El Gobierno de Claudia Sheinbaum anunció una serie de reformas para así usar “toda la fuerza del Estado” ante la crisis de desaparecidos en México, tras el descubrimiento de un presunto campo de exterminio en el estado de Jalisco. El hallazgo ha puesto en la mira de la nación y de todo el mundo las más de 100.000 desapariciones de las que tienen registro las autoridades del país.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su Gobierno fortalecerá la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, frente al reciente descubrimiento de fosas comunes en el estado de Jalisco, relacionadas con un presunto campo de exterminio al occidente del país.
Para la mandataria, el problema de las desapariciones se debe trabajar en conjunto entre las autoridades federales y estatales, las fiscalías y el Poder Judicial, tal como informa ‘El Universal’. Sheinbaum también ha dicho que “en el pasado, la desaparición en México era perpetrada por el Estado, ahora está principalmente vinculada con la delincuencia organizada”.
En ese sentido, la presidenta prometió actuar “en el marco de la ley y con toda la fuerza del Estado” ante estos delitos que deben “prevenirse, atenderse y sancionarse”.
Dentro de las medidas anunciadas por la Administración de Sheinbaum para hacer frente a esta crisis están los cambios a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada para crear la “base única de información forense” con datos de las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, junto con la creación de una “plataforma federal de identificación humana”.
"Estamos comprometidos en brindar certeza y verdad a las familias de las personas desaparecidas, esclarecer los hechos mediante la información que se obtenga de la evidencia científica y se persiga a los responsables. No habrá impunidad. Nunca ocultaremos nada", subrayó la jefa de Estado.
La presidenta prometió también nuevos protocolos para generar una alerta de búsqueda inmediata de todas las corporaciones y entidades del país, abrir de inmediato investigaciones sin necesidad de esperar 72 horas, equiparar el delito de desaparición al de secuestro y la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación.
La reciente revelación del presunto campo de exterminio y fosas del Cártel Jalisco Nueva Generación en un rancho en Teuchitlán ha causado una oleada de indignación y movilizaciones en toda la nación norteamericana.
Mensajes como “México no es un país, es una fosa”, se han leído en pancartas durante manifestaciones en los últimos días en zonas como Ciudad de México, Guadalajara e incluso Cancún.
Múltiples organizaciones de derechos humanos, colectivos de búsqueda y ciudadanos se han unido en las calles para exigir justicia, ya que este descubrimiento ha puesto en relieve la magnitud de la crisis de desapariciones en el país.
El descubrimiento
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció haber encontrado un “campo de concentración de reclutamiento” del crimen organizado. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el terreno —un rancho en Teuchitlán, a 60 kilómetros de Guadalajara— estaba siendo utilizado como base de entrenamiento para reclutas del Cártel Jalisco Nueva Generación cuando fue encontrado por primera vez por la Guardia Nacional en septiembre del año pasado.
¿Cuál fue el hallazgo? Centenares de zapatos, cráneos calcinados, casquillos de bala y cartas de despedida. Posteriormente, el 12 de marzo, la Fiscalía de Jalisco reveló que había localizado seis fosas comunes en donde se encontraron restos de huesos humanos, además de 500 indicios de restos humanos.
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El descubrimiento —que le ha dado la vuelta al mundo— avergonzó a las autoridades estatales y conmocionó a todo México.
La crisis de los desaparecidos en México
Este hallazgo ha puesto en relieve un problema que ha tocado al país latinoamericano en varios momentos de su historia: la de los desaparecidos. Según el recuento del Gobierno mexicano, actualmente hay más de 100.000 personas desaparecidas en el país.
Como los Guerreros Buscadores de Jalisco, en México varios colectivos de búsqueda han tenido que organizarse para hacer el trabajo que las autoridades no hacen de forma apropiada. Con descubrimientos como el de Teuchitlán, presentan sus pruebas y presionan a los funcionarios estatales para que cumplan con su labor.
Se conoce que Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, asumirá la investigación por solicitud de la presidenta de la nación. Lemus culpó al gobierno local anterior, el de Enrique Alfaro, por "intentar ocultar este tipo de situaciones o descubrimientos". Cuestionó también cómo los investigadores estatales, con tecnología y capacitación, no descubrieron lo que había ocurrido en el presunto campo de exterminio.
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La semana pasada la Conferencia Episcopal Mexicana aseguró en un comunicado que estaba preocupada por el descubrimiento del sitio, que representa una “omisión irresponsable” por parte de las autoridades de los tres niveles del Gobierno y una señal de lo que es la crisis de los desaparecidos en México.
Con AP, EFE y medios locales
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