La Sala Primera del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil comenzó a escuchar este 19 de mayo las primeras declaraciones en el juicio que se le seguirá al exmandatario Jair Bolsonaro por un intento de golpe de Estado contra el ahora presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.
El líder ultraderechista Jair Bolsonaro enfrenta la perspectiva de una condena de varias décadas en prisión, si es hallado culpable en el juicio por conspiración para perpetrar un golpe de Estado.
Según la acusación, los líderes de la trama golpista planearon incluso envenenar al entonces presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, e incentivaron la asonada contra los tres poderes del Estado del 8 de enero de 2023, siete días después de que el líder progresista asumiera su tercer mandato.
Lula superó a Bolsonaro por un estrecho margen en las elecciones presidenciales de octubre de 2022 y una semana después de su investidura enfrentó severos disturbios a los que han sido vinculados el expresidente y varias figuras de su entorno cercano.
En total, 82 testigos serán escuchados durante la fase preliminar de este proceso, que no está abierto al público, y en el que hay otros siete imputados, aparte de Bolsonaro. El mismo se llevará a cabo hasta el 2 de junio, ante cinco magistrados del Supremo.
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Los acusados responderán a los delitos de abolición violenta del Estado de derecho democrático, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.
Además de Bolsonaro, los otros indiciados son los exministros de Justicia (Anderson Torres), de Seguridad Institucional (Augusto Heleno Ribeiro), de Defensa (Paulo Sergio Nogueira) y de la Presidencia (Walter Braga Neto), así como el excomandante de la Marina Almir Gabriel, el exdirector de la Agencia de Inteligencia Alexandre Ramagem y el exedecán Mauro Cid.
Así se desarrollará el proceso
En esta primera fase, el STF escuchará los testimonios que servirán para la instrucción criminal del proceso. Una vez concluida esta etapa, definirá una fecha para escuchar a los imputados y se espera que dicte sentencia entre septiembre y octubre de este año.
La máxima instancia judicial de Brasil admitió en febrero de 2025 la imputación, según la cual Bolsonaro tenía conocimiento de un plan para asesinar a Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al magistrado Alexandre De Moraes, una operación bautizada como “puñal verde amarillo”, en alusión a los colores de la bandera brasileña.
Bolsonaro, que ha negado repetidamente las acusaciones, se presentó a la audiencia vistiendo la camiseta amarilla de la selección nacional de fútbol, en señal de nacionalismo.
En la primera audiencia, que fue dirigida por De Moraes, rindieron testimonio el general Marco Antonio Freire Gomes y el brigadier Carlos de Almeida Baptista Júnior, excomandantes del Ejército y la Fuerza Aérea, respectivamente.
Los dos han reconocido haberse reunido en varias oportunidades después de las elecciones con Bolsonaro, quien les habría presentado junto a varios de sus colaboradores un plan para impedir la investidura de Lula.
Una vez que la toma de posesión se materializó, se puso en marcha la operación “puñal verde amarillo”, que según la instrucción de la Policía Federal, “admitía hasta la muerte del presidente y el vicepresidente electos de la república”.
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Buena parte de la acusación se ha sustentado en la delación por parte de uno de los acusados, Mauro Cid, miembro de la guardia presidencial de Bolsonaro, quien ofreció su confesión a cambio de beneficios procesales. Sin embargo, el expediente también incluye un borrador de decreto para declarar el estado de sitio.
Según la acusación, el propósito de los disturbios fue sentar las bases para justificar una intervención militar. De ser hallados culpables de subvertir el orden constitucional, los acusados se exponen a penas de prisión que van hasta los 40 años.
Jair Bolsonaro, de 70 años, salió el pasado 4 de mayo de un hospital de Brasilia, donde permaneció durante tres semanas por una grave oclusión intestinal.
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Con EFE
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