Selección en altas cortes: el reto del CNM entre méritos y presiones políticas

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) inició los trabajos para llenar las 5 posiciones vacantes en la Suprema Corte de Justicia y 5 plazas que estarían quedando vacantes en el Tribunal Superior Electoral, con las respectivas suplencias.

El trabajo deberá ser intenso, por la relevancia de las dos altas cortes, y porque en perspectiva se espera que haya un fortalecimiento institucional tanto en la Suprema Corte de Justicia como en el Tribunal Superior Electoral.

La evaluación previa de cuatro de los magistrados de la SCJ, que no fueron ratificados, configura una intención de la mayoría de los miembros del CNM para producir un cambio que pudiera reducir la influencia política en las decisiones de las cortes sujetas a evaluación y selección de candidaturas.

El CNM es un organismo constitucional, y está integrado por líderes políticos, congresistas y magistrados. Es, en el mejor sentido de la palabra, una entidad para el consenso sobre quiénes deben integrar las altas cortes. Y todo el país sabe que la experiencia inicial de éste órgano no fue la más idónea ni la más independiente, y en el CNM el país pudo ver actos bochornosos, como el intento de descalabro moral contra la magistrada Miriam Germán Brito.

Lo que corresponde es la mejor elección o ratificación, ahora que se evaluará a 81 aspirantes, incluyendo a los que desde dentro del Tribunal Superior Electoral, entienden que merecen la oportunidad de ser ratificados para un segundo mandato en ese importante tribunal que regula el ejercicio de los partidos políticos y los aspectos legales electorales.

Los primeros 21 aspirantes serán evaluados a partir de este martes, incluyendo al actual presidente del TSE, y lo que queda es confiar en que la mayoría del CNM ser decida por la institucionalidad, la independencia, la probidad y la calificación de las personas designadas, y si fuera posible, que se descarte a quienes dependen de inclinaciones políticas conocidas, adheridas a determinadas fuerzas que pudieran desfigurar la naturaleza jurídica de sus votos en órganos tan importantes como la CCJ y el TSE.