Pagos en diez segundos: la banca pierde una comisión y gana un cliente

El 21 de octubre la Superintendencia de Bancos emitió la Carta Circular CCI-REG-2026000015, firmada por el superintendente Enmanuel Cedeño Brea, para notificar a las entidades de intermediación financiera que no necesitan su no objeción para integrarse al Sistema de Gestión de Pagos Instantáneos (SGPI) que administrará el Banco Central al amparo del artículo 15 de la Ley 183-02. Dos días después, en el 79.º aniversario de la institución, el gobernador Héctor Valdez Albizu afirmó que la plataforma, prevista para el primer semestre de 2027, revolucionará las transferencias: acreditación en diez segundos, operación continua los 365 días y alias como el celular, el correo o el RNC en vez del número de cuenta. Quienes seguimos la banca dominicana por dentro lo leemos como un cambio de modelo de negocio.

Las cifras explican por qué. Según el informe del Banco Central sobre el SIPARD al cierre de 2025, los Pagos al Instante sumaron 43.3 millones de operaciones, 29.4 % más que en 2024, y movieron cerca de RD$ 4.8 billones según la Asociación de Bancos Múltiples: más de RD$ 100,000 por operación en promedio. Pero equivalen a unas cuatro operaciones por habitante al año; en Brasil, Pix procesó 79.8 mil millones de transacciones en 2025, más de 370 por persona. El pago instantáneo dominicano mueve montos grandes pocas veces; el de 2027 tendrá que mover montos pequeños muchas veces. Ahí está el verdadero mercado: los pagos móviles apenas movieron RD$ 5,275.7 millones en 2025, con una caída de 3.2 %, y el efectivo sigue reinando en el colmado y el comercio informal.

Para la banca, el primer efecto es contable. Se diluye la comisión por transferencia interbancaria que varias entidades todavía cobran y que esta columna cuestionó en diciembre de 2022, cuando rondaba RD$ 100; se acorta la flotación de fondos y se acelera la caída del cheque, que ya retrocedió 4.8 % en 2025. El segundo efecto es estratégico: cada pago de RD$ 300 que hoy se hace en efectivo y mañana se haga con un alias deja un rastro de datos, mantiene el saldo dentro del sistema y convierte a un comercio informal en un cliente evaluable. La banca pierde una comisión y gana un cliente. Y el legislador tiene tarea: el impuesto de 0.15 % a las transferencias electrónicas no distingue entre un pago de RD$ 300 y uno de RD$ 3 millones, y puede frenar justamente los pagos que el nuevo sistema quiere captar.

El riesgo que más debe ocupar a los comités de riesgos es el fraude. Cuando el dinero llega en diez segundos y no se puede revertir, el fraude también llega en diez segundos. Brasil tuvo que crear un mecanismo especial de devolución y límites nocturnos para Pix, y el Reino Unido impuso desde octubre de 2024 el reembolso obligatorio de las estafas por transferencia autorizada, con cargo compartido entre banco emisor y receptor. Aquí el nuevo Reglamento de Protección al Usuario, vigente desde el 12 de octubre, fija plazos de reclamación, pero nadie ha dicho todavía quién asume la pérdida cuando el cliente es manipulado para autorizar un pago instantáneo. Esa regla debe existir antes del primer día de operación, no después del primer escándalo.

El segundo riesgo es de liquidez. Un sistema que liquida en dinero del Banco Central un sábado a las once de la noche exige fondos disponibles cuando la tesorería está cerrada: prefondeo, límites intradía, uso de la cuenta de encaje y monitoreo continuo. Y como el Banco Central administrará la plataforma, el riesgo operacional se concentra: una falla no afectaría a un banco, sino a todos, y los planes de contingencia pasan a ser infraestructura crítica.

El tercer efecto es competitivo. El sistema abre la puerta a entidades de pago electrónico y proveedores no bancarios bajo reglas comunes, y los alias hacen que cambiar de proveedor cueste un clic. El depósito a la vista, la materia prima más barata de la banca, dejará de estar cautivo por la fricción. Las asociaciones de ahorros y préstamos y las entidades pequeñas deben decidir desde ahora con quién se conectan y a qué costo.

De ahí cuatro recomendaciones. Primero, que los consejos de administración traten el SGPI como proyecto estratégico de 2027, con responsable y metas de adopción, no como una migración técnica. Segundo, que los comités de riesgos aprueben antes del lanzamiento el monitoreo antifraude en tiempo real, límites dinámicos por perfil, períodos de espera para beneficiarios nuevos y políticas de liquidez para siete días a la semana. Tercero, que la Superintendencia de Bancos defina, junto al Banco Central, la asignación de responsabilidades por fraude en pagos autorizados y los plazos de devolución. Cuarto, que el Banco Central publique las tarifas de liquidación, las estadísticas del nuevo sistema por canal y monto, y los resultados de sus pruebas de contingencia.

Un sistema de pagos es un acuerdo de confianza: el que paga confía en que el dinero llegará y el que cobra confía en que nadie se lo quitará. La tecnología para lo primero ya está comprada. Lo segundo depende de reglas, controles y capital que todavía están por escribirse. La velocidad la pondrá el Banco Central; la confianza tendrán que ponerla los bancos.

La columna “La Banca Dominicana por Dentro”, es desarrollada por Jesús Geraldo Martínez, en el interés de aportar al fortalecimiento del Sistema Financiero Dominicano desde una perspectiva analítica y práctica orientada a la formación de conocimientos y divulgación de informaciones exclusivas de dicho sector. Para contactar con el autor. Email jesusgeraldomartinez@icloud.com, o seguir a @Jesusgeraldomartinez en Instagram