La recta final del juicio a Bolsonaro: las claves de un proceso histórico en Brasil

Este 2 de septiembre, la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) abre la recta final del juicio al expresidente Jair Bolsonaro y a otros siete de sus aliados por intentar perpetrar un golpe de Estado tras las elecciones de 2022. En total, están previstos cinco días de sesiones, pero cabe la posibilidad de que el proceso se alargue. 

La Policía de Brasil ha reforzado la vigilancia en la Plaza de Tres Poderes, palco de los actos vandálicos del 8 de enero de 2023, ante el "juicio del siglo".

Estas son las claves del proceso contra el exmandatario Jair Bolsonaro, considerado uno de los más emblemáticos en la historia de la Corte Suprema.  

1. ¿Quiénes son los ocho imputados? 

El imputado principal es Jair Bolsonaro, que en marzo fue acusado de un total de cinco delitos: organización criminal armada; intento de abolir violentamente el Estado Democrático de Derecho; golpe de Estado; daños calificados de violencia y amenaza grave al patrimonio; y deterioro del patrimonio protegido. En orden alfabético, será el sexto a ser juzgado. 

Además, la lista del llamado "núcleo 1″ del proceso está compuesta por Alexandre Ramagem, diputado federal y exdirector general de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin); Almir Garnier, excomandante de la Armada y único jefe de las Fuerzas Armadas que apoyó explícitamente el golpe, según la Fiscalía General del Estado; Anderson Torres, exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal de Brasilia; Augusto Heleno, exministro de la Oficina de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República; Mauro Cid, exayudante de campo de Bolsonaro y autor de la delación premiada, usada como base de la instrucción del caso; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; y Walter Souza Braga Netto, exministro de Defensa y de la Casa Civil, y candidato a vicepresidente en las elecciones de 2022, en la lista del propio Bolsonaro. Braga Netto está en prisión preventiva desde diciembre de 2024. 

2. ¿Por qué es considerado el “juicio del siglo” en Brasil? 

Es la primera vez que un expresidente y militares son juzgados por intento de golpe de Estado en Brasil. Para varios expertos, este juicio reafirma la soberanía brasileña y la autonomía de las instituciones democráticas. Además, puede impactar a la clase política en el Congreso Nacional, especialmente a la extrema derecha, que viene trabajando desde hace meses a favor de la amnistía de Bolsonaro y de sus aliados, tanto en la Cámara de los Diputados, como en el Senado. Otro efecto es que puede aumentar la tensión entre los poderes. 

3. ¿Qué pruebas hay? 

En febrero de este año, la Procuraduría General de la República presentó un documento de acusación de 272 páginas, basado en las investigaciones de la Policía Federal (PF). Posteriormente, la Fiscalía presentó otras 517 páginas en sus alegatos finales, incluyendo los hechos relatados en las declaraciones de testigos y los interrogatorios de los acusados. Entre las principales pruebas, destaca el llamado “borrador golpista”. Es un documento presentado por Bolsonaro a los comandantes de las Fuerzas Armadas, en el que proponía imponer el Estado de Defensa y crear una Comisión de Regularidad Electoral. Esta información fue confirmada por el excomandante del Ejército, Marco Antônio Freire Gomes, y el excomandante de la Fuerza Aérea, Carlos Baptista Junior.  

Además, está el plan “Puñal Verde y Amarillo” para asesinar al presidente Lula, a su vice Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes. El archivo con los detalles de este plan fue impreso en el Palacio de Planalto, cuando Bolsonaro estaba presente, y mencionaba métodos como el envenenamiento y el uso de armas.  

También hay que destacar la “Abin Paralela”, un sistema de vigilancia clandestino dentro de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), destapado gracias a una investigación de la Policía Federal. En ella se revela que funcionarios de este organismo público utilizaban software de inteligencia para mapear los movimientos y actividades de individuos específicos, y que crearon una estructura de espionaje paralela.  

Otra prueba estaría en los documentos incautados por la PF que intentaban imponer la narrativa de un supuesto fraude electoral en 2022. Las transmisiones en vivo de Bolsonaro, incluidas las que fueron realizadas desde el Palacio de Planalto, y las publicaciones en las redes sociales de sus aliados fueron citadas como evidencia de una campaña coordinada.  

Finalmente, los campamentos instalados frente a los cuarteles militares de las principales ciudades brasileñas, después de las elecciones de 2022, han sido descritos como una forma de presión a favor de una intervención militar.  

También han sido citados los bloqueos de carreteras por parte de la Policía Federal de Carreteras en el noreste del país, durante la segunda vuelta electoral, para obstaculizar el acceso a las urnas de votantes considerados simpatizantes de Lula. Testigos confirmaron que los operativos tenían como objetivo mantener a Bolsonaro en la presidencia. 

4. ¿Quiénes son los jueces?  

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal está integrada por cinco jueves que votarán en el siguiente orden: Alexandre de Moraes, que fue secretario de Seguridad Pública del Estado de São Paulo entre el 1 de enero de 2015 y el 12 de mayo de 2016, durante el mandato de Geraldo Alckmin; Flávio Dino, que fue gobernador del Estado de Maranhão entre 2015 y 2022, y ministro de Justicia con Lula, hasta febrero de 2024, cuando fue escogido para integrar la Corte Suprema; Luiz Fux, que integra el Supremo desde 2011 y fue nominado por la expresidenta Dilma Rousseff; Cármen Lúcia, que fue nominada en 2006 por el presidente Lula; y Cristiano Zanin, quien fue el abogado de Lula durante el juicio de la operación Lava-Jato y el responsable de la anulación de todas las condenas impuestas a Lula por el Supremo Tribunal Federal.  

Fux puede ser el único magistrado a oponerse a la línea de Moraes. Incluso fue contra la decisión de colocar la tobillera electrónica a Bolsonaro. Algunos analistas creen que podría llegar a pedir una vista en el juicio, lo que llevaría a la paralización del proceso durante 90 días. 

5. ¿Riesgo de fuga?  

Ante la eventualidad de que Bolsonaro huya y pida asilo político en una embajada, el juez Alexandre de Moraes determinó el 30 de agosto que fuese reforzada la vigilancia en el área exterior de la casa del expresidente en Brasilia. Su decisión se basó en la información de la Policía Criminal del Distrito Federal, que habló de “puntos ciegos” en el interior de la casa, que podrían alterar la señal de la tobillera electrónica que Bolsonaro está obligado a usar desde el 18 de julio. 

Entre las medidas adoptadas, está la inspección de todos los vehículos que salen de la residencia de Bolsonaro, incluidos los maleteros; y el seguimiento presencial en la zona exterior de la residencia, “es decir, en la zona que linda con otras propiedades”. Incluso The New York Times se ha hecho eco de un posible riesgo de fuga. 

Desde el 4 de agosto, el exmandatario cumple arresto domiciliario en su residencia. El 20 de agosto, la Policía Federal encontró un documento en el celular de Bolsonaro, del que se deduce que el expresidente contemplaba la posibilidad de pedir asilo político al presidente de Argentina, Javier Milei. 

6. La revancha de Trump 

El Gobierno de Lula teme que Estados Unidos pueda imponer nuevas sanciones a Brasil ante una posible condena de Bolsonaro. En las últimas semanas, el presidente Donald Trump tildó el juicio de “injusto”, habló de “cazas de brujas” y ligó los aranceles del 50% sobre las importaciones de Brasil al juicio. Washington también impuso al juez Moares la Ley Magnistky, una legislación que permite a Estados Unidos punir a ciudadanos extranjeros acusados ​​de violaciones de derechos humanos. El argumento esgrimido fue que el juez de la Corte Suprema que instruye el caso habría transformado el sistema judicial de Brasil en un arma política. 

Para The Washington Post, el juicio a Jair Bolsonaro será un momento en el que el país se enfrentará al presidente de Trump y al propio pasado autoritario de Brasil. El periódico estadounidense destaca que el juicio por el intento de golpe de Estado “marca un giro significativo” en Brasil, ya que el país “tradicionalmente elige la conciliación antes que el enjuiciamiento cuando se trata de presuntos crímenes contra el Estado democrático”. “El juicio de Bolsonaro es también la culminación de una saga extraordinaria que ha polarizado aún más a Brasil, ha puesto a prueba la determinación de su poder judicial y ha abierto una brecha cada vez mayor con Estados Unidos”, puede leerse en el texto. 

7. Posibles recursos 

A pesar de que el Supremo Tribunal Federal es la instancia máxima de la justicia de Brasil, existe la posibilidad de que Bolsonaro y los otros siete imputados presenten recursos ante el plenario de la Corte, en caso de ser condenados.  

Básicamente, los ocho imputados tienen dos opciones: los embargos de declaración y los embargos para resolver divergencias. El primero es un recurso que aborda eventuales omisiones, contradicciones o puntos oscuros de la sentencia. No permite un cambio en la decisión, es decir, si Bolsonaro es condenado, esta apelación no volverá a analizar el fondo de la cuestión.  

En el caso de que uno de los jueces del Supremo presente un voto divergente, la defensa de los ocho imputados podrá presentar embargos para resolver dichas divergencias, es decir, solicitar una nueva evaluación con relación al tramo que expresa una opinión diferente. Se trata de una apelación que podría incluso cambiar el fondo de la cuestión. 

La Corte Suprema tiene 60 días para publicar su decisión, una vez concluido el juicio. Posteriormente, los abogados de los imputados tienen cinco días para presentar eventuales recursos, algo puede retrasar el posible traslado del expresidente Bolsonaro a la cárcel. La razón es que el Tribunal Supremo entiende que la pena solo debe comenzar a cumplirse después de que la sentencia es firme, es decir, cuando se hayan agotado todos los recursos.