Una de las debilidades históricas del Estado dominicano ha sido la incapacidad para cobrar los impuestos legales, establecidos por por mandato de las cámaras legislativas y el Poder Ejecutivo, adherido a la imposibilidad de que la justicia pueda aplicar sanciones a los evasores fiscales.
El Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios, más conocido como ITBIS, que es el más amplio eficiente sistema de recaudación, tiene una evasión cercana al 42 por ciento. Lo que quiere decir que de cada 100 pesos que el Estado debió recaudar por el ITBIS hay 42 que no entraron en las cuentas públicas.
Las formas de evasión son múltiples. Somos uno de los países con mayor evasión impositiva.
Se podría argumentar que la economía informal es un punto importante.
Otros alegan ineficiencia en los entes de recaudación, pese a las nuevas tecnologías y a la incorporación de la Inteligencia Artificial para evitar que quienes prestan los servicios, cobran los impuestos, se queden con esos fondos en el sector privado.
La informalidad en la economía no es un argumento válido. Muchos otros países mantienen altos niveles de economía informal, pero recaudan porcentajes mayores que la República Dominicana. Se estima que el monto de la evasión superar los 200 mil millones pesos por año.
La nueva norma puesta en marcha, con plazo obligatorio para todos los regulados, es lo que se denomina la facturación electrónica. Es un procedimiento moderno, justo, eficiente, que debe aportar a las autoridades los montos de las operaciones de los comercios.
El actual ministro de Hacienda, Magín Díaz, cuando fue director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) había dicho que la evasión fiscal se había convertido en un deporte nacional, practicado casi por todo el mundo.
Pedro Urrutia, el actual director, ha dicho que “La DGII no está para hacerle la vida imposible a nadie. Nosotros lo que tenemos es la intención de dar apoyo”, en referencia a la puesta en ejecución de la facturación electrónica. Grupos de comerciantes, pequeños, han dicho que no se aplique a los colmados y pequeños negocios ese procedimiento.
Las excepciones son la terrible plaga que alimenta la evasión y la elusión fiscal en todas sus manifestaciones.
Esa petición tiene que ser analizada con cautela por las autoridades. El plazo del 15 de noviembre ha sido una fecha importante, de acuerdo con los datos de la DGII. Hasta ahora un total de 162,708 contribuyentes se habían incorporado a la facturación electrónica. De esa cantidad, 3,956 completaron el proceso durante el día del 15 de noviembre.
Urrutia dijo que la institución bajo su dirección no contempla emitir otra extensión general del plazo porque la facturación electrónica está establecida en la Ley 32-23 y los períodos previstos para su implementación ya vencieron.
El país debe dar un salto cuántico en este tema. Nuestra pobreza institucional está vinculada con la evasión y la elusión fiscal. La baja calidad de la educación, la carencia de recursos para afrontar las desigualdades están vinculadas con el mismo tema.
La carencia de recursos del Estado para atender la demanda de servicios en los hospitales tiene que ver con la falta de recursos, que quedan en manos de evasores. Ese deporte nacional, como fue definido una vez, tiene que ser enfrentado, y hay que reducir la deuda externa, la necesidad de capital de inversión del gobierno para construir acueductos, carreteras, servicio eficiente de electricidad y muchas otras demandas de la sociedad depende de controlar y reducir la evasión fiscal.
Si la factura electrónica es la vía para ello, que así sea y que se aplique a todo el que sea ente de recaudación de los impuestos que debe recibir el Estado.
Otra versión, interesante y necesaria es la que nos explica Francisco Manuel Ortega, quien nos envió ayer una reflexión sobre la petición de prórroga para poner en práctica la facturación electrónica. Tal cual fue remitida la entregamos como nota anexa a esta consideración editorial:
LOS IMPUESTOS: ¿Y AL CONSUMIDOR QUIÉN LE DA PRÓRROGA?
FRANCISCO ML. ORTEGA
Cuando voy a una tienda, consumo en un restaurante o compro productos gravados en el supermercado, tengo que pagar el ITBIS al saldar mi factura. Nadie me pregunta si estoy corto de dinero, si tengo otros compromisos o si necesito unos días para completar. Para llevarme lo que compro, debo pagar. Entonces, la pregunta es sencilla: ¿y al consumidor quién le da prórroga?
Pagarlo tampoco significa que resulte fácil. Para muchas familias, cada peso cuenta. Ese impuesto sale del mismo bolsillo con el que se compra comida, se pagan medicamentos, se cubre el transporte y se sostiene el hogar. El ciudadano cumple, aunque hacerlo le apriete todavía más un presupuesto que apenas alcanza.
Por eso cuesta entender que algunos comerciantes pongan tantos peros cuando les corresponde declarar y entregar al Estado el impuesto que ya cobraron. Si el consumidor hizo su parte al pagar la factura completa, ¿por qué el cumplimiento debe encontrar obstáculos cuando ese dinero pasa a manos de quien lo recibió?
Aquí conviene precisar de qué estamos hablando. El ITBIS cobrado en una venta no constituye una ganancia del establecimiento. El comerciante tiene la responsabilidad de declararlo y entregar el saldo correspondiente, conforme a las reglas de su régimen tributario. Que ese dinero entre a la caja del negocio no lo convierte en un ingreso de libre disposición.
Además, en el régimen ordinario existe un mecanismo que permite al comerciante descontar el ITBIS que pagó en las compras de su actividad, siempre que reúna los requisitos legales. Es decir, cuando compra mercancías o adquiere bienes y servicios que generan un crédito fiscal admitido, ese impuesto puede reconocerse en su declaración.
Por tanto, no necesariamente entrega al Estado todo el ITBIS cobrado a sus clientes. Aplica las deducciones y los ajustes autorizados y paga la diferencia que corresponda. Ese mecanismo evita que el impuesto se acumule en cada etapa de la cadena comercial; no significa que siempre se produzca una devolución de dinero en efectivo.
El consumidor final tiene una realidad distinta. Cuando compra para su uso personal, paga el ITBIS y asume su costo. No presenta una declaración para descontarlo del impuesto cobrado a otros. La cadena termina en él, y también termina en su bolsillo la posibilidad de trasladar esa carga.
Esa diferencia fortalece el cuestionamiento: si el ciudadano que soporta finalmente el impuesto tiene que pagarlo al consumir, ¿por qué algunos de quienes lo cobran reclaman tantas consideraciones para cumplir? Sea grande, mediano o pequeño, cada negocio debe asumir las obligaciones que le correspondan. El esfuerzo del consumidor también merece respeto.
Los comerciantes tienen derecho a reclamar frente a errores de la administración, procedimientos injustos, costos excesivos o dificultades reales para cumplir. Sus argumentos deben escucharse y evaluarse. Pero una reclamación legítima no elimina la responsabilidad sobre el impuesto que ya fue cobrado a los clientes.
También debemos distinguir una protesta por los plazos o las condiciones de implementación de la facturación electrónica de una negativa a pagar impuestos. Son asuntos diferentes y deben examinarse con rigor. No todo el que solicita una facilidad pretende evadir, pero tampoco toda dificultad justifica prolongar indefinidamente el cumplimiento.
Al Estado le corresponde facilitar los procesos, orientar a tiempo y aplicar la ley con equidad. Además, debe rendir cuentas sobre el uso de cada peso recaudado. El ciudadano tiene tanto el deber de pagar como el derecho de exigir que su dinero se traduzca en servicios dignos, obras necesarias y una administración transparente.
La ley es igual para todos, y el respeto al contribuyente debe comenzar por quien paga desde su bolsillo. Si a mí se me exige cumplir al comprar, corresponde exigir que quien cobra declare y entregue el saldo dentro del plazo legal. Antes de pedir otra prórroga, convendría recordar al ciudadano que ya pagó. ¿Quién le da una prórroga a él?
Compartir esta nota
