Hoy el día duele. Es 16 de mayo, Día Nacional de las Sufragistas, y esto no quiere decir que el legado de Ercilia Pepín, Petronila Angélica Gómez Brea, Abigaíl Mejía, Consuelo Montalvo de Frías, Delia Weber y Carmen viuda Peynado, entre tantas dominicanas que en las primeras cuatro décadas del pasado siglo vindicaron por la ciudadanía, no merezca conmemoración —lo merece, y con creces—, sino porque ese legado exige algo más que flores. Exige que las dominicanas puedan vivir.
Este año, la conmemoración llega con el peso de más de 27 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2026, según cifras del propio Ministerio de la Mujer. El Ministerio Público, por su parte, contabilizó 22 feminicidios solo en el primer trimestre, de los cuales apenas tres víctimas habían podido denunciar amenazas previas. El Estado llegó tarde. O no llegó…
Entre esas mujeres está Esmeralda Moronta de los Santos, 36 años, emprendedora, madre de Aarón, repostera con comunidad propia, fe visible y vida construida con sus manos. La mató su expareja a tiros en Alma Rosa I, en Santo Domingo Este. Luego él se suicidó. El patrón, tristemente, no sorprende. Lo que sorprende —o debería sorprender— es que sigamos llamándolo "tragedia" y no lo que es: el resultado predecible de una sociedad que se ha negado, sistemáticamente, a construir la democracia que las sufragistas imaginaron.
El Día Nacional de las Sufragistas no puede seguir siendo una efeméride decorativa. Tiene que ser el momento en que el país se mire al espejo y reconozca que la democracia que esas mujeres imaginaron está incompleta.
Acento sabe, por fuentes de primer orden, que cuando se impulsó genuinamente la creación del Día Nacional de las Sufragistas —establecido mediante el Decreto 132-23 del presidente Luis Abinader— el propósito no era generar un acto anual de protocolo como se ha realizado con su cooptación. La intención original era más ambiciosa y más urgente: volver a la agenda que aquellas mujeres sistematizaron desde las páginas de la revista Fémina, fundada en 1922, donde articularon con rigor los derechos civiles y políticos de los que carecían las dominicanas. Una agenda que, en buena medida, sigue pendiente.
Al releerla se muestra que la revista no era un pasatiempo. Era un programa político. En sus páginas se debatió la ciudadanía femenina, se denunció la exclusión y se construyó el argumento que, dos décadas después, permitió que las mujeres dominicanas votaran por primera vez en 1942. Las sufragistas no pedían un día en el calendario. Pedían transformación.
Sin embargo, salvo este año —en que el Ministerio de la Mujer bajo la conducción de Gloria Reyes ha dado señales concretas de querer recuperar ese espíritu—, la conmemoración se había convertido en evento. En foto. En nombre pronunciado con solemnidad y olvidado al día siguiente.
Sería injusto no reconocer los esfuerzos. La ministra Reyes ha articulado con la Junta Central Electoral, con el Ministerio Público y con el Congreso. Hay movimiento institucional. Hay voluntad declarada. Pero hay también una verdad que no admite eufemismos: el Ministerio de la Mujer opera con un presupuesto pírico para la magnitud del problema que enfrenta. Atiende más de mil casos legales, sostiene más de 50 oficinas territoriales y se le pide que sea el eje de una transformación cultural que requeriría la articulación de todo el Estado. Eso no es razonable. Es una forma elegante de garantizar el fracaso.
Porque el cambio que se necesita no cabe en un ministerio. Requiere educación con perspectiva de género y de derechos humanos desde la primera infancia —esa que ciertas iglesias rechazan con argumentos que no resisten el menor análisis—, requiere presupuesto real, requiere que la Ley Mirabal, pendiente desde hace años, deje de ser promesa legislativa, y requiere que el sistema de justicia proteja a las mujeres que denuncian antes de que sus denuncias se conviertan en epitafios.
Una lectora de Acento lo dijo con una claridad que ningún editorial podría superar: para las dominicanas y sus familias, la tragedia del Jet Set se repite cada día. Hoy, 27 mujeres asesinadas en menos de cinco meses son 27 tragedias del Jet Set. 27 colapsos que el Estado vio venir y no apagó.
Esmeralda Moronta había denunciado hostigamiento. Tenía 36 años. Tenía un hijo. Tenía un proyecto de vida. No la mató solo su agresor. La mató también una sociedad completa que no construyó los mecanismos para protegerla, que no financió adecuadamente las casas de acogida, que no aprobó la legislación pendiente, que ha tolerado durante décadas una cultura de posesión sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres; esa sociedad que tiene en prebendas los derechos sexuales y reproductivos. Una sociedad distópica que cada 16 de mayo pronuncia los nombres de las sufragistas sin asumir la deuda que esos nombres representan.
Sería injusto no reconocer los esfuerzos. La ministra Reyes ha articulado con la Junta Central Electoral, con el Ministerio Público y con el Congreso. Hay movimiento institucional. Hay voluntad declarada. Pero hay también una verdad que no admite eufemismos: el Ministerio de la Mujer opera con un presupuesto pírico para la magnitud del problema que enfrenta.
Y si bien, para memoria viva, se tienen las evidencias de que Ercilia Pepín educó a generaciones de dominicanas en una época en que educar a una mujer era un acto subversivo. Abigaíl Mejía viajó a Europa, estudió, volvió y vindicó por el sufragio desde las instituciones y desde la calle. Petronila Angélica Gómez Brea fundó Fémina y convirtió el papel en trinchera. Delia Weber escribió y organizó. Consuelo Montalvo de Frías y Carmen viuda Peynado financiaron la lucha. Ninguna de ellas luchó para que, ochenta y cuatro años después del primer voto femenino, las dominicanas siguieran siendo asesinadas con impunidad estructural.
El Día Nacional de las Sufragistas no puede seguir siendo una efeméride decorativa. Tiene que ser el momento en que el país se mire al espejo y reconozca que la democracia que esas mujeres imaginaron está incompleta. Que votar no es suficiente si no se puede vivir. Que los derechos conquistados en 1942 exigen, en 2026, la garantía más básica de todas: el derecho a no ser asesinada por quien dice amar.
Esmeralda Moronta merecía ver crecer a Aarón. Merecía que el Estado que conmemora a las sufragistas hubiera estado ahí cuando ella lo necesitó.
Eso es lo que está en juego. No una fecha. Una deuda.
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