El gobierno dominicano anunció este 12 de mayo la suscripción de un acuerdo de cooperación con Estados Unidos en el marco de la iniciativa denominada Escudo de las Américas, una coalición hemisférica impulsada por la administración Trump que agrupa a más de una decena de países de la región con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico, el terrorismo y la migración irregular.
El documento, presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores como un memorando de entendimiento de carácter no vinculante, establece una serie de compromisos que han generado interrogantes sobre el alcance real de las obligaciones asumidas por Santo Domingo y sobre las contrapartidas concretas que recibirá el país.
Uno de los puntos centrales del acuerdo es la aceptación, por parte de la República Dominicana, de recibir un número no especificado de nacionales deportados por Estados Unidos, incluyendo ciudadanos de terceros países, siempre que no tengan antecedentes penales y en condición de tránsito. El texto excluye a menores de edad no acompañados y a nacionales haitianos.
El acuerdo no precisa cuántas personas podrían llegar bajo este esquema ni por cuánto tiempo permanecerían en territorio dominicano antes de ser repatriadas a sus países de origen, lo que deja abierta la pregunta sobre la capacidad logística y los recursos que el Estado deberá destinar a esta función.
Cabe señalar que la República Dominicana ya enfrenta una presión migratoria considerable: según datos de la Dirección General de Migración, entre enero y abril de 2026 se realizaron más de 126,000 deportaciones de extranjeros en situación irregular, lo que convierte a este año en uno de los de mayor actividad en materia de control fronterizo.
El Escudo de las Américas, lanzado en marzo de 2026 en Doral, Florida, agrupa a más de 17 naciones que se comprometieron a compartir inteligencia y coordinar operaciones contra los cárteles.
El acuerdo también contempla una extensión temporal del acceso de aeronaves y personal de Estados Unidos a instalaciones dominicanas previamente utilizadas, bajo coordinación con las autoridades nacionales. El texto no detalla qué instalaciones específicas están comprendidas ni cuál es el plazo de esta extensión.
En el plano de la seguridad, el memorando establece que República Dominicana asume compromisos en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la gestión migratoria. Como parte de estos compromisos, el presidente Luis Abinader se comprometió a emitir un decreto que designe a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al grupo libanés Hezbolá como organizaciones terroristas, en línea con la política exterior de Washington hacia esas organizaciones.
A cambio, Estados Unidos ofrece intercambio de información sobre narcotráfico, seguridad aeroportuaria y fronteriza, y acceso a nuevas capacidades tecnológicas. El documento también menciona que las medidas contribuirán a fortalecer la conectividad y el turismo dominicano, aunque sin especificar mecanismos concretos para ello.
El texto presenta una distribución desigual de obligaciones: mientras República Dominicana asume compromisos operativos y políticos concretos —recepción de deportados, acceso a instalaciones, designación de grupos terroristas—, los compromisos de Washington se formulan en términos más generales y sin plazos ni mecanismos de verificación.
El documento concluye con una declaración del gobierno dominicano en la que reitera "su disposición de continuar fortaleciendo las relaciones de cooperación con los Estados Unidos de América y con los demás Estados del hemisferio, en favor de la seguridad, la estabilidad y la prosperidad regionales".
La adhesión dominicana se produce en un momento en que Estados Unidos ha intensificado su política de presión sobre los países del hemisferio en materia migratoria y de seguridad. La Estrategia Nacional Antinarcóticos 2026, presentada por Washington a principios de mayo, endurece las herramientas legales disponibles para perseguir redes criminales dentro y fuera de su territorio, y establece un marco en el que se espera mayor colaboración de los países aliados.
El Escudo de las Américas, lanzado en marzo de 2026 en Doral, Florida, agrupa a más de 17 naciones que se comprometieron a compartir inteligencia y coordinar operaciones contra los cárteles. La República Dominicana se suma ahora formalmente a ese esquema, con un acuerdo bilateral que va más allá de los compromisos colectivos iniciales.
Las preguntas que quedan abiertas —sobre los números de deportados, los plazos, los recursos y las garantías recíprocas— serán, previsiblemente, el centro del debate político en los próximos días.
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