A 49 años del último golpe de Estado, el Gobierno Milei avanza con el desmantelamiento de la memoria

Este 24 de marzo, se cumple un nuevo aniversario del comienzo de la última dictadura cívico-militar en Argentina. A lo largo de los años, diferentes gobiernos hicieron hincapié en la importancia de la memoria para que las nuevas generaciones no olvidaran los horrores del terrorismo de Estado. Sin embargo, con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, se ha avanzado en el desmantelamiento de ese legado. Expertos sostienen que estas medidas ponen en riesgo décadas de trabajo en la preservación de la memoria histórica y en la lucha por la verdad y la justicia. 

“Han pasado casi tres meses desde la llamada ‘reestructuración’ y el Conti sigue cerrado. A esta altura, no sabemos qué será de él", cuenta Nana González, trabajadora del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, un espacio dedicado a la difusión de la cultura, la educación y los derechos humanos que el Gobierno de Javier Milei pretende desmantelar. 

Como parte de su política de reducción del Estado, la administración ultraderechista ha impulsado medidas para desarticular la Secretaría de Derechos Humanos, de la cual depende el Centro Cultural Conti. Las mismas incluyen despidos masivos y el cierre de espacios de memoria orientados a la preservación de la historia y los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983). 

Desde que se lo conoce públicamente, Milei ha intentado relativizar el terrorismo de Estado y ha cuestionado la cifra de los 30.000 desaparecidos. Para el presidente, la dictadura fue en realidad una “guerra” en la que las fuerzas de Estado cometieron “excesos”. Así lo dejó claro en el primer debate presidencial, en octubre de 2023. 

No es de extrañar, entonces, que ya como mandatario, comenzara a implementar medidas que refuerzan su postura. El cierre del Conti, sin funciones desde el 2 de enero bajo lo que el Gobierno ha llamado una "reestructuración interna", es un golpe que pone en riesgo más de 40 años de lucha por la memoria, la verdad y la justicia. 

¿Qué es el Centro Cultural Conti? 

Creado en 2008 como un organismo público dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti se inscribe en las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, orientadas a recordar y honrar a las víctimas de la última dictadura cívico-militar. Su nombre rinde homenaje a Haroldo Conti, el escritor argentino secuestrado y desaparecido en 1976, conocido como “el novelista del río”.  

El centro se encuentra ubicado en el predio donde operó uno de los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio más emblemáticos de la dictadura: la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). En ese lugar, fueron secuestradas cerca de 5.000 personas, de las cuales solo alrededor de 200 lograron sobrevivir. En este espacio, el Conti ha buscado transformar el doloroso recuerdo de privación y muerte en un lugar de arte y resignificación, con el objetivo de propiciar otras miradas sobre la historia a través de la creación artística.  

A lo largo de los años, el Conti se ha consolidado como un sitio de memoria y reflexión, abierto a la comunidad, y un referente en la lucha por los derechos humanos. Su cierre definitivo representaría no solo la pérdida de un espacio cultural y educativo vital, sino también un ataque directo a la memoria colectiva y a las políticas de reparación histórica. 

“Están haciendo todo lo posible por borrar la memoria” 

Alejandra Conti es hija de Haroldo. Por eso, para ella, el cierre del centro que lleva el nombre de su padre fue un golpe durísimo. Sin embargo, también le duele por los trabajadores que llevaban años allí y por las futuras generaciones, que, de concretarse su clausura, perderán la posibilidad de visitarlo. 

Esta decisión, según ella, es parte de una política más amplia que va en contra de la memoria y los derechos del pueblo. “¿Cómo es posible que un pueblo que se caracterizó por defender los derechos humanos, por las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, haya llegado a esto?”, se pregunta en diálogo con France 24. 

“Un golpe a la memoria colectiva” 

Para Nana González, quien además se desempeña como secretaria adjunta del gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la posibilidad de que el centro reabra es “muy compleja”. 

La delegada explica a France 24 que las muestras de artes visuales que estaban expuestas en las salas fueron retiradas, dejando vacías las instalaciones del centro. Además, muchos de los fotógrafos cuyas exposiciones itinerantes se realizaban allí también retiraron sus obras, y la mayoría de los coordinadores, incluidos los delegados, fueron despedidos. 

González destaca que la situación ya era difícil el año pasado, ya que el establecimiento no contó con presupuesto y los artistas que participaban trabajaban “a la gorra”.  

“Los artistas siempre vinieron al Conti por el compromiso que tienen con ese espacio. Vemos difícil que eso siga sucediendo en el futuro sin que los convoquen los trabajadores que formaban parte del centro”, señala. 

Según la delegada, el Conti permitió durante muchos años llevar a cabo diversas actividades y convocar a artistas, migrantes y proyectos relacionados con las identidades de géneros y los derechos humanos, adoptando una mirada mucho más amplia que la que habitualmente propone el Estado.  

“Un centro cultural, a diferencia de un museo, tiene mucho más margen para cambiar, adaptarse e incluir cuestiones relacionadas con luchas del presente y nuevas emergencias culturales, con una mirada más amplia. Eso fue lo que ocurrió durante todo este tiempo. Fue un lugar de gran discusión, de intensos debates y de una enorme producción cultural”, precisa. 

“Un intento deliberado de disciplinar la actividad crítica” 

Verónica Torras, directora ejecutiva de Memoria Abierta—una red de organizaciones de derechos humanos que promueve la memoria sobre las violaciones ocurridas en Argentina—y miembro de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advierte que el cierre del Conti forma parte de un esfuerzo del Gobierno para restringir el pensamiento crítico y desmantelar las políticas de memoria. 

Según ella, el centro no solo funcionaba como un espacio de expresión artística, sino que articulaba la memoria con problemáticas actuales de derechos humanos. Afirma que su clausura responde a motivos ideológicos y políticos destinados a limitar el alcance de estas iniciativas. 

"No estamos viendo una reconfiguración de la política de memoria, sino un cercenamiento. No hay una propuesta alternativa: hay un desmantelamiento sin demasiado criterio, y un intento claro de burocratizar y poner bajo control lo existente, desplazando a los actores históricos que han sido fundamentales en la construcción de memoria en Argentina", explica. 

Torras sostiene que este ataque a la memoria no es nuevo en el país ni en la región, pero destaca que la respuesta de la sociedad civil ha sido siempre clave para resistir estos intentos. 

"La memoria es un territorio de disputa constante. En general, ha sido un esfuerzo contracorriente, aunque en algunos casos se ha logrado sintonizar las demandas de las organizaciones con las políticas públicas. En Argentina, las organizaciones de derechos humanos han tenido históricamente una fuerte presencia en el diseño e implementación de estas políticas y, además, han asumido la tarea de preservar y defender la memoria. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a un escenario en el que el Estado busca controlar y limitar esas voces, desmantelando las políticas", comenta. 

El desmantelamiento del Conti se inscribe, entonces, en una estrategia más amplia de disciplinamiento, donde se busca debilitar el rol de la sociedad civil en la construcción de la memoria colectiva. Para Torras, esta medida no solo afecta el presente, sino que pone en riesgo el futuro de las políticas de derechos humanos en el país. 

El retroceso en los derechos humanos durante el Gobierno de Milei 

Activistas, organizaciones de la sociedad civil y sectores de la oposición denuncian que la situación del Conti no es un hecho aislado, sino parte de una política de mayor alcance que profundiza el retroceso de los derechos humanos en Argentina. 

El año pasado, Amnistía Internacional Argentina dio a conocer un informe en el que denunciaba el deterioro de los derechos humanos en el país tras la llegada de Milei al poder. 

Según la ONG, las medidas impulsadas por el presidente han impactado negativamente en la vida de millones de personas, especialmente las más vulnerables, exacerbando las desigualdades y restringiendo libertades fundamentales. 

Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina, advierte sobre un “deterioro alarmante de los derechos humanos en Argentina”, al tiempo que asegura que las políticas del actual gobierno “profundizan desigualdades estructurales, limitan derechos fundamentales y erosionan el espacio democrático”. 

En este contexto, la marcha del 24 de marzo, en conmemoración de un nuevo aniversario del último golpe de Estado en Argentina, será más importante que nunca, afirman distintas organizaciones de derechos humanos. 

Mariela Pérez Cisneros, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), considera fundamental “dar un mensaje de unidad” en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 

“Hay una decisión clara de los organismos y militantes de derechos humanos, más allá de sus diferencias partidarias, de transmitir un mensaje de unidad”, declara a France 24.  

En ese sentido, cree que la respuesta de la gente en las calles será masiva.  

“El año pasado, las expresiones en todo el país fueron categóricas. En ese momento, el gobierno recién había asumido y aún no había implementado completamente esta decisión política de reducir derechos. A pesar de ello, el mensaje fue contundente. Este año, creo que será aún mayor”, indica. 

El cierre definitivo del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti no solo significaría la desaparición de un espacio clave para la cultura y los derechos humanos, sino también una nueva batalla en la lucha por preservar la memoria histórica de Argentina. Mientras crece el rechazo en la sociedad, el futuro de estas políticas y su impacto en las generaciones venideras sigue siendo incierto, dejando abierta la pregunta de qué rumbo tomará el país respecto a su historia reciente.