La Corte Suprema de Estados Unidos revocó este lunes 19 de mayo una medida cautelar de un juez de distrito que impedía al gobierno de Donald Trump revocar el estatus de protección temporal (TPS) para ciudadanos de Venezuela, con lo que 350.000 de estos perderán las garantías de permanencia legal.
La Corte Suprema de EE. UU., de mayoría conservadora, votó este lunes 19 de mayo a favor de la apelación de emergencia hecha por Donald Trump para anular la extensión del TPS, con la única disidencia de la jueza Ketanji Brown Jackson, lo que permitirá que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revoque la prórroga dictada por el expresidente Joe Biden.
La decisión no afecta a todos los venezolanos amparados por el TPS, más de 600.000 en total, sino solo a aquellos cuya medida de protección vencía el 7 de abril, que fueron los beneficiados por la extensión dictada por Biden, unos 350.000. Sin embargo, se espera que cuando expire la vigencia de la medida para el otro grupo, el TPS no sea renovado.
Un viraje en la posición
El TPS es una protección excepcional y provisional, pero renovable (en el caso de los venezolanos cada 18 meses), que permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos a ciudadanos procedentes de países que atraviesan crisis humanitarias o las consecuencias de desastres naturales.
Venezuela, que ha vivido una emigración masiva que supera los ocho millones de personas, vive una crisis humanitaria compleja derivada de factores económicos y políticos, en virtud de los cuales se dictó originalmente el TPS durante los primeros meses del mandato de Biden (2021-2025).
El propio Trump había emitido a finales de su primer gobierno (2016-2021) una medida a favor de esta comunidad conocida como DED, que protege de la deportación, pero el segundo se ha caracterizado por una fuerte retórica antivenezolana.
Esta posición incluyó la designación de la megabanda criminal transnacional Tren de Aragua como organización terrorista y la expulsión a terceros países de personas de las que se sospecha que tienen vínculos con esa pandilla, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación del siglo XVIII que se usó por última vez durante la Segunda Guerra Mundial.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se refirió a los ciudadanos de este país como “desgraciados y criminales” cuando anuló la extensión dictada por Biden y el juez de distrito Edward Chen, que paralizó la decisión, argumentó en su momento que la misma había estado animada por “estereotipos negativos”.
Un tribunal de apelaciones respondió negativamente a la ayuda de emergencia pedida por la Administración de Trump para revertir la decisión de Chen, por lo que la solicitud fue elevada a la Corte Suprema.
Noem ha argumentado que la vigencia de la protección es “contraria al interés nacional”, y el procurador general,,John Sauer, aseguró en su apelación que la corte de distrito socavaba “los poderes inherentes del ejecutivo en materia de inmigración y relaciones exteriores”.
¿Qué viene ahora para los venezolanos?
La decisión de la Corte Suprema implica que las personas cuyo TPS vencía el 7 de abril pierden su estatus legal y los beneficios derivados, como el permiso de trabajo o la licencia de conducir.
Esta situación se mantendrá mientras se define un segundo litigio en la Corte de Apelaciones de California, en la que la Administración de Trump pide que se desestime el juicio sobre el TPS ante el tribunal de distrito de San Francisco, por considerar que un juez de esta instancia no tiene cualidad para decidir al respecto.
El procurador Sauer aseguró en su escrito que la "decisión de terminar el TPS no es equivalente a una orden de expulsión final", por lo que las personas afectadas por la medida pueden apelar a otras opciones legales para permanecer en el país.
Trump sufrió la semana pasada un revés en la Corte Suprema, cuando esta le impidió continuar expulsando personas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, como ocurrió con más de 200 hombres encarcelados desde marzo en la prisión de máxima seguridad CECOT de El Salvador.
La decisión implica que quienes sean susceptibles de deportación deben ser notificados con suficiente antelación y tienen derecho a un proceso en el que puedan esgrimir argumentos contra esta medida.
Con AP y EFE
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