Desigualdad, pobreza y aumento de salarios

Lo peor que le puede ocurrir a un país en materia de macroeconomía es decrecer o crecer muy poco. No obstante ha de tenerse claro que el crecimiento por sí solo no constituye una solución al anhelado bienestar al que aspira un pueblo.

República Dominicana ha visto crecer su economía de manera ininterrumpida desde finales desde la segunda mitad del decenio de los sesenta del pasado siglo. con apenas algunos altibajos en circunstancias muy singulares.

En estos momentos, por ejemplo, la economía dominicana exhibe números nada despreciable, incluso envidiables para la región de Centroamérica y el Caribe insular: Cuenta con estabilidad de precios, un buen flujo de inversión extranjera, con el peso como moneda con solvencia frente una tasa de cambio que no presenta cambios bruscos.

También, la seguridad alimentaria está garantizada para los dominicanos y para los turistas que nos visitan, pues el campo dominicano produce en abundancia y variedad.

Para enfrentar un factor externo que escapa al control del país, el gobierno hace esfuerzos para garantizar estabilidad en los precios de los hidrocarburos, en los servicios de electricidad, en los precios del transporte, proveyendo subsidios, aunque signifiquen un sacrificio o gasto fiscal.

En fin, en sentido general, la economía se fortalece y no se observan factores de riesgos importantes.

Sin embargo, no podemos ser ajenos a un viejo e importante desafío:  la desigualdad social, ese viejo lastre que impide la mayoría de la población pueda disfrutar del crecimiento económico y asegurarse por cuenta una vida digna. Sigue siendo el factor de más peso en el pago de la vieja deuda social dominicana con los más pobres y desamparados.

El presidente Luis Abinader acaba de reiterar la propuesta oficial de un aumento general de salarios del 20 por ciento. Ha dicho que esa recomendación no es improvisada, sino el resultado de los escenarios y estudios realizados por las autoridades, y que las empresas no quedarán en riesgo si aplicaran esa recomendación.

La gran mayoría de los empresarios dominicanos, de los más variados sectores, se han acostumbrado a altas tasas de ganancias sobre sus inversiones, y a recuperar lo invertido en el menor tiempo posible. Sin embargo, el gran sacrificio lo llevan siempre los asalariados, que pagan precios de servicios y bienes, en muchos casos evaluados en dólares, aunque reciben salarios en pesos. Y lo que es peor, la indexación salarial por inflación no se materializa hace muchos años.

Cuando una familia quiere comprar un apartamento, por más modesto que sea, se enfrentará a la realidad de altísimos precios y a desarrolladores que hace sus cálculos a partir del preciso del dólar, y utilizan la tasa de cambio que más les convenga. Adquirir un vehículo, alquilar una vivienda, comprar un pasaje aéreo, pagar la escolaridad de un hijo en un colegio privado, todo está calculado en dólares, menos el salario con que se pagan esos servicios y adquisiciones.

El país cuenta con datos que resultan más que conmovedores sobre la desigualdad y la pobreza: 23 de cada 100 ciudadanos viven en condiciones de pobreza. El 3 por ciento de la población vive en pobreza extrema. Las zonas rurales padecen más de la pobreza que las zonas urbanas.

La distribución del ingreso tiene la mayor desigualdad de toda América Latina y el Caribe, y los pobres tienen poco acceso a los servicios básicos. Entre los pobres las mujeres son las más pobres, y más las madres solteras, que representan como cabeza de familia un altísimo porcentaje.

El presidente Luis Abinader ha planteado la posibilidad de que en 10 años el país se convierta en una nación desarrollada, por su crecimiento, por su incorporación de nuevas tecnologías, y por la inversión extranjera y el aumento de los negocios.

Es una buena meta, pero parece inalcanzable con el grave problema de la desigualdad social, con la pobreza. Las políticas públicas son las que deben influir en la búsqueda del pago de la deuda social acumulada. Hay avances, hay más programas sociales inclusivos, pero hacen falta decisiones más firmes para reducir la pobreza.

Aunque se busque el consenso, la decisión de los salarios no hay que dejarla exclusivamente a los grupos o asociaciones patronales. Un aumento salarial del 20 por ciento haría crecer la actividad económica, pero al mismo tiempo redistribuiría mejor el ingreso y compensaría a los asalariados marginados de los beneficios de las empresas. Hay muchos métodos para ocultar las ganancias, bajar el monto de los impuestos a pagar y disfrazar los beneficios.

Corresponde empujar esa iniciativa del 20 por ciento del aumento general de salarios, y poner en marcha otras medidas que reduzcan la desigualdad histórica.

El 1 por ciento, los más ricos, controlan el 90 por ciento de las riquezas del país. Esa es la dura realidad del crecimiento y la prosperidad de la República Dominicana.

La paz social, la estabilidad, es acaso el activo más valioso para cualquier país que quier encaminarse hacia el desarrollo; quienes más tienen deben tomarlo en cuenta y aportar su cuota para preservarla.