La Jurisdicción Especial para la Paz, creada tras el Acuerdo de Paz de 2016, condenó este jueves 18 de septiembre a doce exmilitares a penas restaurativas de entre cinco y ocho años por su participación en 135 asesinatos cometidos en el norte del país entre 2002 y 2005, en el marco del conflicto armado. Se trata de la primera sanción de este tipo contra miembros de las Fuerzas Armadas por los llamados "falsos positivos".
“Dada la gravedad de los crímenes y el papel que desempeñaron en los mismos, todos los comparecientes deben cumplir la sanción máxima de ocho años. A este monto se aplicó un descuento proporcional al tiempo que permanecieron privados de la libertad en la justicia ordinaria”, explicó la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Ana Manuela Ochoa Arias, durante la lectura de la sentencia.
El tribunal determinó que los condenados, todos exintegrantes del Batallón La Popa, participaron en asesinatos y desapariciones forzadas que afectaron directamente a 135 personas y dejaron 192 víctimas indirectas en los departamentos de Cesar y La Guajira, en el norte de Colombia. Entre las víctimas se encontraban jóvenes campesinos, indígenas Wiwa y Kankuamo, y afrodescendientes, seleccionados en gran parte por su vulnerabilidad económica y social.
Los condenados cumplirán sanciones restaurativas que incluyen trabajos en seis proyectos de infraestructura y cultura —como la construcción y mantenimiento de memoriales— apoyo a espacios productivos y colaboración con comunidades indígenas y afrodescendientes.
Algunos de los sentenciados cumplirán solo cinco años, debido a que ya habían cumplido condenas en tribunales ordinarios.
Entre los sancionados se encuentran los mayores Guillermo Gutiérrez Riveros y Heber Hernán Gómez; subtenientes Carlos Andrés Lora, Eduart Álvarez Mejía y Elkin Burgos Suárez; sargentos Efraín Andrade Perea, Manuel Padilla Espitia y José de Jesús Rueda; el cabo Elkin Rojas; y los soldados Yeris Andrés Gómez, Alex José Mercado y Juan Carlos Soto.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, destacó la importancia de reconocer la verdad: “Ningún colombiano debió haber fallecido como resultado de un entramado criminal encargado de seleccionar, asesinar y desaparecer a personas inocentes, con el único fin de convertirlas en cifras”.
Ramelli añadió que el tribunal ha “desenterrado la verdad de los cementerios de Colombia” y que los sancionados han tenido que enfrentar la justicia y a las víctimas, revelando incluso verdades desconocidas por sus propias familias.
¿Qué son los "falsos positivos"?
Los conocidos como "falsos positivos" fueron ejecuciones extrajudiciales de civiles, que engañados con promesas de empleo, fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate.
Esta estrategia, según la JEP, formó parte de un patrón sistemático orientado a inflar cifras militares y encubrir crímenes internacionales, recompensando a los soldados con ascensos, condecoraciones o permisos.
“Estos hechos no fueron aislados ni atribuibles a conductas individuales, sino parte de una práctica sistemática bajo presión institucional por resultados”, subrayó Ochoa Arias.
La investigación, llamada Subcaso Costa Caribe, hace parte del macrocaso 03 de la JEP, que en 2021 identificó al menos 6.402 personas asesinadas extrajudicialmente en todo el país entre 2002 y 2008.
Esta es la segunda sentencia que aplica el modelo restaurativo en Colombia. La primera se emitió a comienzos de esta semana contra siete exlíderes de las FARC, incluido su máximo jefe Rodrigo Londoño, por delitos como secuestro extorsivo.
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El conflicto armado que duró medio siglo cobró la vida de al menos 450.000 personas, dejando secuelas de violencia sexual, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y ejecuciones ilegítimas, como los "falsos positivos", que marcaron profundamente a las comunidades rurales y a la sociedad colombiana en su conjunto.
Con EFE y medios locales
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