"Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas", dice la reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución salvadoreña, aprobada en sesión plenaria por 59 diputados del partido oficialista NI, sus aliados e incluyendo dos de la oposición, de los 60 que forman este órgano.
Tras su aprobación, que se dio sin estudio ni debate previo, el Congreso debe ratificar la reforma, en otra sesión plenaria, para que entre en vigencia y se cambie el texto de la Constitución.
Una reforma rápida y sin debate previo
La aprobación se produjo en sesión plenaria sin estudio ni debate previo, y deberá ser ratificada en una próxima legislatura para entrar en vigor plenamente.
En estos momentos, nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua (hasta ahora prohibida por la Constitución) para asesinos, violadores y terroristas.
Veremos quiénes apoyan esta reforma y…
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 17, 2026
Horas antes de la votación, el propio presidente Nayib Bukele anunció la iniciativa en sus redes sociales: “En estos momentos, nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua (hasta ahora prohibida por la Constitución) para asesinos, violadores y terroristas”.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentó la propuesta destacando que busca “blindar” la seguridad ciudadana frente a los criminales más graves, incluyendo explícitamente a pandilleros.
El contexto del régimen de excepción y la caída de homicidios
La reforma llega en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que ha permitido más de 90.000 detenciones masivas y ha sido prorrogado de forma casi ininterrumpida.
El gobierno atribuye a estas medidas una reducción drástica de los homicidios, que pasaron de niveles récord entre 2015 y 2019 a cifras históricamente bajas en los últimos años, lo que ha convertido a El Salvador en uno de los países con menor tasa de violencia letal de la región, según datos oficiales.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario han documentado patrones de detenciones arbitrarias, tortura, muertes en custodia (alrededor de 500 casos reportados) y condiciones inhumanas en prisiones como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
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Apenas una semana antes de la aprobación, un grupo de juristas internacionales presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe que concluye que existen “motivos razonables” para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad durante el régimen.
Reacciones divididas: apoyo popular vs. críticas internacionales
El presidente Bukele celebró la decisión en redes: “Veremos quién apoya esta reforma y quién se atreve a argumentar que la Constitución debe seguir protegiendo a asesinos y violadores”.
La medida cuenta con amplio respaldo entre sectores de la población agotados por décadas de violencia pandillera, y refuerza la imagen de Bukele como líder de “mano dura” que ha priorizado la seguridad sobre otros aspectos.
Por el contrario, defensores de derechos humanos y analistas ven en la reforma un paso más hacia la erosión de garantías procesales en un contexto de control casi absoluto del Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial.
El defensor público general, René Escobar, rechazó las acusaciones de violaciones sistemáticas y afirmó que el gobierno “no aplica políticas de desaparición forzada, tortura, violencia sexual o ejecuciones arbitrarias”.
Implicaciones a futuro y el horizonte político
La introducción de la cadena perpetua podría facilitar penas más largas sin contrapesos efectivos, en un sistema de justicia cuestionado por su falta de independencia. Analistas advierten que consolida un modelo de seguridad que, aunque efectivo en reducir la criminalidad, genera preocupaciones sobre el estado de derecho.
La popularidad de Bukele permanece elevada, y la próxima elección presidencial está prevista para 2027. Comentarios previos del mandatario sobre la posibilidad de extender su mandato “diez años más” han avivado debates sobre un posible giro autoritario prolongado.
Con Reuters, AP y medios locales
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