Más allá de lo legal: El drama humano en la tragedia en Jet Set

Ahora que se conoce la solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público contra los propietarios de la discoteca Jet Set Club, y cuando ya se tiene información del informe pericial y técnico realizado por investigadores especializados, encabezados por Leonardo Reyes Madera, director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE). Entonces vale la pena hacer una reflexión, más que legal, humanística, sobre el impacto de las incongruencias e irresponsabilidades cometidas por los propietarios del mencionado negocio.

Era un lugar popular, de asistencia masiva y de disfrute colectivo con artistas de gran proyección. Los propietarios eran personas exitosas con el negocio. Allí se podía pasar una buena celebración de cumpleaños, de aniversario de boda, de celebración de triunfo de un juego deportivo o del éxito de graduados en academias universitarias o de educación media.

Por lo menos eso, la asistencia masiva, debía inducir a los propietarios a asegurar, por encima de cualquier otra cuestión, la seguridad del lugar. Y seguirían ganando mucho dinero, y teniendo nuevos negocios.

Tuvieron la suerte de contar con empleados responsables, con conciencia de su responsabilidad de proteger el lugar donde se ganaban la vida, y notificaron con insistencia a los propietarios, que del techo caían pedazos y que eso iba a provocar problemas. La misma fiesta del 8 de abril, de Ruby Pérez, se recomendó que fuera cancelada por los defectos del techo, y no se hizo, porque supuestamente quien debía tomar la decisión no se encontraba en el país.

Más de 600 personas estaban en el lugar cuando el techo se desplomó. 236 fallecieron, 180 resultaron con lesiones y heridas, y los demás pudieron salir ilesos. La mayor tragedia de esta característica en la historia de la República Dominicana. Como se diría en un lenguaje más directo y llano: La ambición rompió el saco.

Entre los fallecidos la mayor parte se trata de jóvenes entre los 24 y los 35 años, pero hay también algunos casos de jóvenes de 17, 18 y 19 años. Pocas personas tienen más de 65 años.

Maria Fernanda Guzman Tejeda, tenía 17 años. Lia Maria Gomez Feliz, tenía 19 años. Eleanna Paola Vidal Perdomo, tenia 19 años. Fallecidas. Entre los lesionados también había menores, pero las edades no se incluyen en el reporte del Ministerio Público. Se trató de 416 personas afectadas físicamente: 236 fallecidas y 180 lesionadas. Obvio, que los demás que no sufrieron lesiones físicas, sí recibieron lesiones psíquicas, porque perdieron familiares, esposos y esposas, hermanos, hermanas y amigos.

La cantidad de niños huérfanos, de diversos sectores sociales, y de padres y madres con hijos muertos, es algo muy doloroso y lesivo para el país.

En 2014 el ingeniero Josemanuel Hernández Cotes fue contactado por el arquitecto Oscar Imbert, para realizar un estudio de las estructuras del lugar, pero ello no fue posible por la negativa de los propietarios, según el Ministerio Público: “…por la falta de seguimiento y de interés al respecto por parte de los hoy imputados, quienes mostraron una gran irresponsabilidad frente a una cuestión de vital importancia para la seguridad de sus clientes”.

Modificaciones que se hicieron a partir del 2015 fue para ampliar espacios, para incluir un área VIP, pero nunca para colocar elementos de seguridad en el lugar, pese a que se conocía de las fallas existentes. Tampoco se hizo ninguna notificación al Ayuntamiento o al Ministerio de Obras Públicas. Impunidad para todo lo que allí se realizaba era la norma.

El informe técnico informa que “entre el año 2022 y el 2025, el número de elementos sobre el techo alcanzó su punto máximo con diecisiete (17) instalaciones visibles, incluyendo casetas técnicas, ductos, unidades de climatización de mayor volumen y tinacos para suministro de agua, lo que reforzó el uso intensivo del techo como área operativa auxiliar”.

El empleado Manuel Jiménez Mateo con frecuencia enviaba fotografías y mensajes a Antonio Espaillat sobre el deterioro del lugar. Según el Ministerio Público: le enviaba y reenviaba fotos y videos, reportándole sobre la problemática de las goteras y de los plafones del falso techo, evidenciándose el conocimiento que tenia de estas anomalías”.

El MP dice en su pedido de medidas de coerción, que se conocerá este miércoles, que “los eventos previos al suceso del ocho (08) de abril del año 2025, eran claros, sin embargo, no recibieron el tratamiento adecuado por parte de los imputados Antonio Espaillat L6pez y Maribel Espaillat, quienes mostraron una inmensa irresponsabilidad y negligencia, al no gestionar que el techo del Jet Set Club fuera intervenido de manera adecuada y especializada para poder evitar un hecho tan lamentable que cobró vidas del publico, artistas y de sus empleados, los cuales confiaban en la supuesta seguridad del lugar, pero por todas estas acciones y omisiones los hechos ocurrieron”.

Los datos que existen, ya como pruebas, indican que a Antonio Espaillat se le notificó que el 7 de abril pedazos del techo estaban cayendo, al igual que agua, por lo que se requería una intervención urgente. Gregorio Adames Arias hizo los reportes y dijo que procedería a buscar una empresa para hacer la evaluación de la estructura e instalar una lona asfáltica, lo que fue respondido con aprobación de parte de Antonio Espaillat. Pero el tiempo era fatal, y al día siguiente se desplomó el techo, luego de ofrecer muchos avisos de que iba a desplomarse.

Es el momento en que Gregorio Adames Arias acude ante Maribel Espaillat López y le solicita suspender la fiesta del día siguiente, el 8 de abril, pero la respuesta fue que no era posible. De haberse atendido esa propuesta, prácticamente nadie hubiese muerto en esa tragedia.

El Ministerio Público debe proteger la vida de Gregorio Adames Arias, quien se siente inseguro, luego de haber sido amenazado, según ha denunciado, por la señora Maribel Espaillat López.

Está claro que los asuntos jurídicos serán destacados en este caso. Se apostará de parte de los dos imputados para que la prisión sea mínima, de acuerdo con el actual Código Penal, y que por la responsabilidad que tienen en la muerte de 236 personas apenas se le aplique prisión por dos años, o menos, y que las compensaciones civiles sean las más limitadas posibles, fijando un precio de vida por cabeza que sea mínimo, como si algo así fuera posible.

La decisión tendrá que ser tomada por jueces que conozcan y sientan sensibilidad por el drama de las cientos o miles de familias dañadas por estos hechos descritos por los técnicos y por los fiscales del Ministerio Público.