Subsidio eléctrico: pagar mucho y medir poco

Cuando se compara el proyecto de presupuesto de 2027 con la Ley de Presupuesto de 2026, la partida que más crece no es educación ni salud. Son los subsidios del Estado, que pasan de RD$ 85,150 millones a RD$ 134,296 millones, un aumento de 57.7%. Las subvenciones a empresas privadas, por su parte, se multiplican por 2.4.

La mayor parte de ese dinero va al sector eléctrico. El Tesoro transferirá RD$ 109,296 millones a EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, y un detalle que pasa inadvertido: RD$70,000 millones de esas transferencias, casi dos de cada tres pesos, se financiarán con préstamos internos y externos.

Hay que reconocer el contexto. El cierre del estrecho de Ormuz y la guerra en Medio Oriente dispararon los precios del petróleo en 2026. El Gobierno decidió no trasladar ese choque a la tarifa eléctrica ni a los combustibles, y esa decisión protegió el bolsillo de las familias y ayudó a contener la inflación. Ningún análisis serio puede ignorarlo.

El problema no es que exista el subsidio. El problema es que se paga sin condiciones verificables. En el articulado del proyecto no hay una sola meta de reducción de pérdidas, de mejora de la cobranza o de pago puntual a los generadores. Se transfiere el dinero y se espera lo mejor.

El artículo 69 del proyecto autoriza a las distribuidoras a contratar líneas de crédito con la banca por hasta RD$ 30,000 millones para pagar facturas del mercado spot. Su párrafo VI permite que el Ministerio de Hacienda asuma los saldos que queden sin pagar al cierre del año y los refinancie a mediano plazo.

Esa misma cláusula estaba en el artículo 74 de la ley de 2026. En la práctica, significa que una deuda comercial de las distribuidoras puede convertirse en deuda pública sin pasar por el déficit aprobado por el Congreso. Es un mecanismo que, repetido cada año, vuelve permanente lo que se presenta como transitorio.

El presupuesto contempla RD$ 5,325 millones para el Bono Luz, el subsidio focalizado en hogares vulnerables. Frente a los RD$ 109,296 millones que se transfieren a las distribuidoras, el componente focalizado representa menos de 5%. El resto es un subsidio general que beneficia más a quien más consume, incluidos hogares y empresas que pueden pagar el costo real de la energía.

El propio anexo de riesgos fiscales del presupuesto menciona el Pacto Eléctrico y la transición hacia tarifas que cubran los costos para 2030. Faltan apenas tres presupuestos. Si 2027 no marca un avance medible, la meta de 2030 quedará, como tantas otras, para la próxima administración.

Primero, un contrato de gestión anual para cada distribuidora con metas trimestrales de pérdidas, cobranza y pago al mercado spot. Los desembolsos del Tesoro deberían condicionarse a su cumplimiento.

Segundo, publicar cada trimestre un tablero con el monto transferido, las pérdidas registradas y la cobranza de cada empresa. Lo que no se publica, no se corrige.

Tercero, suprimir el párrafo VI del artículo 69. Si Hacienda debe asumir deuda de las distribuidoras, que lo haga con autorización expresa del Congreso y dentro del déficit.

Cuarto, mover gradualmente recursos del subsidio general hacia el Bono Luz y hacia los hogares de menor consumo, para que la protección llegue a quien la necesita.

Quinto, encargar una auditoría independiente de las pérdidas técnicas y no técnicas, cuyos resultados sirvan de línea base para medir el avance.

Un subsidio bien diseñado es una herramienta de política social. Uno que crece 57.7% sin metas es una fuga fiscal con buenas intenciones. La diferencia entre uno y otro no está en el monto, sino en la medición.

Tu Consultorio Financiero es una columna desarrollada por Jesús Geraldo Martínez sobre finanzas personales, para orientar a las personas con conocimientos básicos en finanzas y economía a mejorar su entendimiento. Para consultar con el autor puede escribir al correo abogadojesus@icloud.com, o en Instagram @Jesusgeraldomartinez.