo en 2025, más de 60 trabajadores de bus han sido asesinados por extorsionadores, lo que llevó al sector a una huelga en las últimas semanas para exigir garantías. 

Aunque la población vive cada vez más acongojada por la rampante inseguridad, el Ejecutivo de Boluarte siguió sin dar la talla para revertir la problemática. “A la ciudadanía en general: no abran esas llamadas, no abran esos mensajes [extorsivos]. Contacto que no tienen registrado en sus contactos no respondan, pero sí den cuenta a la Policía”, había expresado la ahora expresidenta en señal abierta hace apenas tres días. El jueves último, cuando la popular orquesta de cumbia peruana ‘Agua Marina’ recibió balazos en plena presentación en un distrito de Lima, el Congreso acumuló hasta cuatro pedidos de destitución contra Boluarte y aceleró su vacancia.

Para el ex ministro del Interior de Perú, Carlos Morán, el ahora presidente Jerí no solo afronta el desafío de mejorar la seguridad pública en términos técnicos, sino también de generar confianza entre una ciudadanía que ha recibido malos mensajes desde el gobierno. A su vez, recuerda que la Policía de Perú se encuentra en estado precario desde hace décadas y que urgen reformas para alcanzar resultados estratégicos en el ataque a la criminalidad.

“La respuesta política del gobierno en estos últimos tiempos sobre algo tan delicado como la inseguridad ciudadana ha sido realmente lamentable. Y esto no solo corre por los dichos de la ahora expresidenta, sino también por otras expresiones insuficientes desde el ministerio del Interior o la comandancia general de la Policía Nacional. Jerí tiene la oportunidad de pasar a la historia como un gobernante de transición que realmente responda a las necesidades de la población. Particularmente, diría que su ministro del Interior debe tener un perfil sumamente reformista, que inicie verdaderos cambios estructurales en la Policía, con más capacitación de personal, mejor formación, mejor equipamiento y mayor tecnología”, explicó el exfuncionario a France 24 en Español.

Crisis tras crisis: siete mandatarios en menos de una década

Desde 2016, ningún presidente peruano ha culminado el período de cinco años que le corresponde constitucionalmente. Pedro Pablo Kuczynski depuso su cargo en 2018, Martín Vizcarra fue vacado en 2020, Manuel Merino renunció en menos de una semana, Francisco Sagasti gobernó por unos meses para la transición a un gobierno electo, y Pedro Castillo –elegido en 2021– solo estuvo año y medio hasta ser destituido por intentar presuntamente un golpe de Estado. 

Boluarte presidía la nación sudamericana desde diciembre de 2022 pero, al igual que en los casos de Vizcarra y Castillo, fue destituida bajo la figura de la vacancia por “permanente incapacidad moral”. Esta herramienta, prevista en la Constitución peruana, permite al Congreso –actualmente, de 130 miembros– reunir un mínimo de 87 votos para retirar del cargo al presidente tras sustentar que este carece de cualidades éticas para continuar su mandato. Para especialistas consultados por France 24 en Español, la posibilidad de invocar esta causal –polémica por su subjetividad– es, principalmente, lo que le adjudica tanto poder al Parlamento de Perú y lo que ha transformado su sistema presidencialista en un peculiar semiparlamentarismo.

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Una actitud que fue restándole oxígeno a Boluarte

Hasta hace una semana, la ahora expresidenta Dina Boluarte permanecía blindada por la mayoría derechista del Congreso peruano, conformada por partidos como Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, y Alianza para el Progreso, del gobernador y también ex candidato presidencial César Acuña. Otras organizaciones, como Renovación Popular, del alcalde limeño Rafael López Aliaga, también sostenían al gobierno con la fuerza de sus votos. 

Pese a que contra Boluarte hubo otros pedidos de vacancia relacionados a cuestionamientos pasados, estas agrupaciones habían protegido su permanencia desde el inicio de su gobierno. Es decir, ni los muertos durante las protestas antigubernamentales de 2022, ni las denuncias fiscales por corrupción, ni el presunto abandono de cargo mientras se sometió a cirugías estéticas habían sido suficientes en el Parlamento para concretar un ‘impeachment’. No obstante, para politólogos como Gonzalo Banda, la propia Boluarte fue cavando su propia fosa política mientras confiaba excesivamente en la protección del Congreso.

“Los presidentes, por lo general, cuando enfrentan una crisis –por escándalos de corrupción o exabruptos comunicacionales– intentan hacer un control de daños: remueven ministros, expresan disculpas a la ciudadanía o abren espacios a la prensa para dar explicaciones. Pero Boluarte siempre fue desafiante. Uno puede entender que alguien sea desafiante cuando aglutina un gran poder político. Pero, aun sin poder real, Boluarte insistió en recolocar ministros cuestionados, en pechar a los medios de comunicación y en sugerir alternativas absurdas a la ciudadanía frente a la criminalidad. Eso te hace pensar que no tenía contacto con la realidad y que tal vez creyó que el crédito que tenía era infinito”, comentó Banda a este medio.

De acuerdo con la encuestadora Ipsos Perú, hasta septiembre de 2025, Dina Boluarte tenía un inédito 3% de aprobación ciudadana, mientras que el 96% de la población rechazaba su gestión. Jerí, en ese momento como presidente del Congreso, apenas alcanzaba un 5% de respaldo y llegaba a un 79% de desaprobación. Las cifras son similares en otras autoridades e instituciones del Estado, incluyendo a los ministerios, al poder legislativo y a la fiscalía general.

El exministro del Interior, Carlos Morán, explicó a France 24 en Español que en Perú hay un descalabro institucional que será complejo de revertir en los años venideros y que el caso de Dina Boluarte ha graficado el pico más alto de esta crisis de autoridad y representación. “El nivel de la crisis peruana se ejemplifica con esta alianza tácita que ha existido entre el Congreso y el gobierno por casi tres años, para blindar a una presidenta cuestionada, que tenía visos de gran incompetencia y que estaba acusada de graves delitos de corrupción. Todo esto, mientras la delincuencia en las calles crecía ante el estupor y el hartazgo de la gente. No sabemos qué habría pasado si no se producía ese ataque criminal tan público contra Agua Marina, pero los aliados de Boluarte finalmente notaron que no había forma de seguir sosteniéndola”, dijo Morán.

Para este 15 de octubre, diversos gremios y grupos ciudadanos han anunciado un paro nacional contra los actores políticos del Congreso y del Ejecutivo. Las marchas incluyen a organizaciones estudiantiles y a la llamada “generación Z”, con jóvenes que protestan por mejoras en sectores clave, como el transporte y la seguridad. En tanto, José Jerí deberá conformar un gabinete de ministros en las próximas horas, el cual acudirá semanas después al Parlamento para su primer voto de investidura. 

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