En un nuevo capítulo de la investigación por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, un juez ecuatoriano ordenó la prisión preventiva de dos hombres señalados como autores intelectuales del crimen perpetrado el 9 de agosto de 2023. Este avance judicial se produce en un contexto de profunda crisis de seguridad en Ecuador por el auge del crimen organizado, el narcotráfico y una ola de violencia que ha transformado al país en uno de los más violentos de la región.
El juez dispuso la prisión preventiva para el empresario Daniel Salcedo, quien ya cumple condenas por más de 30 años por otros delitos, y para el ex asambleísta Ronny Aleaga, cuyo paradero es incierto, con indicios de que podría estar en Venezuela.
Según la Fiscalía, Salcedo actuó como intermediario con la banda Los Lobos, mientras que Aleaga coordinó el crimen. Además, el exministro del Interior José Serrano y el empresario Xavier Jordán, ambos en Miami, deberán presentarse semanalmente en el consulado ecuatoriano. Serrano, detenido en un centro de inmigración en Estados Unidos, enfrentará comparecencias en Ecuador si es deportado.
El asesinato de Villavicencio, acribillado a la salida de un mitin en Quito, dejó nueve heridos y marcó un hito en la escalada de violencia en Ecuador. La investigación apunta a una red criminal vinculada a Los Lobos y cárteles internacionales, como el mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG), con un móvil relacionado con el control de cárceles y contratos hospitalarios investigados por Villavicencio.
La investigación también ha revelado que el magnicidio costó 200.000 dólares y fue orquestado desde la cárcel de Latacunga por Carlos Angulo, alias "El Invisible", líder de Los Lobos, quien ya fue condenado junto a otros cuatro implicados.
Crisis de seguridad: un país bajo presión
Ecuador, que hace una década era considerado uno de los países más seguros de América Latina, ha experimentado un deterioro alarmante en su seguridad. En 2024, se registraron 6.964 muertes violentas, el segundo año más violento en la historia del país, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
Esta escalada se atribuye a la internacionalización de bandas locales como Los Choneros y Los Lobos, que mantienen vínculos con cárteles mexicanos, colombianos y mafias europeas.
Ecuador se ha convertido en un punto estratégico para el narcotráfico por tener frontera con Colombia y Perú, países que están entre los mayores productores de cocaína en el mundo.
La debilidad institucional en el país andino ha permitido la infiltración del crimen organizado en los cuerpos de seguridad, el sistema judicial y el sector privado. La crisis carcelaria, con masacres que han cobrado más de 400 vidas desde 2021, refleja la pérdida de control estatal, con bandas como Los Lobos operando desde las prisiones.
El gobierno de Daniel Noboa, que asumió en noviembre de 2023, ha respondido con una política de "mano dura", declarando un conflicto armado interno y desplegando al ejército en las calles, especialmente en provincias como Guayas, Manabí y Esmeraldas.
Sin embargo, los expertos advierten que estas medidas, inspiradas en el modelo de El Salvador, no abordan las causas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la corrupción. En 2024, el 36% de los ecuatorianos reportaron ser víctimas de algún delito, y más del 90% de los crímenes permanecen sin resolver, alimentando la percepción de impunidad.
Reacciones y demandas de justicia
Las hijas de Villavicencio, Amanda y Tamia, celebraron las medidas de protección ordenadas por la jueza, que prohíben a los procesados acercarse a la familia, pero criticaron la falta de prisión preventiva para Serrano y Jordán, exigiendo mayor contundencia de la Fiscalía.
Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio, ha denunciado posibles intereses políticos y del narcotráfico que obstaculizan la verdad. Por su parte, las defensas de Serrano y Jordán consideran que las acusaciones carecen de fundamento, mientras que Salcedo admitió ante una comisión legislativa haber tenido contacto con los conspiradores.
Un desafío multidimensional
La crisis de seguridad en Ecuador trasciende el caso Villavicencio y requiere soluciones integrales. Expertos abogan por cooperación internacional, fortalecimiento de la inteligencia, reformas judiciales y penitenciarias, y políticas sociales que combatan la pobreza y la exclusión.
La militarización, aunque apoyada por la población, ha mostrado resultados limitados, y casos como la desaparición forzada de tres jóvenes en Guayaquil por las fuerzas de seguridad han generado preocupación por violaciones a los derechos humanos.
Con más de 250,000 desplazados y una migración masiva impulsada por la inseguridad, Ecuador enfrenta un desafío multifacético que exige pactos de Estado y cooperación transnacional para desarticular las redes criminales y recuperar la estabilidad. Mientras el país espera justicia por el asesinato de Villavicencio, la lucha contra el crimen organizado se perfila como la prioridad de este gobierno.
Con EFE, AP y Reuters
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