El mundo de hoy está marcado por movimientos de personas cada vez más complejos. Por este motivo, las políticas migratorias se han vuelto un terreno volátil y sensible, situado en la encrucijada que se forma entre la protección de los derechos fundamentales y la defensa de las fronteras nacionales. En este contexto, el concepto de seguridad humana ofrece un marco alternativo, más amplio y éticamente sólido, para repensar la migración y las políticas migratorias desde la dignidad de las personas y no solo desde la defensa territorial de los Estados.
La noción de seguridad humana fue formulada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su Informe de 1994. Con esta idea normativa se buscaba romper con la visión tradicional de seguridad centrada en el poder militar y el control estatal. En su núcleo íntimo, se propone una mirada centrada en el bienestar integral de las personas, abarcando siete aspectos: su seguridad económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, comunitaria y política. No se trata solo de estar a salvo de la guerra o de la violencia física generalizada, sino de poder vivir sin miedo ni miseria, es decir, en condiciones de dignidad.
Por su parte, la lógica securitaria, predominante hoy en muchas regiones del mundo, reduce la migración a una cuestión de amenaza: la amenaza del «otro» sobre el orden nacional, la economía y la identidad cultural. Desde esta lógica, las políticas se enfocan en el control de fronteras, la militarización, la criminalización de los migrantes, las deportaciones masivas y la externalización de responsabilidades a terceros países. ¿No son estas las características de la actual política migratoria dominicana?
En cambio, una política migratoria en clave de seguridad humana parte de otra premisa: los migrantes no son una amenaza, sino personas en situación de vulnerabilidad cuya dignidad debe ser protegida. Este enfoque implica: (a) garantizar acceso a derechos fundamentales (salud, educación, justicia, identidad legal); (b) evaluar y abordar las causas estructurales de la migración forzada, como la pobreza, la violencia o el cambio climático; (c) establecer procesos de regularización transparentes y humanitarios; (d) proteger especialmente a grupos en riesgo: mujeres, menores no acompañados, víctimas de trata; (e) fomentar la convivencia social y comunitaria con el colectivo migrante, en vez de la estigmatización.
Una de las falacias contra la política migratoria concebida en términos de seguridad humana consiste en esgrimir la idea de que con esta se procura negar el derecho del Estado a gestionar sus fronteras. Contra esta objeción, hay que subrayar con insistencia que el enfoque de la seguridad humana simplemente se propone colocar la vida y la dignidad humana en el centro la gestión territorial y que su propuesta es más eficaz y justa que la del enfoque securitario.
La manera en que se está tratando el caso migratorio haitiano en República Dominicana es un espejo inquietante de la oposición entre ambas perspectivas y habla de una perpetuación del enfoque securitario, el cual hunde sus raíces en la doctrina de la seguridad nacional, ya cuestionada por el magisterio social del episcopado latinoamericano en el documento de Puebla (49, 314 y 547-549).
Como es sabido, desde septiembre de 2024, la política migratoria del gobierno dominicano hacia la población haitiana ha recrudecido sus prácticas: redadas masivas, deportaciones exprés, apresamientos de madrugada, separación de familias, y devoluciones sin debido proceso, incluso de personas con arraigo laboral y comunitario. El caso más doloroso y escandaloso ha sido convertir los servicios de salud en puntos estratégicos para la implementación de esta política, teniendo como blanco principal mujeres embarazadas. Estas acciones inhumanas se han justificado en nombre de la «seguridad nacional» y la «soberanía».
Una mirada transfigurada, que contemple la realidad desde la óptica de la seguridad humana, constatará que estas medidas vulneran principios esenciales: exponen a personas indefensas a contextos de violencia extrema en Haití, destruyen sus medios de subsistencia, y las privan de acceso a servicios básicos y protección internacional.
En este sentido iba la declaración hecha el 24 de abril de 2025 por el secretario general de la ONU, António Guterres, en la que criticó la implantación del protocolo de verificación migratoria en los hospitales de la República Dominicana. En aquel momento, solo en un día se había verificado la detención de 87 pacientes haitianas embarazadas y próximas a dar a luz. El portavoz de la Secretaría de la ONU, Stéphane Dujarric, explicó en su rueda de prensa diaria que «(la medida) puede repercutir rápida y negativamente en las personas que buscan atención sanitaria —entre ellas mujeres a punto de dar a luz— y que no quieren hacerlo porque creen que los hospitales no son lugares seguros». Y así ha sucedido; la advertencia no valió la pena ante la ideología soberanista.
Una política en clave de seguridad humana no ignora las legítimas preocupaciones estatales, sino que pretende equilibrarlas con un enfoque centrado en los derechos: con registros claros, procesos justos, colaboración regional y canales de migración laboral que beneficien tanto al colectivo migrante como a la comunidad de recepción. No se trata de abrir fronteras indiscriminadamente, sino de cerrar la puerta al miedo irracional y abrirla a la corresponsabilidad razonable.
Aquí tenemos una tarea pendiente y fundamental para la convivencia intercultural en suelo dominicano. Adoptar la seguridad humana como eje de las políticas migratorias no es solo un imperativo ético: es también una estrategia más realista, sostenible y coherente con los compromisos internacionales en derechos humanos, desarrollo y paz.
El desafío es claro: pasar de la protección de las fronteras a la protección de las personas, como lo consagra la Constitución dominicana. El camino no es fácil; pero es el único verdaderamente humano y que nos hará una mejor nación a la altura de los tiempos.
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